Malestar entre los afectados por la riada ante la evaluación de daños hecha por la Generalitat
La valoración realizada por la Consejería de Interior de la Generalitat valenciana de los daños causados por las inundaciones ha producido malestar entre los afectados, que la consideran escasa, dentro de la dificultad de dar cifras ajustadas en relación con la catástrofe ocurrida en octubre pasado. Como informó ayer EL PAIS, mientras el juez especial que entiende el sumario de las inundaciones, Gustavo Solaz, fija una cifra provisional de 200.000 millones de pesetas, la Consejería de Gobernación da una cifra ligeramente superior a los 65.500 millones de pesetas.
En cuanto a la huelga general, convocada por las organizaciones de damnificados para los, próximos 15 y 16 de febrero como protesta por los retrasos en la percepción de las ayudas gubernamentales, especialmente por lo que se refiere a comercios e industrias, se mantiene su convocatoria. El próximo viernes se celebrará una asamblea en Algemesí para ultimar los preparativos.Por otra parte, el juez manifestó a este periódico que, probablemente el sábado o el lunes próximo, resolverá sobre los recursos de reforma presentados por los Ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, Jesús González Marín y Salvador Madrigal Sánchez, contra el procesamiento dictado por el juez como presuntos culpables de un delito de imprudencia. El cálculo de la fecha de resolución está en función de los plazos legales, para que tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal se pronuncien sobre los recursos.
El letrado que dirige la acusación particular, José Ramón Casabó, anunció su pronunciamiento contrario a aprobar los recursos, ya que en ese caso el procesamiento de los dos ingenieros quedaría sin efecto. La acusación particular solicitó no sólo el procesamiento de estas dos personas, sino también de una más cuyo nombre no se ha facilitado.
Polémica por los cálculos
Un portavoz de la Asociación de Afectados por las Inundaciones en la provincia de Valencia (AFIVA), indicaba ayer a este periódico que no comprendía cómo la consejería podía rebajar los cálculos realizados inicialmente por los damnificados en base a las cifras de los ayuntamientos, ya que no se ha realizado ningún estudio exhaustivo de este tema que permita evaluaciones más concretas. Los afectados evaluaron las pérdidas en unos 125.000 millones de pesetas, que fueron los que solicitaba como indemnización la acusación particular.El juez Gustavo Solaz, en relación con la valoración de daños de la Generalitat, manifestaba ayer a EL PAIS: "Si yo he fijado en el sumario la responsabilidad en 200.000 millones, ha sido en función de que obran en mi podeÍ todas las cartas de damnificados que me han enviado los alcaldes de los pueblos afectados. Esta cantidad podrá reformarse para ser aumentada o disminuida en función de nuevos datos con los que podamos contar en el futuro". "Yo tengo el deber de facilitarle a la Audiencia Provincial todos los elementos necesarios para que dicte sentencia en su día", dijo el juez especial. "Y no hay que olvidar que se trata no sólo de daños materiales, sino también morales".
El alcalde de Carcagente, el socialista Vicent Plá, ha calificado de desconcertantes las declaraciones del consjero de Interior, el también socialista Felipe Guardiola. Plá no ha ofrecido una evaluación global pero ha precisado que en su municipio la riada ha provocado daños por valor de 8.094 millones de pesetas. Al mismo tiempo señala que la intervención de Guardiola entra en contradicción con su formación jurídica al descalificar la opinión de un juez que actúa en un sumario que no está cerrado. Reconoce con Guardiola que los legítimos representantes de los damnificados son los ayuntamientos.
