Gobierno Civil, Diputación y Coplaco coordinan sus esfuerzos para acabar con las urbanizaciones ilegales

El Gobierno Civil, la Diputación Provincial y la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana (Coplaco) han llegado a un acuerdo para atajar y encauzar uno de los fenómenos más preocupantes de la provincia de Madrid: la proliferación, en los últimos tres años sobre todo, de múltiples urbanizaciones supuestamente ilegales, situadas en terrenos calificados como rústicos o aptos para la explotación agrícola, y que han dado lugar a numerosos conflictos de orden público y han llevado la angustia a cientos de familias modestas que invirtieron sus ahorros en la compra de las parcelas.

La plaga de parcelaciones de suelo rústico, que luego eran ofrecidas con posibilidad de construir una vivienda, se ha extendido, sobre todo, por los pueblos del segundo cinturón de Madrid. Los promotores contaban a su favor con varios factores. El primero, una legislación ambigua, con numerosas lagunas legales, sobre lo que se entendía por núcleo urbanizado. El segundo, la tradicional postura de inhibición seguida por las autoridades de Coplaco y del Gobierno Civil, que desoyeron durante meses las iniciativas de la Diputación y aseguraban, de hecho, un cierto grado de impunidad a las empresas.La victoria socialista en las elecciones generales y la consiguiente renovación de puestos en la administración provincial supuso un cambio radical. Actualmente, tanto el gobernador civil, José María Rodríguez Colorado, anterior presidente de la Diputación, como el presidente actual, César Cimadevilla, y el delegado del Gobierno en Coplaco, Eduardo Mangada, son hombres que ya sostenían de entrada ideas y planteamientos coincidentes en este tema. También la actitud de los propios compradores comienza a dar un giro apreciable: si al principio se oponían fuertemente a las medidas municipales -con lo que, de hecho, se alineaban con los promotoras-, se advierte ahora la tendencia contraria de exigir a las empresas responsabilidades por la vía judicial.

Se reconocen los derechos

En la primera reunión mantenida en el Gobierno Civil entre Rodríguez Colorado, Eduardo Mangada y Javier García Bellido, director de los servicios urbanísticos de la Diputación, se acordó afrontar el problema desde dos líneas complementarias. Por un lado, se parte de la base de reconocer y amparar el derecho de los madrileños menos favorecidos económicamente a disfrutar de una segunda vivienda en el campo, por modesta que sea, acompañada de una pequeña parcela en la que puedan tener su huerto. La comisión tripartita constituida está trabajando ya en la localización de áreas de la provincia en las que, por no afectar a terrenos de óptimo aprovechamiento agrícola o de interés ecológico, podrían destinarse a parcelación y venta.

Por otro, se adoptarán medidas de dureza contra aquellas promotoras que han hecho oídos sordos a las campañas informativas de la Diputación y a las denuncias presentadas por los ayuntamientos respectivos. José María Rodríguez Colorado declaró ayer que se están revisando todos los expedientes atrasados abiertos por presuntas infracciones, y en aquellos en que se compruebe la existencia de infracción se ordenará la paralización de las obras y se impondrán fuertes sanciones económicas, que pueden llegar hasta el tope de cincuenta millones de pesetas. Para multas superiores a esta cantidad, el Gobierno Civil elevará la propuesta de sanción al Gobierno. En estos momentos hay ya una propuesta de sanción de 75 millones.

Otro capítulo en el que los tres organismos han mostrado su conformidad es el apoyo a las autoridades municipales, también en una doble dirección: prestar asesoramiento técnico y jurídico para la apertura y tramitación de expedientes y, por otra parte, poner a disposición de los alcaldes las fuerzas de orden público necesarias para que se cumplan realmente los decretos municipales de paralización de obras sin licencia e incluso de demolición de viviendas construidas irregularmente. Hasta ahora, según palabras de Rodríguez Colorado, era impensable que un ayuntamiento modesto pudiera controlar estos aspectos con una dotación de unos pocos policías municipales.