La Administración no es ajena a los problemas de ERT, según el ministro de Industria

"La Administración no se siente en absoluto ajena a los problemas que está atravesando Unión Explosivos Ríotinto, sin embargo la filosofía del Gobierno, y por tanto del Ministerio de Industria, es que antes de comprometer una sola peseta de los contribuyentes en cualquier plan de reconversión, las partes interesadas asuman sus respectivas responsabilidades, y alcancen un acuerdo que permita garantizar la viabilidad futura de la empresa", manifestó ayer Carlos Solchaga, ministro de Industria y Energía.En opinión de Solchaga es indispensable que las partes interesadas se enfrenten a la responsabilidad de llegar a un acuerdo que garantice precisamente la viabilidad de ERT. "La Administración acepta la necesidad de prestar apoyo a empresas en dificultades, sobre todo si estas presentan las características de ERT, pero en ningún momento", continuó Carlos Solchaga, ministro de Industria, "será el Gobierno quien asuma esta responsabilidad en exclusiva. En último caso, y si las partes no alcanzan ningún acuerdo, el Código de Comercio contempla las salidas legales a la actual situación. Por eso insisto en que si las partes estableciesen una fórmula que resultase viable la Administración estudiará las demandas de ayuda que le sean cursadas y prestará los apoyos que resulten razonables y precisos".

Sobre la posibilidad de que el Gobierno entre en las negociaciones, Carlos Solchaga declaro ayer a Europa Press que "esa no es la filosofía del Gobierno. Incluso dentro del marco legal de la ley de reindustrialización que enviaremos a las Cortes durante las próximas semanas se prevé la elaboración de un plan previo de viabilidad, que, si obtiene la aprobación definitiva del Gobierno, el Ejecutivo fijará después la cuantía de la ayuda financiera necesaria, pero no antes".

En relación con la exigencia de los acreedores extranjeros de que el Estado avale la línea de descuento de 10.000 millones de pesetas pedida por la compañía, el ministro manifestó que "con el aval a la línea de descuento estamos en el mismo caso que antes. Cuando empezaron las negociaciones para renegociación de la deuda (octubre de 1982) ya se pidió algo parecido al Gobierno. Entonces se dijo a los acreedores que no podía pedirse ayuda al Estado cuando las propias partes implicadas no pueden ponerse de acuerdo. Ahora, por consiguiente, entendemos que en ese tema también debe haber un acuerdo de los acreedores y la compañía en la renovación de las líneas de descuento, y después pasar a discutir cuál sería la aportación del Estado al plan global".

Nueva reunión

Esta tarde está prevista una reunión de los representantes de los 120 bancos acreedores de ERT, tanto nacionales como extranjeros, con los nuevos administradores de la compañía, quienes le presentarán el plan de viabilidad que han diseñado (veáse EL PAÍS del 12 de marzo de 1983).Las entidades acreedoras, especialmente las extranjeras, han venido -manifestando en los últimos días algunas reticencias al citado plan, y han dejado trascender que verían con buenos ojos algún signo de interés y buena voluntad por parte de la Administración.

Acerca de la ayuda de 35.000 millones de pesetas que en el plan de reestructuración se pide al Gobierno, el ministro dijo a la citada agencia que "esa cantidad, que no sé si finalmente será ésa u otra, entra dentro de lo razonable, porque el plan tal y como está ahora, me parece viable, aunque hay que estudiarlo más, porque el Gobierno, cuando se le pida su ayuda, tendrá que analizar el plan en profundidad".