Terremoto en las finanzas

La campanada del Consejo de Ministros de expropiar los bancos y las sociedades del holding Rumasa, después de una larga cadena de rumores, desmentidos y réplicas entre el presidente del grupo y la Administración, ha significado un terremoto en el mercado financiero español. Las reacciones, como era de esperar, han sido polémicas. Pero, en contra de lo que ciertas opiniones quieran hacer creer, en ningún caso el Gobierno -ni siquiera la actual izquierda española en su conjunto- ha postulado jamás la supresión de la economía de mercado ni la estatalización de la actividad productiva. El Estado está obligado a ser no sólo un buen administrador de servicios y simple orquestador de políticas económicas, como sostienen ciertos sectores, sino que debe actuar con un fin social, por encima del simple afán de legítimo lucro de la empresa privada, protegiendo los intereses nacionales, mucho más generales y amplios que los estrictamente empresariales.Si el Ejecutivo tenía sobrados y comprobados motivos para pensar que el grupo Rumasa estaba pisando sobre un pantano de arenas movedizas -y el ministro Boyer dio ayer razones contundentes-, a nadie puede extrañar que se decidiera la expropiación de un colectivo de empresas, industrias y sociedades por cuyas manos pasa casi el 2% de la riqueza nacional. Lo contrario hubiera supuesto una dejación de la acción pública y un grave riesgo para la economía española, para quienes pusieron sus capitales en los bancos o sociedades del grupo y para los propios empleados que trabajaban en el holding.

, 25 de febrero.