El Gobierno y las garantías constitucionales

EL MINISTRO del Interior convocó ayer una rueda de prensa para informar de los resultados obtenidos por las espectaculares operaciones policiales realizadas en Madrid durante los últimos días. Aunque esas acciones no hayan permitido todavía localizar el paradero de Diego Prado y sus secuestradores, José Barrionuevo justificó la utilidad de las redadas iniciadas en el barrio del Pilar mediante datos referidos a la desarticulación parcial de un comando de ETA militar que preparaba atentados criminales y se halla orgánicamente vinculado con los terroristas que retienen criminalmente al financiero. En un tono mesurado, que es de agradecer en tanto que muestra una nueva sensibilidad política, el ministro del Interior pidió disculpas a los ciudadanos por las molestias causadas por el despliegue de las Fuerzas de Seguridad, a la vez que los servicios de propaganda de su departamento insertaban anuncios publicitarios en la Prensa para agradecer a los madrileños su colaboración en los registros domiciliarios. Simultáneamente, barrios enteros de la capital continuaban ayer sometidos a un riguroso peinado, prosiguiendo la operación policial de mayor envergadura puesta en marcha desde el establecimiento del sistema democrático.En un anterior comentario editorial (véase EL PAIS de 7 de marzo) señalamos que si bien los eventuales logros de la espectacular redada podrían disculpar ante muchos (al amparo de la moral del éxito) las irregularidades ordenadas por el Ministerio del Interior, ninguna victoria podría justificar -ética, política y jurídicamente- la conculcación de una garantía constitucional tan importante como la inviolabilidad del domicilio. El ministro del Interior, convencido de que su ojeada al texto constitucional es la correcta, ha invitado a quienes le han criticado a una atenta lectura del artículo 18.2 de la Constitución, según el cual "el domicilio es inviolable" y "ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". Aunque la buena voluntad de José Barrionuevo como hermeneuta no deba ponerse en duda, forzoso es devolverle el consejo y pedirle que analice con mayor detenimiento y mejor asesoría jurídica ese parágrafo.

Los medios oficiales ponen el énfasis en la voluntariedad de las autorizaciones dadas por los ciudadanos para que las patrullas de orden público registraran sus moradas. Resulta sorprendente, a este respecto, la eficacia con la que operan los mecanismos del olvido en función de los cambios de posición producidos por la movilidad ascendente y la ocupación del poder político. Porque aquellos socialistas que vivieron la clandestinidad hace pocos años, deberían al menos plantearse como problema la indagación de las verdaderas razones que pueden inducir a un ciudadano a conceder tal permiso. Dado que cualquier acto humano está siempre multimotivado, parece una excesiva simplificación subrayar el entusiasmo y descartar el temor en todos los casos en que se haya producido el "consentimiento del titular" de un domicilio para la entrada y registro de la policía, sin mandamiento judicial. El ministro del Interior, en vez de alborozarse exclusivamente por las facilidades recibidas para los registros domiciliarios, tal vez debiera preocuparse también por los automatismos de conducta de quienes, con el recuerdo fresco de los tiempos en que eran simples súbditos, no se han acostumbrado todavía a asumir plenamente su condición de ciudadanos, que implica el ejercicio de todos y cada uno de los derechos fundamentales y libertades garantizadas por la Constitución de 1978.

Jugando a los preteribles y a los futuribles, cabría imaginar la reacción de los socialistas, convertidos en oposición, en el caso de que una operación como la realizada esta semana en Madrid fuera endosable a un Gobierno de UCD (en el pasado) o de Manuel Fraga (en el futuro). Probablemente los altos cargos socialistas y buena parte de sus votantes argumentarán que la titularidad del poder, hoy ocupado por la izquierda, cambia por completo la naturaleza de las acciones estatales y trasmuta mágicamente su significado. Resultaría, así, que lo único importante es saber quién gobierna, de forma tal que la valoración de las decisiones del poder no debería realizarse en función de su contenido concreto sino de su origen ideológico. Por desgracia, no sólo la historia se ha encargado de desmentir tan arrogantes presunciones (basta con citar la liquidación de la SFIO, esto es, de los socialistas franceses, como consecuencia de su comportamiento durante la guerra de Argelia) sino que la absolución de los errores por la supuesta eficacia sacramental de unas siglas es una tesis que difícilmente podría ser sostenida por quienes han instalado formalmente a la ética en los cimientos de su conducta política y han rechazado la especiosa independencia de los medios respecto a los fines.

Con independencia de los eventuales vicios de consentimiento producidos por la intimidación y la memoria de otras épocas, las excepciones -pocas o muchas, bastaría una sola- a la aceptación voluntaria del registro domiciliario son suficientes -para plantear en toda su integridad el respeto a la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio. Las cuestiones de principio, mal que les pese a los defensores de la razón de Estado, no admiten rebajas cuantitativas. Por lo demás, el Ministerio del Interior demostró, con sus iniciales vacilaciones a la hora de justificar los allanamientos domiciliarios, una inseguridad jurídica que puede ser interpretada como síntoma de una profunda mala conciencia. En un primer momento, las autoridades hablaron indistintamente de mandamientos judiciales para los registros domiciliarios, concordes con el artículo 18.2 de la Constitución, y de la aplicación de la ley Antiterrorista de 1 de diciembre de 1980, que autoriza los allanamientos de morada sin previa resolución judicial en supuestos excepcionales. Ayer, sin embargo, una vez hecha pública la noticia de que el juez de guardia de Madrid no había sido requerido por la policía para expedir mandamientos de registro, el Ministerio del Interior ha salido de sus zozobras y ha justificado los allanamientos exclusivamente por la aplicación de la ley Antiterrorista.

Este repliegue jurídico es, sin embargo, una preocupante manifestación de que las alturas del poder pueden marear a quienes las ocupan hasta el punto de olvidar temporalmente su propio pasado y poner en peligro su credibilidad. La ley Antiterrorista, promulgada al amparo del artículo 55 de la Constitución pero situada -en opinión de destacados expertos- fuera del marco de nuestra legalidad, suspende, efectivamente, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a no soportar en ellos registro alguno sin consentimiento o resolución judicial que lo supla. De esta forma, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden proceder al amparo de esa norma, sin autorización judicial previa, a allanamientos y registros domiciliarios. Pero ocurre que una ley excepcional no puede ser interpretada en un Estado de Derecho y en un sistema democrático; de forma abusiva y con criterios analógicos. La suspensión de las garantías constitucionales afecta estrictamente a las personas "presuntamente integradas o relacionadas bien con elementos terroristas, bien con bandas armadas". La aplicación de la legislación antiterrorista para vencer las resistencias de un simple ciudadano a la irrupción de la policía en su domicilio sin mandamiento judicial es una aberración jurídica y política. Y la suspensión de los derechos constitucionales de los miles de vecinos de los barrios madrileños peinados por la policía es un abuso de poder indigno de un Gobierno que ha ganado limpia y masivamente las elecciones, al amparo de la defensa de las libertades. Señalemos, finalmente, que el Ministro del Interior está obligado por la ley antiterrorista a comunicar en estos casos al Juzgado Central de la Audiencia Nacional los registros efectuados, las causas que lo motivaron y los resultados obtenidos. Confiemos en que esa comunicación sea realizada rápidamente.

Sólo la mala fe o el atolondramiento podrían llevar a confundir la necesaria colaboración de la sociedad en la lucha contra el terrorismo, defendida desde siempre en las páginas de EL PAIS, con la utilización de mecanismos dudosamente constitucionales y desagradablemente autoritarios para arrancar mediante la intimidación psicológica o la conculcación de los derechos fundamentales una apariencia de voluntariedad cívica en esa tarea. Siempre es difícil mantener en equilibrio la dialéctica entre seguridad ciudadana y libertades públicas. Ahora bien, al margen de las coyunturales euforias producidas por la eficacia a corto plazo de las medidas de fuerza, es evidente que un sistema democrático debe descansar, sea cual sea la ideología expresa de su mayoría parlamentaria, sobre los principios de la libertad y ha de excluir cualquier posibilidad de que el Poder Ejecutivo -hipnotizado por la consigna retórica de un Gobierno que gobierna- haga indistinguible su práctica diaria de la de cualquier régimen autoritario.