El Gobierno procederá al cierre temporal, y quizá definitivo, de algunas instalaciones de las tres siderurgias integrales

El ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, manifestó ayer que el Gobierno puede proceder al próximo cierre temporal de algunas de las instalaciones de las tres empresas de la siderurgia integral, independientemente de las soluciones definitivas que se adopten dentro del proceso de reestructuración del sector. Solchaga advirtió que algunos de estos cierres serán definitivos si el Gobierno así lo considera oportuno de acuerdo con la Comisión de Seguimiento de la Siderurgia Integral, en la que están representados empresas y sindicatos.

Respecto a la eventual instalación de un nuevo tren de bandas en caliente (TBC), el Gobierno "no lo ha descartado a priorí", aunque considera más rentable ampliar la capacidad de los dos ya existentes en Asturias y Vizcaya, según afirmó el propio, ministro a los miembros de la citada comisión, con los que se reunió en la mañana de ayer.En la conferencia de prensa que Solchaga dedicó exclusivamente al futuro de la siderurgia integral, el ministro mantuvo una postura poco comprometedora, y a veces contradictoria, sobre las intenciones definitivas del Gobierno, aunque sí dio algunas claves de cuáles son las preferencias de su equipo directivo. En este sentido, Carlos Solchaga emplazó a la comisión de seguimiento a ponerse de acuerdo sobre los plaries definitivos antes del primero de julio de este año o afrontar una reestructuración por la vía del decreto ley. Anunció, en una auténtica pirueta semántica, la intención del Gobierno de desarrollar los Acuerdos de 1981 -a los que el Gobierno anterior llegó con la citada comisión para, precisamente, proceder a la reestructuración-, aunque negó que esto equivalga a su renegociación.

El ministro fue más claro sobre los criterios gubernamentales al respecto en la reunión que mantuvo dentro de la comisión de seguimiento, según la versión facilitada por los representantes sindicales. Así, declaró que la ampliación de los dos TBC ya existentes costará al Estado un tercio de lo que supone construir uno nuevo, que rondaría en torno a los 64.000 millones de pesetas. Y aunque el ministro comprometió al Gobierno a no guiarse exclusivamente por criterios de rentabilidad en el proceso de reestructuración del sector, afirmó que lo llevará a cabo por el deseo de hacerlo competitivo.

En esta misma línea, Solchaga señaló que el Gobierno "no puede garantizar la existencia de tres siderurgias integrales en España" y volvió a emplazar a los representantes sindicales y a los intereses empresariales y regionales interesados a que desmuestren que "la construcción del nuevo TBC es mejor alternativa que la ampliación de los ya existentes". Según el ministro, un nuevo TBC supondría un incremento de la capacidad de producción que añadaría más pérdidas al sector, que sólo en 1982 alcanzaron los 50.000 millones de pesetas. Asimismo, dijo, la producción añadida con el nuevo TBC no podría ser absorbida por el mercado.

El ministro, en respuesta a las recientes movilizaciones de trabajadores siderúrgicos, aclaró que "no existe ningún plan para desmantelar la cabecera de Sagunto", aunque insistió que, evidentemente, habrá cierres de instalaciones porque "no pueden subsistir en un corto plazo (que el ministro fijó en el horizonte de 1990) las tres que actualmente funcionan". Representantes de Comisiones Obreras reconocieron a este periódico que las palabras del ministro "nos confirman la sospecha de que el Gobierno puede cerrar Sagunto antes de dos años".

Nuevo fondo de empleo

Carlos Solchaga anunció, por otro lado, la creación de un nuevo fondo de promoción de empleo para absorber, dentro de empresas de nuevo cuño, el excedente de plantilla que, bien por razones estructurales o tecnológicas, existe o se generará en el proceso de reestructuración. Si bien señaló que el Gobierno no ha cuantificado todavía el alcance exacto de este excedente, dijo que el porcentaje de despidos en la siderurgia integral española, que es del 13% del total de personas empleadas desde 1974, es claramente inferior a la media de la Comunidad Económica Europea (CEE), que ha sido del 32,9%.

Aquí el ministro fue particularmente crítico respecto a la inacción de la anterior Administración respecto al cumplimiento de los acuerdos de 1981. Aparte de proclamar que España lleva un retraso de "cuatro o cinco años" respecto a la reconversión del sector, dijo que los acuerdos de 1981 sólo han conseguido rebajar dos puntos (en lugar de nueve) los costes salariales; otros dos los financieros, cuando estaban previstos nueve; y, además, no se ha realizado ningún tipo de inversión básica.

Carlos Solchaga no excluyó ningún tipo de alternativas para la reconversión de las tres empresas siderúrgicas, pero de sus palabras, tanto en la conferencia de prensa como ante la comisión de seguimiento, sí puede deducirse que el ministerio tiene las ideas claras de cómo hacerla. Así, Solchaga resaltó el exceso de -capacidad de producción de las tres empresas, su desfase tecnólogico y su falta de competitividad en el exterior.

Otro tema apuntado por el ministro fue la posibilidad de que el Estado decida convertir su aportación económica en capital social al término del proceso de reconversión. Sin embargo, Solchaga señaló que esto no se hará durante el proceso de reconversión, de forma que nadie pueda decir que el Gobierno socialista "nacionaliza pérdidas". De las tres siderurgias integrales sólo Altos Hornos de Vizcaya pertenece al sector privado.

Las interpretaciones sindicales sobre los incipientes proyectos de reconversión del sector fueron dispares. Para UGT, la reunión de la comisión de seguimiento "debe serenar los ánimos de cara a la negociación. El planteamiento hecho por el ministro resulta aceptable y da a los sindicatos una mayor participación en las decisiones". Por su lado, Comisiones Obreras estimó, a través de un portavoz autorizado, que "el Gobierno no ha despejado ninguna de las dudas y se ha limitado a: pasar la patata caliente a las centrales".

Para CC OO, los deseos de concertación expresados por el ministro "no deben significar negociar a la baja acuerdos anteriores". UGT valoró positivamente la propuesta del Gobierno de crear el fondo de empleo, alternativa que prefieren sobre las jubilaciones anticipadas y otros mecanismos de compensación por despidos.