El presidente de Bertrand Serra, llamado a declarar por el fraude a la Seguridad Social

Eusebio Bertrand Batlló, presidente de la empresa Textiles Bertrand Serra, SA, décima industria textil española, ha sido llamado a declarar por el Servicio de Información de la 411 Comandancia de la Guardia Civil, en relación con el fraude a la Seguridad Social. Eusebio Bertrand se encontraba fuera de España cuando fue descubierto el presunto fraude y no ha regresado. Pertenece a una tradicional familia, situada entre las pioneras del sector textil catalán. El consejero delegado de la entidad declaró hace varios días en relación con los hechos.

El presidente de Textiles Bertrand Serra concentra en su persona un número considerable de puestos en consejos de administración de diversas empresas, entre las que se hallan Carbones de Berga, Hidroeléctrica de Cataluña, Catalana de Gas y Electricidad y La Seda de Barcelona. Su implicación en los hechos, junto con otras grandes empresas de fuerte arraigo en el sector, entre las que destacan Hilados y Tejidos Puigneró, Industrias Burés y Sucesores de J. Coma Cros, ofrece una nueva y cada vez más importante dimensión al litigio. Bertrand desconocía, según fuentes solventes, la implicación de su empresa en estas irregularidades, en las que, según la misma versión, intervino un ex gerente, que cesó en el cargo.La citada industria cuenta con una plantilla de 2.600 trabajadores, repartida principalmente en las factorías de Manresa y Ordis (Gerona). La cantidad supuestamente defraudada a la Seguridad Social se eleva a 73 millones de pesetas. Este hecho contrasta con la inversión financiera de 4.000 millones de pesetas, efectuada por la familia Bertrand en los últimos años, suma destinada a paliar las fuertes pérdidas de la entidad y que había sido obtenida de la venta de su patrimonio inmobiliario.

Un total de 52 empresas, de las 72 a las que inicialmente la Inspección de Trabajo levantó actas complementarias, aparece en el sumario seguido por el fraude. Además de las 32 que ya aparecieron en este diario (véase El PAIS del 13 de febrero pasado), se encuentran relacionadas Hilados Dusol, SA; Textil Roger Dieste, SA; Rugantino Española, SA; Textiles Bertrand Serra, SA; Critesa; Mobba, SA; Mercadal, SA; Tintes Viscolán, SA; y Pont, Aurell y Armengol, SA, entre otras.

Hasta el momento, 39 personas han sido procesadas por el fraude a la Seguridad Social, de las que treinta se encuentran en prisión preventiva, una veintena en libertad provisional y cinco más en ignorado paradero. Resulta especialmente afectada la comarca de Osona, a la que pertenecen las industrias Hilados Pou Eras, SA; Textil del Ter, SA, y el grupo Puigneró. Al igual que Bertrand Serra y otras industrias textiles, las tres empresas de la comarca de Osona, próximas todas ellas a Vic, se han acogido a planes de reconversión, reestructuración o regulación de empleo. También es significativa la presencia en el sumario de la empresa Arbis, SA, vinculada, según las declaraciones de un directivo, al Banco Industrial de Cataluña.,

José Puigneró, copropietario de Hilados y Tejidos Puigneró, cuyo hermano Rosendo se encuentra en prisión, declaró ayer a EL PAIS que desconocía la existencia de estas irregularidades hasta el momento en que la Inspección de Trabajo dirigió a la empresa tres actas complementarias, por un valor total próximo a los doscientos millones. Puigneró añadió que la tramitación de Seguridad Social se había encomendado desde hace siete años al asesor Fernando Galindo, del gabinete Maza, de Barcelona. Las diferencias de cotización hacían referencia al ejercicio 1981.

Para acogerse al plan de reconversión textil, Puigneró pactó con la Magistratura Especial de la Seguridad Social el pago de cinco millones mensuales, que actualmente se efectúa. El presidente del grupo señaló que "ahora lo único que deseamos es que pongan en libertad a mi hermano, que se aclare todo esto y que nos dejen trabajar".

Por su parte, el presidente de la patronal Fomento del Trabajo Nacional, Alfredo Molinas, señaló ayer, durante el consejo general de la entidad, que "muchos empresarios ya no se creen amparados por la Constitución". Las declaraciones de Molinas estuvieron presididas por un tono de dura crítica a las actuaciones gubernamentales en relación a los empresarios, entre las que incluyó el fraude a la Seguridad Social y Rumasa.

La correspondencia de falsos requerimientos y empresas acogidas a los sucesivos planes de reestructuración textil coincide también en el hecho de que las gerencias de estos planes estuvieron ubicadas durante muchos años en el tercer piso del Instituto Nacional de Previsión de Barcelona, junto a la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT), donde se efectuaron las operaciones presuntamente fraudulentas. En las oficinas de los planes estuvieron empleados antiguos abogados de los sindicatos verticales, circunstancia que se repite en la propia ODIT, y muy directamente Luis Piñana, su padre, ya retirado, y su hermano.