Un muerto y numerosos heridos, resultado de la huelga general que ha paralizado las ciudades de Ecuador durante dos días

La segunda jornada de huelga nacional en Ecuador ha confirmado el éxito obtenido el día anterior. Los convocantes del paro, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que agrupa a las principales centrales sindicales del país, lo calificaron como un triunfo total. El mismo Gobierno, por medio del ministro del Interior, Galo García Feraud, ha tenido que reconocer la paralización del país. Un estudiante resultó muerto ayer por disparos cuando participaba en una manifestación de las muchas que se sucedieron en todo el país. Al menos cuarenta personas resultaron heridas.

El estudiante Edwin Godoy fu abatido a tiros en la ciudad de Cuenca, donde asistía a una concentración convocada por el FUT en protesta por las última medidas económicas dictadas por el Gobierno. Los disparos provinieron de una camioneta y fueron hechos por individuos vestidos de civil. El número de heridos, según el FUT, oscila entre cuarenta y cincuenta en todo el país, entre ellos hay uno cuyo estado es de suma gravedad. El número de detenidos oscila entre 40, según el Gobierno, y 150, según el FUT. En las manifestaciones circularon octavillas de apoyo a un Gobierno militar.Recogiendo el actual clima de golpe de Estado que domina el país, el presidente de la Cámara Nacional de Representantes, Rodolfo Baquerizo, manifestó ayer que la democracia ecuatoriana está en peligro. El mismo Gobierno desmiente continuamente los intentos desestabilizadores de las Fuerzas Armadas, pero, por otra parte, afirma que existen sectores interesados en las industrias de la conspiración.

Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Zambrano, manifestó que ha puesto en manos del fiscal general de la nación el recurso de inconstitucionalidad de las últimas medidas económicas del Gobierno. Dicho recurso fue interpuesto por los partidos Pueblo, Cambio y Democracia, seguidores de la doctrina del fallecido presidente Jaime Roldós, y el Movimiento Popular Democrático, de orientación maoísta. Según estos partidos, la inconstitucionalidad de las medidas reside en que fueron dictadas directamente por la Junta Monetaria, cuando la Constitución establece que el cambio de paridad de la moneda debe ser fijado por el presidente de la República.