La inversión extranjera y el presidente González

EN LA conferencia de Prensa celebrada con motivo de los cien días de gobierno, el presidente se felicitaba de que las autorizaciones para inversiones extranjeras hubieran aumentado en los dos primeros meses del año comparadas con los dos primeros meses de 1982. Los ingresos netos procedentes de inversiones extranjeras ascendieron en 1982 a 200.000 millones de pesetas. Esta cantidad supuso un aumento del 18% sobre la cifra registrada en 1981. Pero, medida en dólares, la inversión extranjera, a causa de la fuerte depreciación de la peseta, descendió un 2% durante el pasado año. Además, si se tiene en cuenta que en las inversiones contabilizadas en 1982 se encuentran desembolsos correspondientes a proyectos anteriores, como es la fábrica de automóviles General Motors en Figueruelas, se podría temer que se estuviese agotando la rama ascedente del ciclo de entradas de capital extranjero en España. Las noticias del presidente del Gobierno parecen, sin embargo, querer anunciar un cambio de tendencia.El mejor indicador de la evolución actual y futura de la inversión extranjera es la estadística mensual de la Dirección General de Transacciones, que recoge los expedientes aprobados por la Administración para autorizar inversiones extranjeras mayoritarias en nuestro país. Sin embargo, esta serie estadística ha dejado de publicarse desde marzo de 1982 y sólo ha vuelto a emerger verbalmente en la conferencia de Prensa de los cien días, con la información de que las autorizaciones de enero y febrero de 1983 son mayores que las correspondientes a los mismos meses del pasado año. Para analizar la afirmación del presidente sería deseable conocer los datos de esos nueve meses desaparecidos y disipar los malos pensamientos sobre las razones del anterior Gobierno para dejar de publicarlos.

En general, no corren buenos tiempos para las empresas industriales en el mundo, pero aquellas que cuentan con capital extranjero atraviesan una situación particularmente difícil en España. Muchas de esas empresas que se implantaron en nuestro territorio lo hicieron al abrigo de una fuerte protección arancelaria que les reservaba el mercado interior. Cuando nuestra economía deja de crecer, el invento se tambalea. Los únicos sectores que -como el automóvil- han tenido algún dinamismo en la crisis han sido aquellos que contaron con un proceso de apertura al exterior. El resultado es que contamos con una fuerte penetración interior extranjera en la producción industrial y una participación exterior relativamente baja en el comercio internacional.

Por otro lado, las empresas han llevado a cabo una política de reducción de sus plantillas, orientada a rebajar la carga salarial y mejorar su competitividad. Y el proceso de depreciación de la peseta, máxime desde la primavera de 1982, ha aumentado los riesgos de devolver los capitales invertidos en dólares. Para conseguirlo hacía falta obtener unos beneficios en pesetas no sólo positivos, sino que compensaran una devaluación de la peseta con el dólar de un 30% en los últimos doce meses.

El sobresalto del 23-F de 1981 trajo ya algún comentario cautelar de la gran Prensa financiera internacional sobre las posibilidades de invertir en nuestro país. Después, la crisis de algunas grandes industrias y bancos medianos aumentó los recelos, que volvieron a manifestarse con ocasión de los avisos de golpe para octubre del año pasado. La decisión sobre Rumasa ha merecido un juicio positivo por la firmeza del Gobierno, pero hay que evitar cualquier malentendido sobre futuras intenciones estatalistas si se quiere seguir atrayendo capitales foráneos. Tampoco se pueden echar en saco roto, en este difícil equilibrio de la confianza, las consecuencias de las recientes propuestas de la dirección de Explosivos Río Tinto, que no parecen ayudar a la imagen de la empresa española ante el sistema financiero internacional.

Hoy por hoy es difícil pensar en una economía española aislada de los mercados exteriores, pero por eso mismo es imprescindible una activa participación de la inversión extranjera. Eso exige una economía interna bien administrada, con un control máximo de la inflación. Se precisan también iniciativas en favor de la inversiones extranjeras que racionalicen su tramitación administrativa, a la vez que el sistema fiscal y los instrumentos financieros deben brindar la mejor acogida a quien decida emprender un riesgo empresarial. De otra manera, carecería de significado el recordatorio del presidente del Gobierno de que este indicador de la confianza empresarial estaba en alza al comenzar el mandato socialista.