La evaluación de programas sociales

La incorporación de la psicología a la solución de buen númeró de problemas sociales lleva a la autora de este texto a pensar que algunas de las soluciones programadas por los políticos deben ser finalmente valoradás por científicos sociales, entre los que se encuentran los psicólogos.

En la última década, los psicólogos se han comprometido en la resolución de problemas sociales. Sus hallazgos en el laboratorio han sido aplicados a la realidad social que comprende la conducta humana. Gran parte de los programas o intervenciones -en temas tales como la salud mental, la asistencia social y la educación- son diseñados partiendo de unos objetivos planteados en los programas políticos y referidos a ideologías concretas. Ahora bien, en todos ellos subyace también una determinada teoría o microteoría que, con diverso aval empírico, es necesario contrastar en el concreto ámbito al que se aplica. Si al poder político corresponde marcar los objetivos generales de los planes de asistencia social, su especificación, aplicación y, en todo caso, la verificación sobre su efectividad deben ser encomendadas al científico social.La importante tarea de contrastar la eficacia de las intervenciones públicas en materia de asistencia social constituye actualmente una nueva disciplina, la evaluación de programas (EP), también denominada investigación valorativa, estudios valorativos, evaluación valorativa y aun evaluación exploratoria. Tal disciplina comprende acciones encaminadas a juzgar sobre la efectividad, bondad, éxito, utilidad, mérito o valor de concretos tratamientos, intervenciones o programas fundamentalmente promovidos por el poder público y en los que sé ve implicado el comportamiento humano.

La EP surge en EE UU en la década de los cincuenta, entroncada con movimientos ambientalistas contrarios a la común idea de que los sofisticados, programas de acción social -producto del desarrollo industrial y tecnológico benefician realmente al ciudadano. Éste tiene, el derecho no sólo a conocer en qué se invierte su contribución al gasto nacional, sino también a saber en qué medida estas inversiones han sido eficaces para la solución o mejoramiento de problemas sociales. De tal forma se creó la necesidad de basar dichos programas en algo más que en razones ideológicas, políticas o teóricas, desembocando todo ello en la institucionalización de esta forma de investigación social. Así, en el Gobierno federal de Estados Unidos, la EP fue asumida por la Oficina General de Cuentas (dependiente del Congreso), quien posteriormente estableció el Instituto de Valoración de Programas como responsable último de la evaluación de cualesquiera -programas de acción social. Me refiero a estos pormenores por cuanto el desarrollo que la EP ha experimentado en EE UU puede corísiderarse paradigmático. No obstante, la institucionalización de este tipo de evaluación no se reduce, sólo a aquel país, sino que támbién se da en otros estados, tanto europeos como latinoamericanos. Según han puesto de relieve Levine y Salomon, la EP es una disciplina internacionalmente aplicada.

Beneficios sociales

En definitiva, con la EP se trata de procurar, fundamento científico a determinadas decisiones públicas sobre política social. Y como ha señalado Donald Campbell, destacado metodólogo, "el problema en tomo a la evidencia sobre la efectividad de los programas de intervención social es uno más, de los problemas generales de la inférencia científica". Por eso, la EP vio sólo ayuda a mejorar la calidad de la asistencia social, sino que, además, resulta ser una adicional forma de investigación en la que ciencia básica y aplicada se sirven inutuarnente. Muchos autores -en su mayoría pertenecientes al ámbito de las ciencias sociales y, más concretamente, de la psicología- han desarrollado nuevas estirategias destinadas a aplicar los procedimientos científicos a la valoración de intervenciones o programas de acción social.

En España, las nuevas administraciones públicas -es decir, no sólo la estatal, sino también las autonómicas, provinciales y locales- están llevando a cabo o planificando programas en casi todos los terrenos de la acción social, sanitaria y educativa. Se plantean nuevas formas de asistencia psiquiátrica, de prevención y tratamiento del alcoholismo o la drogadicción, de asistencia a la tercera edad, etcétera. Sin embargo, aun con riesgo de incurrir en generalización, puede afirmarse que gran parte de tales implantaciones no van acompañadas de las garantías necesarias para posibilitar su valoración; es decir, junto al diseño del programa no se suelen planificar los procedimientos por medio de los cuales puedan ser analizados sus resultados y comprobada su eficacia. Pero, es que además, en ocasiones, las nuevas intervenciones están siendo aplicadas masivamente, sin realizar estudios previos que, debidamente controlados, permitan verificar -sin demasiados riesgos- la idoneidad de los mismos. En consecuencia, se considera necesario el replanteamiento y análisis crítico de toda intervención asistencial que no cuente con la previsión de ser evaluada, y es deber inexcusable de las distintas administraciones velar por que tal cosa ocurra.

Se cuenta en España con recursos humanos y tecnológicos más que suficientes para valorar objetivamente la repercusión de las acciones que los poderes públicos emprenden en los temas mencionados aquí. Por otra parte, aun siendo insuficiente, el monto económico de tales programas es importante, como importante es también su repercusión sobre el contribuyente y necesaria la divulgación sobre los beneficios sociales que se derivan de tales inversiones. Pero la razón que mejor justifica esta necesidad evaluativa esúiba -en que tales programas -se aplican a seres humanos que con frecuencia se ven sometidos a cambios súbitos, inexplicados (a veces, inexplicables no contrastados certeramente y sin que se pongan los medios necesarios para la valoración final de sus resultados.

Existen profesionales de la ciencia social aplicada expertos en la evaluación de programas de acción s'ocial, y es necesario que exista también la voluntad política de promover, encauzar y aun reglamentar tales actividades valorativas, de cuyos resultados se deriven experiencias útiles para una mejora de la asistencia en nuestro país.

es catedrática de Psicodiagnóstico de la universidad Autónoma de Madrid.