El debate sobre la reforma del Código Penal comenzara después de Semana Santa

La ponencia del Congreso de los Diputados encargada de informar la reforma parcial y urgente del Código Penal estudió ayer las 353 enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y dejó el proyecto de ley orgánica -cuya rápida aprobación reclaman los presos de algunas cárceles- preparado para su debate, después de Semana Santa, en la Comisión de Justicia e Interior de dicha Cámara. La mayoría de las enmiendas de la oposición aceptadas por el PSOE tienen carácter técnico y otras quedaron pendíentes de estudio hasta el debate en comisión. La ponencia dedicó ayer más de ocho horas para dejar informado el proyecto.Del proyecto de ley citado ha sido separada la despenalización del aborto, que incorpora un nuevo artículo, el 417 bis, al Código Penal y que no se tramita por procedimiento de urgencia. El plazo para la presentación de enmiendas concluye el próximo 14 de abril. Hay anunciadas varias a la totalidad, a diferencia de lo ocurrido con las formuladas a la reforrna del Código Penal, que sólo pretenden la modificación de puntos concretos del articulado.

Del total de 353 enmiendas estudiadas ayer, veinticinco lo fueron por el Grupo Socialista; 61 por el Popular; 62 por el Centrista; diecisiete por la Minoría Catalana; veintisiete por el PNV, y 140 porel Mixto. Por lo general, los grupos parlamentarios aceptan la filosofía gubernamental que inspira el proyecto de ley, que en muchos aspectos se limita a convertir en texto legal lo que ya es doctrina jurisprudencial. Las enmiendas centristas pretenden adaptar la reforma proyectada a la que fue intentada por Pío Cabanillas.

En relación con una de las novedades de la reforma, el delito ecológico, el Grupo Popular insistió en la supresión del artículo 417 bis a del proyecto, que castiga con arresto mayor y multa de 50.000 pesetas a un millón de pesetas a quien, "contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier naturaleza en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que puedan perjudicar gravemente la salud de las personas etc".

El ponente del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón, insistió en que la situación económica de las empresas puede resultar agravada con la aplicación de este nuevo delito antes de que se haya promulgado una nueva ley general del Medio Ambiente. No fue admitida la enmienda, y tampoco lo fue la que se opone al artículo en el que se castiga a quienes estando legalmente obligados no vigilen o faciliten los medios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad exigibles.