Una política para la ciencia en España

Tradicionalmente, la sociedad, la cultura y la Administración españolas se han desentendido de la ciencia. La investigación científica y técnica se ha considerado como un lujo o como una actividad marginal, que no ha merecido una adecuada atención por parte del poder público o de las empresas privadas. Sin embargo, en los últimos tiempos se han producido algunos movimientos de toma de conciencia, tanto entre los profesionales agrupados en los centros públicos de investigación como entre la clase política. De los primeros citaré sólo dos ejemplos: el informe sobre Situación y perspectivas de la investigación pública española, elaborado por los principales responsables de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), que se publicó el pasado mes de julio, y el libro de reciente aparición Apuntes para una política científica (Dos años de investigación en el CSIC: 1980-1982), que constituye un documento de excepcional importancia para conocer la evolución que ha experimentado en los últimos tiempos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el nuevo equipo directivo, bajo la presidencia de Alejandro Nieto.Respecto a la creciente sensibilidad de la clase política ante el tema de la investigación, citaré tres ejemplos. En primer lugar, el hecho incuestionable de que los últimos ministros de Educación y Universidades han demostrado un notable interés por la política científica, aumentando las dotaciones económicas de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, iniciando el inventario de los recursos científicos del país, preparando sendos proyectos de ley sobre ciencia y tecnología, etcétera. Un segundo dato interesante ha sido la publicación, el 25 de junio pasado, del dictamen de la comisión especial del Senado para el estudio de los problemas que afectan a la investigación científica española, aprobado por unanimidad en, la Cámara Alta.

Por último, está el hecho significativo de que en el programa electoral del PSOE figure todo un capítulo dedicado al tema de la investigación, en el que se recogen los puntos fundamentales de lo que será la política científica del nuevo Gobierno.

Así, pues, la situación es esperanzadora. Sobre todo si se tiene en cuenta que, más allá de la diversidad de opciones políticas o de las peculiaridades de la situación de cada centro de investigación, en todos los casos citados se puede constatar una coincidencia de planteamientos e incluso de apuntes de solución a los problemas de la política científica.

Cabe, en efecto, señalar como mínimo los siguientes puntos de coincidencia, a partir de los cuales se puede diseñar una política nacional de la ciencia y de la técnica a medio plazo:

1. Todo el mundo reconoce la escasez de recursos económicos y humanos que se dedican en España a la investigación. De acuerdo con cifras ya sabidas, pero que quizá habría que contrastar con los datos de los últimos años, el porcentaje del PIB que se destina en España a investigación no pasa del 0,4%, lo que coloca a nuestro país en el furgón de cola de los países desarrollados. El programa del PSOE se fija como objetivo cuantitativo doblar este porcentaje a lo largo de la presente legislatura.

2. Está también generalizado el convencimiento de que, si escasos son los recursos de que se dispone, más escasa es aún la racionalidad y la eficacia en el empleo de esos recursos. Y existe también una amplia coincidencia al señalar los puntos negros de la organización de la investigación en España, así como el tipo de soluciones que se requieren para eliminarlos: por una parte, se requiere una profunda reforma estructural y administrativa que contemple la posibilidad de una mejor coordinación de los diversos organismos que se dedican a la investigación y que les dote de una mayor flexibilidad, autonomía y capacidad de gestión; por otra parte, es imprescindible la definición de una política de investigación a medio plazo que fije los objetivos prioritarios de interés nacional y permita una planificación racional de todo el sistema. Así, pues, reforma estructural, definición de objetivos y articulación de toda la política de la ciencia, desde criterios de racionalidad, eficacia e interés nacional, constituyen la clave de toda futura política científica.

3. Por último, existe también un amplio acuerdo respecto a la necesidad de lograr una mayor integración del sistema de la investigación científica y técnica con el sistema productivo, por una parte, y con la cultura y el sistema educativo, por otra. Lo primero es esencial porque la posibilidad de que la industria, la agricultura y los servicios, es decir, la economía del país, se beneficien de la investigación es una de las razones básicas para pedir a la sociedad que financie los costes de una política científica de largo alcance. Lo segundo es igualmente importante porque, sin un medio cultural y educativo adecuados, la ciencia difícilmente va a poder desarrollarse y crecer, porque, además, el enriquecimiento de la cultura científica del país es en sí mismo un bien social.

Las dificultades

La existencia de este amplio acuerdo sobre temas básicos y la disponibilidad del nuevo Gobierno para afrontar con decisión y eficacia el tema de la política científica definen una situación inédita en la historia de España que nos permite mirar al futuro inmediato con esperanza. Pero para que esta esperanza no se vea frustrada será necesario superar todavía muchas dificultades. Señalaré aquí las tres que me parecen más importantes:

1. Una gran parte del sistema de la investigación científica depende de las universidades. Es cierto que el tipo de investigación que en ellas se lleva a cabo difiere, por su carácter básico, del tipo de investigación que predominantemente se hace en los OPI. Pero también es cierto que la universidad es esencial para la formación de los futuros investigadores, que las fronteras entre la investigación básica y la aplicada no siempre son nítidas y que, en todo caso, para garantizar un desarrollo sostenido de la ciencia aplicada es imprescindible que se potencie también el desarrollo de la ciencia básica. Parece, sin embargo, que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el Consejo y en otros OPI, en las universidades no existe -salvo honrosos casos aislados- el mismo nivel de conciencia respecto a la necesidad de definir una política científica global para el país. Si esta apreciación es correcta, la situación podría llegar a ser grave, porque cualquier programa de relanzamiento de la investigación que no contara con la cooperación activa de las universidades experimentaría, tarde o temprano, una yugulación insalvable. Habría, pues, que hacer una invitación a las universidades para que se sumaran a este amplio movimiento autocrítico y de revisión de su propio papel en la política científica del país.

2. Otro de los puntos críticos de la futura política de la ciencia y de la técnica va a estar, sin duda, en el sector privado. La participación de las empresas privadas en la investigación española ha disminuido durante los últimos anos y en la actualidad es prácticamente insignificante. Es cierto que en una época de crisis económica les tiene que resultar difícil dedicar recursos a una actividad cuya rentabilidad no es ni inmediata ni segura. Aquí, el sector público tendrá que seguir cargando con la mayor cuota de responsabilidad, y la participación del sector privado en la investigación tendrá que descansar en fórmulas de cooperación con los organismos públicos. Pero para ello es preciso que las empresas cambien en buena medida su mentalidad, que sean al menos capaces de generar una demanda sostenida de innovación tecnológica y de participar con el sector público en el crecimiento de la investigación.

3. Por último, hay un punto difícil para la futura política científica del país, derivado del proceso de construcción del Estado de las autonomías. Frente a lo que a veces se ha dicho, estoy convencido de que la eficacia del sistema de investigación de un país no siempre aumenta con la concentración de recursos, la jerarquización de las estructuras y el centralismo a ultranza. Por consiguiente, la definición de una política científica nacional no debería ser incompatible con la transferencia de determinados organismos y competencias del Estado a las comunidades autónomas. Pero, por otra parte, es evidente que en este campo cualquier esfuerzo en pro de la coordinación de todo el sistema redundará en una mayor productividad de éstos. En este asunto, como en tantos otros de la política española actual, es preciso lograr un equilibrio entre la autonomía de los diversos componentes del sistema y su necesaria coordinación nacional.

Para que la futura política científica se asiente sobre una base sólida y duradera, es deseable que el acuerdo que hoy ya existe sobre puntos fundamentales se amplíe y se profundice en relación con esos puntos problemáticos que acabamos de señalar. La experiencia de la pasada legislatura, en que una comisión especial del Senado logró definir con gran acierto los problemas básicos y de carácter general que afectan a la investigación en España, debería continuarse en la presente legislatura, intentando que una nueva comisión de similares características sirviera como catalizador de ese proceso de profundización en el conocimiento de los problemas y de .convergencia de opiniones y de propuestas políticas que tan necesario va a ser si se desea de verdad que en la política científica del país se produzca también ese cambio que la mayoría deseamos.