Funcionanos contratados

1. En la Administración local, el decreto de 1981 que reguló la representación sindical de los fúncionarios no permitió la presenta.ción como candidatos en las listas a los contratados. Ello ha supuesto qué en la situación actual, y a las puertas de una negociación Gobierno-sindicatos, nos veamos privados de una voz propia que sostenga una alternativa específica para nuestra especial situación.

2. Que en la Administración -local, todos los contratados actuales lo hemos sido con unas corporaciones democráticas, ya que en 1977 y 1978, al amparo del Real Decreto 3.046, se convocaron oposiciones restringidas para los entonces contratados.

3. Que nuestra situación como trabajadores es manifiestamente discriminatoria, tanto por tener unos sueldos muy inferiores al funcionario de carrera como por recaer sobre los contratados las tareas más arduas y exigírsenos un estricto cumplimiento bajo la amenaza de la rescisión unilateral del contrato.

4. Que nos creemos, por tanto, légitimados para exigir de las corporaciones que nos han prorrogado o renovado los contratos la convocatoria y acceso a oposiciones restringidas de las plazas que ocupamos. Y ello con la seguridad de que, de existir una ínfima minoría de incapaces o enchufistas contratados, nunca podrían superar unas pruebas de cuyo control y limpieza podrían velar las corporaciones.

5. Que lás características de oportunismo político'y contratación innecesaria que se predican de la Administración central no son propias dela local, ya que los acuerdos sobre contratación de personal han de contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación.

Esperemos, pues, que las cen.trales sindicales sepan recoger en sus justos términos y defender con entereza la convocatoria de oposiciones restringidas para los contratados al servicio de la Administración. No duda de que nuestro trabajo, méritos y experiencia serán razones que pesarán en cualquier alternativa de solución, y que aquellos que logren acceder a la condición de funcionarios no serán nunca una rémora que impida avanzar hacia una Administración más concertada que autoritaria, y donde el poder burocrático sea sustituido por la participación ciudadana en la cosa pública. /