Creciente radicalización de los grupos no socialistas frente a un Gobierno fuerte

Frente a un Gobierno que ha llevado la iniciativa en casi todos los terrenos, apoyado en su fortaleza parlamentaria, los grupos no socialistas comenzaron la legislatura con mucha prudencia en las declaraciones públicas y escasa utilización de los mecanismos de control político. La oposición se ha acentuado después, tanto en el terreno parlamentario como en el intento de deteriorar al Ejecutivo por medio de la contestación social -caso del PCE- o del bloqueo legislativo al Gobierno, táctica ensayada por el Grupo Popular.

Mientras el Consejo de Ministros ha producido cerca de una treintena de proyectos legales, algunos de gran importancia -incompatibilidades, jornada de cuarenta horas, elecciones locales, reforma del Código Penal, expropiación de Rumasa-, los grupos de la oposición han hecho un -uso muy variable de los mecanismos parlamentarios de control.La coalición AP-PDP ha presentado 353 preguntas y proposiciones, sobre temas como la gratuidad de la enseñanza, el ejercicio de la libertad de expresión a través de radio y televisión (televisión privada) o la protección estatal a hijos no deseados (alternativa al aborto). Pero la incidencia real ha sido escasa, debido tanto a la lenta tramitación como a su carácter minoritario. El mismo destino sufren las propuestas de otros grupos, por ejemplo las 41 iniciativas comunistas -indulto para el periodista Vinader, debate sobre la opción FACA, estatuto de la empresa pública, asistencia letrada al detenido y otras-, en su inmensa mayoría aún no tramitadas.

También la oposición ha utilizado poco otros controles de rutina. Prueba de ello es su actitud ante los programas expuestos por los ministros en las comisiones del Congreso: cortés escucha, ocasional interés por tal o cual punto,-y nada más. Sin embargo, los grupos no socialistas acusan al Gobierno de mantener las Cámaras a medio gas para evitar debates importantes antes de las municipales, como el de los Presupuestos.

Un factor que ha influido en la menor actividad de la oposición es el cierre de las Cámaras durante la mitad de estos cien días, debido a una oportuna coincidencia del período legal de vacaciones, durante el cual el Gobierno cambió la alta Administración del país. Tampoco cabe olvidar las concesiones de los socialistas a la coalición AP-PDP: ésta ha logrado la presidencia de comisiones del Congreso importantes para el control político del Ejecutivo (Presupuestos, RTVE), y no han concluido las negociaciones para la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo de Administración de RTVE. Dato reseñable es la concesión de medios al presidente de Alianza Popular para resaltar su función de jefe de la oposición, decisión criticada por el resto de las minorías -poco dispuestas a aceptar la estrategia de bipolarizar al país más de lo que está- y que tampoco ha convencido a Fraga, quien hubiera deseado un estatuto más completo.

Breves balances

Para la oposición comunista, la actuación del Gobierno ofrece aspectos inquietantes en política económica y en la acción exterior. Según Enrique Curiel, vicesecretarío del PCE, lo que el Gobierno pretende es "instalarse en la crisis", a la espera de que la posible reactivación de la inversión norteamericana mejore la economía occidental. En cuanto a la política exterior, la plena aceptación de las bases norteameriéanas implica una presencia defacto de la OTAN en España, "mientras el programa FACA se decide sin debate alguno".Estas y otras críticas vienen sostenidas por una exigua fuerza parlamentaria -cuatro diputados-, pero los comunistas parecen dispuestos a evitar que el "desgaste del cambio" sea enteramente capitalizado por el Grupo Popular. A ello responde su participación en las movilizaciones sociales de Gijón y Sagunto, consideradas por el PSOE como una agresión. Ese desgaste que el PCE cree apreciar se complementa con lo que califica de contradicciones entre la oferta electoral y la gestión de gobierno: "Que España funcione", dice Curiel, "fue un buen eslogan de Felipe González; pero nos preocupa que funcione con Boada al frente de la empresa pública o con bases americanas en nuestro suelo".

El Grupo Popular, principal minoría de la oposición, observa las cosas desde otra perspectiva. En los primeros meses mantuvo una actitud de guante blanco, incluso en los temas conflictivos anunciados por los ministros en el Parlamento -aborto, subvenciones a la escuela privada, política de orden público. La situación ha cambiado en las últimas semanas, con la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la expropiación de Rumasa y la ley de elecciones locales, lo cual insinúa una táctica de bloqueo legislativo al Gobierno.

Miguel Herrero, portavoz del Grupo Popular, lo explica de otro modo: con estos recursos se trata de garantizar el respeto a los derechos y libertades consagrados en la Constitución -"hoy ha sido un atentado al derecho de propiedad, mañana puede serlo a cualquier otro"-, sin que ello implique la intención de convertir al Tribunal Constitucional en una prolongación de la lucha política. En cuanto al balance de los cien días, Herrero afirma que el Gobierno noha tomado una sola medida capaz de reactivar la economía, mientras en política exterior "no hace sino acompañar los rumbos de la diplomacia francesa".

Los problemas internos del tercer grupo del Congreso (UCD) han condicionado seriamente su actividad. Tras la decisión de disolverse como partido, la primera inquietud fue evitar la acción de los acreedores; en esta situación, los restos de lo que fue el partido en el poder han hecho poco más que coincidir con el Grupo Popular en los temas clave. Por lo que se refiere a Adolfo Suárez (CDS), del voto favorable a la investidura de Felipe González ha pasado a posiciones críticas, tras haber sido acusado por el actual Gobierno de "inacción" respecto al problema de Rurriasa, lo mismo que el posteriár Gabinete de Calvo Sotelo.