Encarcelado uno de los copropietarios de Tejidos Puigneró, la primera empresa textil algodonera de España

Rosendo Puigneró Sargatal, copropietario de la empresa Hilados y Tejidos Puigneró, SA, la primera industria textil algodonera de España, se encuentra ingresado en la prisión Modelo de Barcelona, por orden judicial, en relación con, el fraude a la Seguridad Social descubierto a principios de otoño en Barcelona.

Puigneró, además de ser la primera algodonera de España, es la quinta empresa del ranking textil, sólo superada en volumen de facturación por La Seda, SAFA, Montefibre y Cyanenka, principalmente dedicadas a la fibra acrílica. Hasta 1981 había. venido operando con el nombre de José Puigneró Sargatal, por tratarse de una sociedad familiar, repartida entre Rosendo y José Puigneró.Los propietarios de esta empresa, con tres fábricas que abarcan todo el proceso textil, desde la hilatura hasta el acabado, y que emplea a 1.650 personas, han sido protagonistas de una meteórica carerra empresarial. Hijos de un agricultor, fundaron un pequeño taller de tejidos en 1967, que fueron ampliando incesantemente, hasta lograr una facturación declarada de 8.600 millones de pesetas en 1981, lo que les situó, en primera línea del sector. La empresa está acogida al plan de reconversión textil, que le ha otorgado recientemente 2.000 millones de pesetas entre subvenciones y créditos. Fuentes bancarias explicaron ayer a este diario que en el caso de Puigneró han tenido importancia decisiva los intermediarios. La deuda presuntamente fraudulenta supera los doscientos millones de pesetas.

Un importante gabinete de asesoramiento laboral a empresas, cuyo titular es Vicente Cardellach Marza, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, gestionó los requerimientos más cuantiosos y correspondientes a las principales empresas, implicadas en el fraude a la Seguridad Social, descubierto a, principios de otoño en Barcelona. Esta circunstancia, unida a la participación de otros cinco gabinetes, es una de las primeras conclusiones que se derivan del sumario, actualmente en instrucción, cuyo contenido es conocido sólo de forma parcial por los abogados de los hasta ahora 39 procesados, a causa de su voluminosidad.

A través del despacho de Vicente Cardellach, situado en la calle Aribau de Barcelona, se tramitaron los requerimientos correspondientes a las empresas Textiles Bertrand Serra, SA, Industrias Burés, SA, Fábrica Electrotécnica Josa, SA y Sucesores de J. Coma Cros, SA. Cuatro de estas cinco empresas pertenecen al sector textil y corresponden a importantes grupos familiares catalanes. En diversas diligencias practicadas por el Servicio de Información de la 411 Comandancia de la Guardia Civil, aparecen vinculaciones del gabinete de Cardellach con el inspector de Trabajo Ramón Ballesteros, uno de los principales protagonistas de los falsos requerimientos, actualmente en paradero desconocido.

Los restantes despachos profesionales que intervinieron en los hechos pertenecen también a graduados sociales y otros titulados de grado medio. Entre ellos no se encuentra, según los primeros datos, ningún gestor administrativo colegiado, pese a que en las diligencias constan como gestorías, lo que precisa anteriores informaciones. El presidente del Consejo Superior de Colegios de Gestores Administrativos de España, Manuel Díaz Arias, señaló a este diario que los despachos profesionales implicados no están autorizados a utilizar el término de gestorías, que sólo pertenece a los gestores administrativos colegiados..

Entre los gabinetes relacionados con los falsos requerimientos se encuentra la asesoría Montblanc, cuyo titular, Cervantes, no ha sido localizado; el despacho de los procesados Lorenzo Martín Alvarez Puell y Manuel Guillem, ambos titulares de un local situado en la Plaza Letamendi de Barcelona, actualmente cerrado; y otros dos gabinetes ubicados en la Ronda de San Pedro, 3 y en la calle Urgell, ambos de Barcelona. Diversas fuentes consultadas confirmaron que la actuación de, los técnicos fue de vital importancia para el levantamiento de los falsos requerimientos. En uno de los despachos se descubrieron operaciones matemáticas en Jas que se calculaba una minuta equivalente al 20% de las cantidades defraudadas a las empresas.

Uno de los funcionarios de la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT), José Luis García, que se encuentra en libertad provisional tras prestar fianza de un millón de pesetas, era asimismo titular de otro despacho situado en la calle Aragón de Barcelona y denominado "Gabinete de asesores laborales reunidos". La intervención de este funcionario, según diversas versiones, fue dé vital importancia como intermediario entre las gestorías y los inspectores de Trabajo que levantaron las actas. El protagonismo del también funcionario Francisco Gilabert, que se halla en paradero desconocido, aparece como muy importante, según se deduce de las diligencias practicadas. Respecto a este último, un funcionario de la Inspección de Trabajo de Barcelona, declaró que Gilabert le había ofrecido una comisión equivalente al 5% de todas las empresas que consiguiera para prestarse a la operación. El funcionario rechazó la oferta.

Los cuatro abogados que ejercen la acción popular en nombrede Comisiones Obreras solicitaron ayer que se instruyeran diligencias para investigar los bienes privados, mobiliarios y mercantiles de los miembros de los consejos de administración de las empresas implicadas, a fin de evitar en lo posible que fueran subsidiariamente embargados bienes de las sociedades y peligrasen con ello los puestos de trabajo.