Las centrales piden la apertura de negociaciones en la Administración

Las federaciones de UGT y CC OO de la Administración pública y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) mostraron ayer, en el transcurso de una conferencia de prensa, su malestar por el retraso experimentado en las negociaciones del sector, tanto por lo que se refiere a temas salariales como al resto de los que quedaron pendientes tras los acuerdos suscritos el pasado 26 de febrero. Las tres organizaciones han solicitado de los responsables de la Administración la apertura urgente de reuniones entre las partes. Al mismo tiempo, han anunciado una concentración masiva ante las sedes de los ministerios, que tendrá lugar el próximo día 26.Entre los problemas pendientes, los representantes de los sindicatos citaron la necesidad de establecer una alternativa de cara a los trabajadores con contratos administratívos, la negociación de la ley orgánica de derechos sindicales, el Estatuto de la Función Pública y las transferencias a las comunidades autónomas.

Desde la firma del acuerdo sobre retribuciones, llevada a cabo el pasado 26 de febrero, los funcionarios no han percibido incremento salarial alguno, ni se han vuelto a celebrar negociaciones que abordaran los temas no estrictamente económicos.

Respecto al problema de los contratados, las alternativas de las tres organizaciones presentan algunas diferencias. Mientras UGT se muestra partidaria de realizar oposiciones restringidas que normalicen la situación de este colectivo, CSIF se opone a la figura del contrato laboral y es partidaria de que se les recónozca su pertenencia a la Administración dados los años en que, de hecho, han venido formando parte de la misma.

Por su parte, Comisiones Obreras ha señalado la necesidad de acabar con los contratos administrativos, y aunque en la conferencia de prensa celebrada ayer no planteó alternativas concretas, subrayó la necesidad de buscar una fórmula negociada que ponga fin a la actual situación. Según estimaciones sindicales, unos 35.000 trabajadores de la Administración pública son contratados; de ellos, 20.000 en el sector de la enseñanza.