Los 38 trabajadores de Ignacio Soria llegaron a Burgos

Los trabajadores de la empresa Ignacio Soria, de Pamplona, que hace diez días iniciaron una marcha hacia Madrid para exigir ante el Ministerio de Trabajo que no aceptase el expediente de rescisión de contratos que dejaría a toda la plantilla en la calle, llegaron a Burgos, donde fueron recibidos por gran número de personas.Los 38 trabajadores que componen esta marcha llegaron con visibles signos de cansancio y, muchos de ellos, con catarros y resfriados. Algunos comentaron a este periódico que los tres últimos días de marcha habían sido partícularmente duros, debido al frío y a las intensas y continuas lluvias que se han registrado en la provincia de Burgos por estas fechas. A causa de estos problemas, tres componentes de la marcha se encontraban imposibilitados de continuar a pie, y las próximas etapas las harán a bordo de la camioneta que hace el seguimiento de la marcha de protesta.

No obstante, según manifestó César Izco, uno de los trabajadores, la moral sigue siendo alta, debido en gran parte a la buena acogida y a las muestras de solidaridad recibidas a lo largo de toda la marcha. Esta es la séptima etapa de un recorrido que empezó el día 15 en Pamplona, para seguir por Lesaca, Rentería, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Miranda y Burgos.

Los trabajadores de Ignacio Soria iniciaron esta marcha a pie cuando llevaban ya 57 días de huelga y el impago de las nóminas de noviembre, diciembre y enero.

Manifestaciones previas

Antes de tomar esta decisión habían realizado diversas manifestaciones en Navarra, así como entrevistas con autoridades, sin conseguir nada positivo. "Por eso, esta marcha fue el último recurso para impedir que la empresa pusiese en la calle a las 525 personas que formamos la plantilla", señala Alfredo Larreta, quien añade que esta decisión es injustificable. "La empresa tiene trabajo a punta y pala; pero, al no haber invertido una parte de sus beneficios y no querer plantilla fija, nos despide a todos.La empresa está en condiciones de ponerse en marcha en cualquier momento. Bastaría con que obligasen al dueño a poner 150 millones de pesetas o que el Gobierno le facilitara un crédito-puente de la misma cantidad".