El gobernador pide en asamblea la aceptación de una sentencia del Supremo
El gobernador civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Eligio Hernández Gutiérrez, expuso a los vecinos del municipio de San Andrés y Sauces, en la isla de La Palma, durante una asamblea celebrada en la tarde del miércoles pasado, la necesidad de que los mismos acaten la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pleito de las aguas de riego en dicha localidad.
Alrededor de mil agricultores se habían opuesto a esta sentencia, impidiendo mediante concentraciones su ejecución, al considerar que legitima una injusticia social favoreciendo los privilegios que detentan unos pocos propietarios de tierras (véase EL PAIS de 5 de abril de 1983).
El gobernador coincidió con los agricultores en la necesidad de dar los pasos necesarios para lograr la expropiación de tales privilegios y acabar con cualquier discriminación en el riego.
La reiterada actitud de los agricultores, que durante tres semanas se manifestaron ante la torna, para evitar que la Guardia Civil ejecutase la sentencia del Tribunal Supremo, provocó la detención de tres personas, una de ellas de 81 años de edad, y el arresto domiciliario de una mujer.
El mismo día en que eran puestos en libertad los detenidos, el domingo pasado, los agricultores volvían a concentrarse en el lugar indicado.
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