El '23 de febrero' de José María Ruiz-Mateos

A las 0.54 horas, un inspector del Cuerpo General de Policía, acompañado por dos números de la Policía Nacional, materializó la intervención pública de la sede central de Rumasa, en el número 41 del paseo Recoletos, de Madrid. En un bloc tamaño folio, los tres funcionarios se dispusieron, "siguiendo órdenes del Ministerio del Interior", a anotar los números y nombres de los carnés de identidad de las personas que entraban en el edificio.Numerosos directivos y empleados del holding que, tras escuchar la última edición del telediario acudieron a la sede central, protestaron la acción de los tres funcionarios que, en pocos minutos, se vieron incrementados en número con varias dotaciones de la Policía Nacional. "Esto es ilegal; el decreto (de intervención) no ha salido todavía en el Boletín Oficial del Estado".

Tanto dentro del edificio como fuera, la aglomeración de personas, en su mayoría periodistas, alcanzaba a varios centenares, en una atmósfera que hizo recordar a muchos la misma noche hace dos años, en el hotel Palace. "Los 23 de febrero son fatídicos en España", manifestó Eduardo Tarragona, diputado de AP.

Isidoro Ruiz-Mateos, acompañado de su mujer, declaró que "José María no está detenido como se ha comentado. Ha estado trabajando en su despacho, porque el capitán nunca abandona su barco. Mi hermano nunca abandonará España. A las tres de la madrugada se ha ido a dormir, aunque dudo que pueda conciliar el sueño". "Esto es un auténtico golpe de Estado", comentaba, irritado y con los ojos en rojo, un alto directivo del holding, que, interrogado por su nombre, aclaró que todos los empleados tenían órdenes expresas de no comentar nada con la Prensa. Sólo Emilio González Navarro, jefe de Prensa de Rumasa, declaraba en público, primero que "habrá un comunicado oficial cuando llegue el presidente" y, luego: "el presidente está en paradero desconocido".