Los empleados del Banco de los Pirineos se encierran para exigir la nacionalización

Alrededor de sesenta empleados y directivos del Banco de los Pirineos pertenecientes a las agencias de Lérida, Gerona, Barcelona y Madrid permanecían ayer tarde encerrados en las dependencias de la entidad en reivindicación de garantías a la Administración sobre la estabilidad de sus puestos de trabajo. Como medida alternativa, los empleados solicitan la nacionalización de la entidad bancaria y consideran que han sido discriminados con, respecto a los trabajadores de los bancos de Rumasa expropiados por el Gobierno.

El encierro, convocado con carácter indefinido, se inició el lunes en la sucursal de Lérida, en cuyo interior se encuentran un total de diez trabajadores, entre los que se hallan cuatro apoderados.Humberto-Ruiz, administrador judicial del Banco de los Pirineos, que se encuentra actualmente en suspensión de pagos, declaró ayer que el Gobierno efectúa un trato discriminatorio a la entidad, con respecto a sus actuaciones en otros entidades bancarias en crisis, como el Banco Urquijo, Banca Catalana y Rumasa. El administrador, sin embargo, conminó ayer tarde a los trabajadores a que abandonaran de inmediato su actitud de encierro y anunció que, en caso contrario, solicitaría la intervención de la fuerza pública.

Fuentes de los empleados de la agencia de Lérida manifestaron que anoche estaba prevista una reunión entre tres representantes de la oficina central del Banco de los Pirineos en Gerona y un alto directivo del Banco de España, José Juanjol, para tratar la cuestión. Los empleados solicitaron asimismo una entrevista con el Defensor del Pueblo que podría llevarse a cabo la próxima semana y manifestaron que "si la visita al señor Juanjol no da ningún resultado, iremos a hablar con el ministro de Trabajo. A él ya le hemos enviado un telegrama, así como a otros miembros del Gobierno y al rey Juan Carlos". Entre las soluciones exigidas, sé encuentra la nacionalización del Banco o su entrada en el Fondo de Garantía.

El Banco de los Pirineos se encuentra actualmente siguiendo el proceso de la suspensión de pagos, en una declarada "insolvencia definitiva". El convenio a formalizar por los acreedores está ya pactado y a punto para ser puesto a aprobación, según fuentes solventes. A pesar de que el banco no está en el Fondo de Garantía, el Estado ha invertido ya en él unos 3.000 millones de pesetas en indemnizaciones a clientes que tenían ingresadas cantidades inferiores a 1.500.000 pesetas.

Quince meses después de la suspensión de pagos, la plantilla inicial del banco, 120 empleados, ha quedado reducida a 61 trabajadores distribuidos en las oficinas de Gerona, Barcelona, Lérida y Madrid. "No hemos dejado de percibir nuestro salario en ningún momento, pero han quedado anuladas todas las mejoras y las ayudas para estudios y congeladas las retribuciones". Los empleados encerrados que ya pasaron la noche del pasado lunes en la oficina de Lérida atienden al público normalmente durante el horario normal.