Empresarios piratas

LOS ESPAÑOLES ya no cabemos de asombro ante el escándalo que está emergiendo en Barcelona en torno al fraude a la Seguridad Social. De un total de veintinueve encarcelados, más de veinte son empresarios o directivos de firmas conocidas, y algunos de ellos, personas que han gozado de mucho prestigio en los últimos años. Otro de los detenidos es un asesor fiscal. Dos inspectores de Trabajo, Graciniano Gómez Catón y Ramón Ballesteros, considerados como principales artífices del asunto, se hallan en paradero desconocido. Parece que la investigación continúa en otras empresas. Por lo que respecta al dinero, por lo menos 2.000 millones de pesetas han sido desviados de la tesorería de la Seguridad Social hacia lugares ignotos. Estos son algunos de los datos que configuran el gigantesco fraude. La novedad es que va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados un tipo de personas que hasta ahora, habitualmente, no sólo no pensaban que podía llegarles el momento de responder de sus responsabilidades, sino que solían considerar como habilidad, si no mérito, la elusión de sus obligaciones para con la Seguridad Social.El caso indica el grado de podredumbre existente en algunos focos de la Administración heredada de anteriores Gobiernos y la falta de conciencia e inmoralidad de los implicados, así como el carácter expansionista de este tipo de prácticas. El fraude, en efecto, funcionaba a modo de círculos concéntricos. En el primero de ellos se hallaba un funcionario dispuesto a entenderse con algún hombre de empresa para liquidarle las cuotas de Seguridad Social por cantidades inferiores a las legalmente establecidas. En el segundo, unos intermediarios -como algunos gestores y algunos graduados sociales- proclives a aconsejar a otros empresarios a repetir esa práctica. El tercer círculo estaba formado por la voz que corre, el secreto a voces, por el que se sabía que, engrasando suficientemente la máquina, las cuotas a la Seguridad Social quedaban convertidas en limosnas propias de un domingo de Cuaresma.

A partir de este esquema, lo que era una suma de irregularidades parece que ha llegado a convertirse, por su magnitud, en un verdadero atentado a la moralidad pública y en una vulneración dolosa de la ley. El daño realizado por los desaprensivos que pretendían enriquecerse a costa de su cargo es seguramente menos grave en el capítulo económico, aunque sean muy importantes las cantidades defraudadas, que lo que significa la ruptura de las reglas de la ética, tanto de la función pública como de la empresarial. Contra quienes ridiculizan el reto de la modernización de esta vetusta Administración manifestando que "a partir de ahora seremos pobres, aunque honrados", debe recordarse que la auténtica riqueza ni puede ni debe provenir del despojo. Antes éramos igual de pobres, pero una clase de piratas era casi venerada como parte de la clase dirigente. Quizá está en la competencia desleal que el fraude ha supuesto para unas empresas y empresarios la razón del hundimiento económico de quienes han cumplido escrupulosamente sus deberes con la Seguridad Social, y el efecto desalentador que implica esta evidencia le hará un daño irreparable a este país.

No cabe exigir de las autoridades más que una actuación inflexible y certera. El expediente -rápidamente tramitado por el Ministerio a principios del pasado mes de enero- contra los funcionarios supuestamente culpables y el traslado automático de las actuaciones administrativas a la fiscalía para el análisis de sus posibles derivaciones penales constituyen el único tratamiento que cabía darle al asunto. Algunas voces de la derecha y de sectores empresariales reaccionarios intentan restar importancia en este caso al cumplimiento del deber empresarial para con la Seguridad Social. Con este proceder se desautorizan a sí mismas, ya que, en definitiva, están enarbolando en la práctica el mismo tipo de conclusiones que los propios delincuentes y su misma laxitud ética. Pero es que, además, hacen un serio daño al prestigio y a los intereses de los miles y miles de empresarios respetuosos con la ley, y que luchan a veces en difíciles condiciones por salvar a sus empresas sin burlar sus obligaciones.

Otra consideración afecta a la posibilidad de que haya existido alguna precipitación en el descubrimiento público de estos manejos. El fraude ha sido posible porque existía el caldo de cultivo del descontrol de la gestión económica de la Seguridad Social. No sería de extrañar que lo detectado en Barcelona se haya producido en otras ciudades españolas. En esa hipótesis, la revelación pública de los primeros resultados, antes de finalizarse todas las investigaciones, puede afectar negativamente a posteriores indagaciones e incluso a la desaparición de algunas de las personas implicadas. Pero, una vez el tema se encuentra en la calle, conviene suministrar exhaustivamente la información. Es preciso recordar la lamentable experiencia del período político anterior, cuando las listas de contribuyentes de Hacienda se trocaron en listas de infractores y, en el camino de la progresiva restricción de datos a la opinión pública, estas últimas sólo vieron la luz en una ocasión.

La ausencia de una información completa sobre las empresas defraudadoras -y, en todo caso, sobre las que habían sido nuevamente requeridas al pago y habían agotado sus plazos de contestación- no ha producido ningún bien. La falta de información fiable, combinada con el candor de algunos medios que se han dejado intoxicar con una lista apócrifa y falsa de empresas supuestamente fraudulentas, está creando la desorientación de la opinión pública. Esta desorientación, buscada por los artífices del fraude y aprovechada por algunos medios patronales para desviar el asunto de fondo hacia una nueva crítica de la irresponsabilidad de los periodistas, es hoy el peor enemigo de los miles de empresarios y funcionarios conscientes de sus obligaciones.