La Audiencia Nacional autoriza a la Policía a interrogar al 'ultra arrepentido'

La Audiencia Nacional dio ayer permiso a la Brigada de Interior para interrogar a Manuel Reinero Banda, el ultra arrepentido, y completar de esta manera las declaraciones que el activista hizo el pasado 9 de marzo ante los magistrados que le estaban juzgando. En Barcelona, se les ha aplicado la ley antiterrorista a los dos policías municipales de Ripollet, supuestamente implicados en las acciones del autodenominado Ejército Español de Liberación.

Manuel Reinero Banda, el fundador y responsable del EEL, será interrogado hoy, posiblemente en la Dirección General de Seguridad. Los investigadores están pendientes de las declaraciones de los detenidos de Barcelona y Madrid para dar el paso siguiente; en cualquier caso, y según ha manifestado un portavoz del Ministerio del Interior, se piensa llegar hasta el fondo de la trama.Las mismas fuentes de Interior han señalado que tienen perfectamente localizado e identificado al teniente, hoy capitán, de la Guardia Civil sobre el que el ultra arrepentido ha vertido las más duras acusaciones, y del cual se asegura que era el responsable del grupo terrorista. Al parecer, este miembro de la Guardia Civil estuvo destinado primero en Ciudad Badía (Barcelona), y posteriormente en el País Vasco, pasando luego a Madrid.

Por otra parte, los dos abogados que defendieron a Rainero durante su detención en 1.980 fueron interrogados ayer en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona sobre las relaciones que mantuvieron con el detenido y con el teniente de la Guardia Civil implicado en las declaraciones del ultra arrepentido.

Intentaron depurarlos

Ayer, coincidiendo con estas gestiones judiciales, el Ayuntamiento de Ripollet convocó una conferencia de prensa en la que se informó de los dos policías municipales detenidos y de la situación en que se encuentran numerosos consistorios democráticos, que se han visto obligados a utilizar los servicios de una Guardia Urbana, repleta de franquistas. Se hizo hincapié en la necesidad de dignificar este cuerpo, de contar con la ayuda de la Generalitat y de poner en marcha una escuela para policías municipales a nivel de Cataluña.Hubo, por parte de los miembros del consistorio, un cierto temor a hablar del tema de los dos policías municipales, de explicar sus antecedentes y de hacer, en definitiva, una crónica de lo acaecido en esta última semana en el Ayuntamiento de Ripollet. Finalmente se abordó este tema, cuando uno de los concejales, en medio de la conferencia de prensa, interrumpió al alcalde de Ripollet y le dijo "expliquemos ya de una vez que en dos ocasiones intentamos sacarlos fuera".

Quisieron desarmarlo el 23-F

Así empezó a explicarse todo, o casi todo. Los representantes del Ayuntamiento de Ripollet, relataron que los dos policías municipales eran consideradas personas de escasa confianza, pero que se carecían de datos concretos sobre las supuestas actividades ultras del sargento de la policía municipal. En el caso del cabo de la policía municipal las pruebas eran más evidentes, ya que usualmente llevaba en su uniforme la insigna de Fuerza Nueva, se le había visto en actos de matiz ultra y en los bares de Ripollet alardeaba de sus simpatías hacia los activistas derechistas.En el currículo profesional de ambos policías municipales, actualmente detenidos, se encuentran, también esas permanentes persecuciones a que sometieron en Ripollet a los militantes de izquierdas durante los años del franquismo. Aseguraron ayer los responsables del Ayuntamiento, que con ocasión del 23-F, el Consistorio de Ripollet estudió y debatió la posibilidad de desarmar al cabo de la policía municipal. Mientras, ese mismo día y de manera paradójica, el sargento Francisco Reina organizaba un servicio de vigilancia por las calles de la ciudad.

Todos los intentos que hizo el Ayuntamiento de Ripollet para relegar a un segundo lugar a estos dos hombres fracasaron. Actualmente está pendiente ante la Audiencia Provincial un contencioso sobre el cargo y destino ocupado por ambos municipales. La oposición contra estos dos hombres partió de los concejales y del alcalde y de los propios compañeros de cuerpo, que impugnaron su nombramiento por la vía administrativa. Luciano Montenegro, uno de los compañeros que se opuso al nombramiento de Reina como responsable de la Policía Municipal, fue amenazado de muerte y el Ejercito Español de Liberación recibió la orden de ejecutarlo.

El alcalde de Ripollet, Carles Ferre, explicó también que 12 confesión del ultra arrepentido se recibió el 7, de marzo, en el des. pacho del abogado que defiende los intereses del Ayuntamiento de Ripollet y Sentmenat. El alcalde, al tener conocimiento de estos hechos, se puso en contacto con el Fiscal General, y posteriormente con los magistrado de la Audiencia Nacional, que debían ver la causa.