El Congreso aprueba la expropiación de Rumasa con el voto en contra de AP-PDP, centristas, Minoría Catalana y CDS

El pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer por 196 votos afirmativos, 123 negativos y dos abstenciones el decreto-ley sobre expropiación de Rumasa, y acordó su tramitación como proyecto de ley por igual número de votos favorables, dos en contra y 123 abstenciones. Contra lo que se esperaba, no fue el presidente del Gobierno, Felipe González, quien cerró el debate parlamentario sobre el decreto-ley citado, sino precisamente el líder del principal grupo de la oposición, Manuel Fraga, quien rechazó la acusación socialista de defender intereses económicos bajo la apariencia de argumentos jurídicos. Las invitaciones del portavoz de la Minoría Catalana, Miquel Roca, para que Felipe González participara en el debate, no lograron su propósito, o tal vez, desde una interpretación más acorde con el maquiavelismo del político catalán, consiguieron disuadir al presidente.

En apoyo de la convalidación del decreto ley, los comunistas y el PNV se alinearon junto a los socialistas. En contra, además del Grupo Popular, se situaron la Minoría Catalana, el Grupo Centrista y los dos diputados del Grupo Mixto pertenecientes al Centro Democrático y Social. El mismo bloque que votó en contra de la convalidación se abstuvo en la votación favorable a la tramitación del decreto ley como proyecto de ley. El alcance de esta tramitación es que, sin perjuicio de la vigencia desde el primer momento, del decreto ley convalidado, las Cortes generales podrán introducir modificaciones en su texto y, una vez promulgado como ley, derogará el inicial decreto ley.El debate de ayer fue reiterativo, tanto en los aspectos económicos como en los jurídico-constitucionales, punto débil este último del decreto ley a debate. El portavoz centrista, José Miguel Bravo de Laguna, dijo suscribir la intervención de Miguel Herrero, lo que suscitó risas en los escaños socialistas, frente a las que el presidente de la Cámara, Gregorio Peces Barba, amparó al diputado centrista, tras respaldar, con expresivos gestos afirmativos con la cabeza, la afirmación de Bravo de que su grupo tiene derecho a adherirse "a lo que considere conveniente".

Miquel Roca terminó su intervención solicitando, con grandes dosis de ironía, que el presidente del Gobierno subiera a la tribuna de oradores y se dirigiera, no sólo a la Cámara -Roca tenía presente la retransmisión del debate a través de RTVE- sino al conjunto de los ciudadanos, para transmitirles un mensaje de confianza. Añadió que este ruego no le interesaba hacerlo desde un punto de vista partidista, pero sí para contrarrestar la sensación de desánimo producida por la expropiación de Rumasa en la sociedad española.

En la réplica de Miguel Boyer, el ministro de Economía y Hacienda contestó, sonriente, que la anticipación de la posible intervención del presidente del Gobierno había sido tan buena por parte de Roca "que no sé si dispensa al presidente de repetirla". Roca insistió en que se trataba meramente de un ruego y de una oportunidad para las dotes de comunicación y de convicción que son atributo de Felipe González. Terminado el debate y la votación, Miquel Roca se acercó a la cabecera del banco azul y ambos políticos se saludaron cordialmente.

Roca denuncia el 'endoso' al Tribunal Constitucional

El portavoz de la Minoría Catalana anunció que no quería extenderse demasiado en los argumentos jurídicos ("No quiero estimular la intervención del ministro de Justicia", dijo, y ante las risas de los diputados, precisó: "Yo no he dicho nada"). Manifestó que la discusión producida en la Cámara, en muchos de sus puntos, es más propia de discursos y artículos jurídicos, y acusó al Gobierno de utilizar el pretexto del debate sobre la constitucionalidad o no del decreto ley "para endosarle al Tribunal Constitucional una decisión política, y eso no es bueno", manifestó con tono tajante el diputado catalán.

Roca aseguró que el Gobierno no necesitaba el decreto ley para realizar el saneamiento de un grupo de empresas, como, según dice, es su propósito. Afirmó que, además de innecesario, el decreto ley crea inseguridad para mucha gente, y de ahí que más tarde pidiera al presidente del Gobierno que restableciera la seguridad general. Negó que el tema de la inconstitucionalidad pueda despacharse con el argumento de que se trata de una cuestión formal, porque "para quienes hemos luchado por el Estado de derecho, el tema de fondo no es Rumasa, sino saber si se le ha dado una solución adecuada".

Señaló que el decreto ley no afecta remotamente al derecho de propiedad, como se había manifestado por el Gobierno, sino a su propia esencia, "ya que estamos legitimando su pérdida". Roca negó legitimidad suficiente a los asesores jurídicos invocados por Miguel Boyer, porque estimó que para el Gobierno no hay otros asesores que el Consejo de Estado. Recordó que ni siquiera se había producido un informe de la Dirección General de lo Contencioso del Estado, sino la opinión de unos meros asesores pertenecientes a esa dirección general.

En cuanto a las responsabilidades criminales aducidas por el ministro de Economía y Hacienda, Roca destacó que el mismo día de la vigencia del decreto, en la conferencia de Prensa para informar sobre él, se negó que existieran tales responsabilidades. En definitiva, Roca estimó que lo procedente habría sido un proyecto de ley, junto a medidas urgentes que deberían de haberse apoyado en la legislación vigente sobre expropiación. Estimó que, sin la existencia de datos fehacientes, la expropiación realizada por el Gobierno se había producido "por si acaso" o "por intuición", lo que crea una grave in eguridad jurídica, ya que podría haber ocurrido que no se hubieran confirmado las intuiciones gubernamentales. En todo caso, aseguró que existía en la sociedad una sensación, e insistió en este término, de que detrás de la expropiación existía un cierto pique personal, que había llevado al ministro a decir algo muy peligroso en política: "Basta, se van a enterar".

Silva, el fuero y el huevo

La penúltima intervención correspondió al socialista Pedro Silva-Cienfuegos, quien insistió en que el derecho de propiedad está sujeto a su función social y que la libertad de empresa también está conectada con dicha función. Citó una sentencia del Tribunal Constitucional para argumentar que los poderes públicos no pueden inhibirse ante el ejercicio antisocial del derecho de propiedad, sino que por el contrario deben adoptar una actitud beligerante en favor de esa función social.

Respaldó la actitud del Gobierno, por haberse dedicado a gobernar, aunque la derecha política se alarme "no por la violación de la Constitución, que tampoco se produce, sino porque ha dejado de estar en riesgo la función social de la propiedad". Insistió en esta idea, que le mereció varios aplausos de sus compañeros de grupo, y terminó afirmando que "bajo el pretexto de la defensa del fuero, se ha defendido el huevo de los intereses concretos". Estas palabras provocaron la intervención de Manuel Fraga, para manifestar la protesta de su grupo por los intentos de "descalificación de nuestros argumentos, por estimarse que no son de buena fe, sino que solo defienden intereses, afirmación falsa". Peces Barba aseguró a Fraga que quedaría constancia en el diario de sesiones y seguidamente puso fin al debate y sometió a convalidación el decreto ley.