Detenidos dos abogados por el fraude a la Seguridad Social

Dos abogados barceloneses han sido detenidos a consecuencia del fraude a la Seguridad Social. Mientras uno de ellos está en libertad provisional, el otro se halla en régimen de prisión atenuada desde el pasado día 9 de marzo. Esta información, se desprende de un análisis que se está realizando estos días en el amplio sumario que recoge este caso, que aún no ha sido cerrado.Estos letrados no son los primeros de cuantos han pasado por la dependencias de la 411 Comandancia de la Guardia Civil, en relación con el fraude a la Seguridad Social, pero sí son, conjuntamente con los tres abogados que prestaban sus servicios en la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT), los únicos que fueron detenidos.

El primero de ellos, que quedó en libertad provisional el pasado día 9 de marzo, es Jaime Serra Serra. Este abogado tenía relaciones profesionales con la empresa Rocalla y fue detenido por los Servicios de Información de la Guardia Civil el pasado 8 de marzo. Al día siguiente, el juez Béjar decretó su libertad provisional, previo pago de una fianza de 500.000 pesetas. Jaime Serra había sido detenido bajo las acusaciones de falsedad y estafa.

El segundo abogado, Enrique Cabré Mestre, se halla en régimen de prisión atenuada en su propio domicilio, a causa de su delicado estado de salud. Enrique Cabré, de 64 años de edad, ha explicado que su detención y posterior encarcelamiento atenuado se basó en la acusación de un gestor clandestino que tramitaba los pagos a la Seguridad Social de la empresa Critesa. Según ha declarado este abogado, el gestor, en el transcurso de su declaración, explicó a los investigadores que Cabré le había presentado al inspector, hoy huido, Graciniano Gómez Catón -uno de los principales protagonistas del caso- y que era Cabré quien realmente llevaba todos los asuntos relacionados con los pagos de la empresa Critesa a la Seguridad Social. Enrique Cabré, que se halla procesado, se declara muy tranquilo porque, para él, las acusaciones no tienen mucha base y en el juicio se demostrará su total inocencia.

La fianza hasta ahora más cuantiosa abonada por los acusados en el caso de la Seguridad Social ha correspondido a Rosendo Puigneró Sagatal, administrador de la empresa Hilados y Tejidos Puigneró, SA, quien tuvo que pagar para obtener su libertad provisional la cantidad de 7,5 millones de pesetas. Puigneró salió en libertad el pasado 30 de marzo.

Por otra parte, se confirma que la cuantía del fraude a la Seguridad Social asciende a 1.610 millones de pesetas, según un informe remitido por los inspectores técnicos al jefe de la Inspección Central de Trabajo y Seguridad Social, el 18 de diciembre de 1982, que se incluye en el sumario, y que ayer fue hecho público por la agencia Europa Press.