¿Por qué un plan de estabilización?

SI LAS RECIENTES medidas monetarias (elevación del coeficiente de caja de los bancos) no son complementadas con un serio cambio de rumbo en otros temas, la política económica del Gobierno amenaza conducirnos a una situación de estancamiento, con mayor desempleo y un inevitable descenso del nivel de vida dentro de poco tiempo. El Fondo Monetario Internacional formuló recientemente algunas advertencias sobre el endeudamiento exterior y el déficit público, que se han ignorado por los portavoces oficiales. El proceso que se analiza comenzó a mediados de 1980. El detonante fue la subida de precios del petróleo de 1979-1980. Este alza se enquistó en la balanza de pagos mediante la consolidación de un déficit del saldo por cuenta Corriente de 5.000 millones de dólares, al que ningún Gobierno desde entonces ha tratado de hacer frente. En tres años, 1980, 1981 y 1982, el déficit acumulado por la diferencia entre los pagos por importaciones de bienes y servicios y los ingresos conseguidos con nuestras exportaciones y turismo ha sido de unos 14.000 millones de dólares. Para pagarlo ha sido necesario incrementar esos años el endeudamiento en 10.000 millones, hasta llegar a los 28.000 millones de dólares y perder reservas, hasta quedar reducidos, en diciembre de 1982, a 11.530 millones de dólares.En ese mismo trienio (1980-1982) ha ido tomando cuerpo el otro causante de los males que se avecinan: el déficit del sector público. Cuando comenzaron a ceder los precios del petróleo (mediados de 1982) y podía haberse iniciado la mejora de la balanza de pagos, el déficit del sector público se consolida como un factor de desequilibrio tan importante como lo fue el petróleo. Aun antes de conocer el presupuesto para 1983, las cifras que se han anunciado son suficientes para abandonar la esperanza de que este proceso pueda quebrarse. Se parte de un déficit de casi 1,4 billones de pesetas. A esta cantidad deben sumársele otros 200.000 millones, asignados contablemente a 1982. Si se añaden otras partidas extraordinarias (Presur, los efectos del convenio de Renfe, Rumasa ... ), y se tiene en cuenta la tendencia histórica a que los déficit sobrepasen los objetivos propuestos, no parece exagerado pensar en 1,7 billones de déficit en 1983, es decir, un 7% del producto interior bruto (PIB), frente a un 2,7% en 1978.

Es de temer, a este paso, que a finales de 1983 nos encontremos con una situación parecida a la que en 1959 provocó la adopción del Plan de Estabilización. Por supuesto, el paralelismo entre 1959 y 1983 termina aquí, pues los niveles de renta y vida en ambas épocas no son comparables, pero el entorno del presente año es todavía negativo, en tanto que en 1959 la racionalidad del Plan de Estabilización, en pleno auge de la economía internacional., provocó una mejora rapidísima de la situación económica, no previsible hoy.

A finales de 1983, la situación económica puede ser definitivamente grave: 29.000 millones de dólares de endeudamiento exterior, un déficit del sector público en torno al 7% del PIB, un desempleo del 18-20% -sin posibilidades de emigrar para buscar trabajo-, una inflación del 13-14% y una balanza de pagos deficitaria, que acabará por reflejar el agotamiento de las reservas. Mientras tanto, en el transcurso de los últimos cuatro años hemos presenciado una política económica condescendiente al máximo con los precios agrarios de garantía, una reestructuración industrial que no exigía contrapartidas para el reajuste de las empresas, una política laboral de defensa del poder adquisitivo y disminución en el número de horas trabajadas, una política de empleo que no ha logrado generar más puestos de trabajo y una política monetaria que seguía el compás marcado por las alzas de los respectivos acuerdos salariales y los crecientes déficit de la empresa pública.

Los males de UCD

La responsabilidad de esta situación no le corresponde al PSOE. Las respuestas del primer equipo económico socialista han sido, sin embargo, después del realismo de la primera devaluación de la peseta y de las aludidas medidas monetarias, bastante decepcionantes.

La responsabilidad de UCD y la derecha gobernante es palpable a partir de 1980. Fernando Abril era ya entonces manifiestamente incapaz de frenar el crecimiento del déficit del sector público. Los equipos económicos que le suceden abandonan la lucha contra dicho déficit y, recubiertos de una capa socialdemócrata, pactan con la oposición socialista una política económica arriesgada, caracterizada por una serie de acuerdos sociales que pretenden beneficiar a todos y no perjudicar a nadie. Algo demasiado bello para ser verdad. Hoy, el esquema de funcionamiento macroeconómico de los socialistas parece una continuación del seguido por UCD. La diferencia es que la crisis se ha agravado.

En los últimos áños se ha conseguido confundir los términos debilidad y moderación. Los responsables económicos de UCD defendieron su política come) la menos mala posible, teniendo en cuenta que "tenían que aceptar", por una parte, las políticas particulares del Ministerio de Agricultura (precios agrarios altos y mayores subvenciones para ganarse el voto del campo) y de Industria (política de reestructuración industrial que significaba que no se pagaban cotizaciones a la Seguridad Social ni impuestos y se recibían subvenciones del Estado). Por otra, "tenían que pactar" con los socialistas la política laboral (extensión del subsidio de desempleo y modificación del Estatuto del Trabajador) y la del empleo (el ANE suponía considerables compensaciones presupuestarias para equilibrar la moderación de los crecimientos salariales). Para estimular la actividad era preciso un incremento de las inversiones públicas, aunque el ahorro del sector público fuera negativo. La consecuencia natural ha venido siendo un déficit galopante. La debilidad travestida electoralmente en prudencia fue la respuesta del anterior Gobierno a las presiones sobre la peseta. Tuvimos que esperar al primer Gobierno socialista para que se produjera la devaluación, y el crédito del que todavía goza el equipo económico del ministro Boyer -pese a las carencias anotadas- proviene en gran parte de la adopción de esta medida.

El final de la utopía

Pero el proceso está próximo a terminar. Antes España era miembro del grupo de países industrializados; hoy es miembro de un grupo de países europeos (Portugal, Yugoslavia, Grecia) a medio camino entre el desarrollo y el Tercer Mundo. En los países industrializados el período de crecimiento de los precios del petróleo (1979-1980) se reflejó en fuertes tasas de inflación e incrementos sustanciales del endeudamiento exterior y del déficit público. La moderación en los precios del petróleo y el mejor control de la inflación, incluida una progresiva reducción de los déficit del sector público, ha provocado -un cambio radical. Francia ha tenido que reconocerlo de un modo brusco. Así que lo que hace unos años era tolerable en términos de inflación, déficit del sector público y endeudamiento exterior, hoy no lo es. Hace un par de años a España se le toleraba un endeudamiento exterior de 27.000 millones de dólares; hoy no se le acepta un endeudamiento de 30.000 millones. Quienes se extrañen por la aparente severidad de estas afirmaciones deberían repasar la evolución de las economías mexicana y venezolana en los últimos años. ¿Cuál es el juicio que merecen? No han hecho inversiones productivas, se han endeudado con el exterior para pagar las nóminas, no hay ahorro interno. El diagnóstico es perfectamente aplicable -y preocupante- a la política económica española de los últimos tres años.

Sin embargo, en España todavía no ha pasado nada. Aunque en vez de tener un alza de precios del 6%-7%,como la media de nuestros competidores, continuamos al 14%, todo funciona aparentemente igual; basta con subirlo todo -salarios, oferta monetaria- un 14% en lugar de hacerlo un 6% o un 7%. El resultado se verá más tarde, el déficit crece cada año, y en 1983 ronda ya ese 7% del PIB.

El fantasma de la deuda exterior

Por lo demás, apenas hay diferencias aparentes con la situación de hace dos o tres años. A lo sumo, se registran problemas de instrumentación en el control monetario y una desviación del ahorro desde la inversión privada a la financiación del déficit público. El único problema serio se concreta en el juicio que un endeudamiento exterior de 30.000 millones de dólares provoque en la comunidad financiera internacional. ¿Qué ocurrirá si a España, como acaba de sucederle a Portugal, se deja de considerarla un deudor solvente? En ese momento las posibilidades de tomar prestado en el exterior se reducirían y aumentaría el coste de los préstamos. España sólo podrá mantener la actual política económica mientras pueda financiar los déficit de su balanza de pagos. Para hacerlo tiene dos caminos: utilizar las reservas exteriores o conseguir nuevos préstamos en el exterior. En este terreno ,se pisa tierra casi desconocida (desde 1959 no se había planteado esta situación), y lo que hasta ahora se había comportado dócilmente (el endeudamiento exterior) se convierte hoy en la limitación básica de nuestra política económica.

En 1982 el endeudamiento exterior sólo creció 1.000 millones de dólares, frente a cifras de 4.000 ó 5.000 en años anteriores. El motivo básico no fue un racionamiento del crédito parla España, sino que los empresarios privados españoles decidieron que, aunque el Estado pudiera permitirse el lujo de seguir endeudándose en divisas, ellos no se atrevían a correr el riesgo, aunque fuera a menor tipo de interés, ante el temor de devolver las mismas divisas a un tipo de cambio mucho más desfavorable; es decir, pagando con un mayor número de pesetas. La reacción del Gobierno de UCD en 1982 fue endeudar más a las empresas públicas y dar instrucciones a los organismos del Estado para que consiguiesen financiación en el exterior. El cómo van a devolver estos préstamos no se dice, ni se contabiliza el riesgo de cambio, sobre la base de que el Estado siempre encontrará el medio de pagar. En 1983, con planteamientos de política económica semejantes a los de años anteriores, la situación puede repetirse, pero entre tanto se ha producido la aprensión de las instituciones financieras extranjeras respecto al riesgo español. Crisis como las de Aluminio, ERT, Urquijo, Banca Catalana y Rumasa dejan su huella, y, aunque el Estado parezca dispuesto a cargar con casi todo, hay quienes empiezan a pensar que quizá no pueda con una carga tan pesada.

También en 1982, ante la dificultad de endeudarse en el exterior, se hizo uso de las reservas, que descendieron de 14.000 millones a 11.530 millones. Pero las reservas centrales en divisas convertibles sólo ascienden a 6.925 millones, y, si en 1983 se produce una reducción de 2.000 a 2.500 millones (las cifras del primer trimestre no son conocidas, pero los rumores apuntan a una caída de 1.000 millones), empezaremos a entrar en una situación límite.

En la medida en que este pronóstico sea acertado y a medida que se vaya cumpliendo comenzarán las especulaciones sobre la fortaleza de la peseta y las pérdidas de reservas adicionales causadas por motivos especulativos. El acercamiento del proceso a su fin provocará, lógicamente, su aceleración.

Para finales de 1983, el Gobierno socialista tendrá que optar entre un plan de estabilización (con 30.000 millones de deuda exterior y un 20% dé desempleo) y una huida hacia adelante semejante a la mexicana de los dos años antes del crack, a la polaca en la misma época y, lo que es una comparación más dramática, a la chilena de antes de 1972. Curiosamente, que tanto la huida chilena como la mexicana o la polaca terminaron en un plan de estabilización todavía más duro de lo que habría sido necesario si las decisiones se hubieran adoptado cuando todavía había posibilidades de opción. No hay otro sistema conocido que un plan de estabilización para equilibrar las cuentas con el sector exterior. Cuanto más tarde se lleve a cabo, mayor será el reajuste interno necesario. Hoy, el Gobierno de Felipe González tiene el crédito político y el apoyo popular suficiente para decir a los españoles que durante algún tiempo necesitarán vivir peor, si pretendemos salir de la crisis. Es de esperar que, pasado el período electoral y garantizada como está la estabilidad parlamentaria, el Gobierno decida hacer frente a la situación.