Rumasa, el Gobierno y la iniciativa privada

LOS INTENTOS de presentar la expropiación de Rumasa como el comienzo de una ofensiva del Gobierno socialista contra la iniciativa privada o como las vísperas de la progresiva estatalización de la economía española han chocado frontalmente con la declaración de Miguel Boyer de que es intención del Gobierno devolver las empresas del holding, una vez saneadas, al sector privado. El temor a peligrosas contramaniobras patrimoniales o a evasiones de divisas a través de sociedades instrumentales, la posibilidad de una estampida de depositantes que debilitara la confianza global en el sistema financiero y la voluntad de impedir un cierre patronal que pusiera en la calle a varias decenas de miles de trabajadores figuran presumiblemente entre las causas de la fulgurante expropiación adoptada por el poder ejecutivo. De esta forma, la decisión del Gobierno parece hallarse mucho más cercana a la solución de emergencia dada a un problema de orden público que a una medida de corte radical orientada a modificar la estrategia socialista respecto al equilibrio entre los sectores público y privado de nuestra economía.Las empresas industriales y de servicios del grupo Rumasa no ocupan en la economía española ese lugar estratégico que permitiría concebir su nacionalización como un instrumento adecuado para que el Estado lo empleara como palanca en la dirección y planificación de la actividad económica. A este respecto, es necesario distinguir entre los bancos de Rumasa, cuya incorporación al sector público no sería incongruente ni con el programa socialista ni con la realidad española actual, y las empresas del holding, la mayoría de las cuales ofrecerían, por sus propias características, dificultades insalvables para ser gestionadas de manera eficiente y competitiva por el Estado. Parece, así, que la gestión pública tendrá que limitarse a sanear las empresas del holding, con cargo a los Presupuestos Generales y mediante un aumento del déficit, en la esperanza de que los grupos privados puedan adquirirlas en su día liberadas de gravámenes. El Estado se encuentra, por consiguiente, frente al ruinoso dilema de convertirse en un Estado-enfermero, encargado de curar empresas para que otros las disfruten en el futuro una vez dadas de alta, o en un Estado-patrón, titular de por vida de compañías deficitarias. Si el Gobierno se viera forzado a incorporar las empresas inviables de Rumasa al sector público, agrandaría el cementerio de compañías en pérdida instalado en los números rojos del INI. Los contribuyentes serían entonces quienes corrieran con los gastos de socializar las pérdidas privadas. Pero, si el desguace del holding se resolviera en la adquisición por la iniciativa privada de las empresas rentables, es lógico suponer que los compradores tratarían de aprovecharse de la debilidad del vendedor -un Estado que no desea retener, con excelentes razones, esas sociedades en su patrimonio- y que el tránsito de las compañías en crisis por el hospital público también tuviera que ser abonado por los contribuyentes.

Estas reflexiones, que pueden significar un jarro de agua fría sobre la extendida sonrisa popular ante la medida expropiatoria, aconsejarían rebajar la euforia, básicamente ideológica, con la que algunos sectores han acogido la nacionalización de Rumasa. Lejos de significar un viraje o una inflexión de la política gubernamental, la decisión añade un sumando más a esa dolorosa. cuenta de empobrecimiento colectivo, pérdida de competitividad y riesgos para el empleo que la crisis económica mundial, la mala administración de Gobiernos anteriores y la ineficiencia de la gestión en abundantes sectores empresariales privados nos han legado. La ilusión populista o el terror conservador a que la expropiación del holding signifique una nacionalización progresista es una forma de hacer de la necesidad virtud (izquierdista) o vicio (derechista). La medida, en cualquier caso, refuerza la extendida convicción de que el Gobierno de Felipe González está dispuesto no sólo a sanear la moralidad pública, sino también a impedir que la gestión desastrosa de los negocios privados reserve los beneficios a sus irresponsables propietarios y las pérdidas a los contribuyentes. Este punto de vista ofrece buen número de argumentos en favor de la decisión adoptada.

Subsiste, en cualquier caso, la sospecha de que las imprudentes declaraciones de Miguel Boyer el viernes de la pasada semana pusieron en marcha o reforzaron considerablemente la férrea cadena causal que obligó al Gobierno a adoptar esa drástica decisión. También se puede formular la hipótesis de que la réplica verbal de Ruiz-Mateos al ministro de Economía y Hacienda, tres días después, hizo funcionar el resorte del prestigio ofendido del Gobierno, demasiado propenso a resolver algunos problemas no por su contenido intrínseco, sino por su planteamiento formal como pulso o desafío al Estado. Conviene observar, a este respecto, que la credibilidad democrática del Gobierno de Felipe González no recibe ninguna ayuda de la jactanciosa forma con la que algunos cargos públicos colocan encima de la mesa -como si fueran personalmente suyos- los diez millones de votos obtenidos por el PSOE para contestar a quienes critican sus decisiones concretas o sus conductas.

De añadidura, el Gobierno tendrá que explicar a las Cortes Generales si ese problema de orden público creado por el pánico suscitado en torno a Rumasa en la última semana hubiera podido tener soluciones alternativas menos dramáticas. Las serias dudas sobre la constitucionalidad del decreto-ley de expropiación de Rumasa, que no es una decisión administrativa respaldada por una norma general, sino una nueva disposición con rango de ley promulgada para llenar un vacío jurídico, fuerzan a preguntarse las razones por las que el Gobierno no recurrió a la intervención del grupo bancario por el Fondo de Garantía y a la incautación de las empresas al amparo del artículo 128 de la Constitución. Esas medidas cautelares hubieran permitido que la posterior expropiación fuera adoptada por las Cortes Generales tras el correspondiente debate, evitando que las cámaras de TVE se subrogaran en las funciones del Parlamento. De añadidura, la precipitación de la medida y la tosquedad con que fue redactado el decreto-ley han dejado al Gobierno en la desairada situación de tener que desdecirse, en el propio Boletín Oficial del Estado, de sus primeras palabras, nacionalizando y desnacionalizando empresas con veinticuatro horas de diferencia.

Ninguna de estas críticas sobre el procedimiento exoneran a Ruiz-Mateos de sus gravísimas responsabilidades, ni tampoco ponen en duda que la intervención estatal del holding fuera una medida inevitable. A estas alturas parece bastante claro que el nivel de riesgos de los bancos de Rumasa, la heterodoxia de su comportamiento y las irregularidades detectadas hacían aconsejable algún tipo de intervención por parte del Gobierno. Nuestras observaciones significan simplemente que, así como no se debe permitir que los negocios se administren de cualquier manera, tampoco es aceptable que el Gobierno actúe a su aire, saltándose eventualmente los delicados mecanismos constitucionales. En un sistema democrático y en un Estado de derecho, las formas tienen idéntico valor que los contenidos cuando la salvaguardia de las libertades y la protección de los derechos andan en juego.

Muchos ciudadanos esperan con interés ese debate parlamentario para encontrar respuestas claras y convincentes a una serie de preguntas todavía no despejadas. ¿Cuál va a ser el monto total, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de la operación de expropiación de Rumasa? ¿Es concebible que semejante castástrofe haya sido producida exclusivamente por la mala gestión administrativa de sus directivos, sin responsabilidad alguna de las autoridades públicas de otros Gobiernos, anteriores o posteriores a la Monarquía constitucional? ¿No existe la más mínima presunción de comportamientos delictivos en las actividades de quienes erigieron ese castillo de naipes? ¿Y por último, ha padecido Ruiz-Mateos las consecuencias de ser un advenedizo, rechazado por el establecimiento financiero e industrial, y se le ha otorgado (con independencia de sus propias e intransferibles responsabilidades) un trato discriminatorio con respecto a otros bancos y empresas en crisis?