El horizonte económico de 1983

1. El cuadro macroeconómicoCOMO CORRESPONDE al Gobierno de una moderna democracia industrial, el ministro de Economía y Hacienda ha presentado ante el pleno del Congreso de los Diputados las previsiones económicas para el año 1983. El cuadro macroeconómico cifra, en primer lugar, el objetivo básico de la actividad económica: El crecimiento de la producción total de bienes y servicios, que el Gobierno centra en un 2%.

Junto a este objetivo final se prevé un 12% en el alza de los precios al consumo a lo largo del año. Esta disminución de dos puntos en los niveles de inflación (14% en 1982) se articula con el empeño de contener el crecimiento de la cantidad de dinero por debajo del 15% durante el año (16,1% en 1982). Si se cumpliese la meta que se ha marcado la política monetaria, no habría que temer sorpresas desagradables por el lado de la balanza de pagos. La peseta mantendría su actual cotización frente al conjunto de las otras monedas y, si se produce un descenso del precio del petróleo, como parece probable, se ampliaría el margen de maniobra en la lucha contra la inflación.

El crecimiento de la producción se pretende conseguir a través de una política fiscal expansiva y del doble efecto de un crecimiento de las exportaciones junto al descenso de las importaciones. Esta estrategia, además de arriesgada, resulta difícil de armonizar. Una expansión de la actividad del sector público supone una mayor presión fiscal y, en definitiva, una carga adicional para las empresas. Además, los efectos de la redistribución de rentas, implícita en el aumento de las transferencias, vía presupuestos del Estado y de la Seguridad Social, provocan de modo primordial un estímulo al consumo que repercute antes por el lado de las importaciones que por el de las exportaciones.

En el esquema de previsiones elaborado por el Gobierno se estima, sin embargo, que la cantidad de mercancías importadas y servicios turísticos vendidos aumente en cantidad en un 5% en 1983. Este incremento es bastante ambicioso si se compara con la estimación del 0,25% de aumento para los siete grandes países de la OCDE. Pero, sin duda, la evolución de las exportaciones constituye el banco de pruebas en el que ha de demostrarse si la economía española queda o no rezagada en la dura competencia internacional. Así mismo, la exportación es el único medio de liberarnos sin nuevas cargas de la pesada hipoteca de la factura del petróleo que, como sexto importador mundial, repercute decisivamente en nuestra balanza de pagos.

La elevación del gasto público (gastos de funcionamiento de las Administraciones Públicas, excluidos los de personal e incluidos los gastos militares) es el segundo elemento de dinamismo para conseguir suscitar el crecimiento del PIB en el 2% fijado. Sin embargo, este papel más activo desempeñado por el gasto público implica un déficit, como diferencia entre sus ingresos y gastos, de 1,24 billones de pesetas. Esta cantidad no es ni más ni menos que un 40%, aproximadamente, de la recaudación impositiva del Estado de 1982. Esta magnitud, con independencia de su comparación con el déficit final de 1982, es también motivo de seria preocupación por sus posibles repercusiones en la ordenada conducción de la política monetaria y, en general, de todo el proceso económico. El déficit deberá ser financiado con el ahorro de los particulares y con el ahorro procedente del resto del mundo. En el caso de una sociedad como la española, con unos bajos niveles de ahorro, la cobertura de las necesidades de financiación del sector público, en la proporción anunciada, es un factor de encarecimiento del dinero que se tome a crédito. El recurso del ahorro exterior siempre significa aumentar nuestro ya elevado endeudamiento con el extranjero. Desde una perspectiva menos general, también sorprende la gran cantidad de recursos puestos en manos de una Administración, cuya gestión no se ha distinguido hasta el momento por la eficacia.

El Gobierno ha diseñado, así, una política económica a través de su formulación del cuadro macroeconómico. Si todos los elementos se acoplan y la economía tiende hacia el crecimiento del 2% anunciado, sin tormentas en los precios con el tipo de cambio de la peseta, no habrá motivos para revisar el rumbo trazado. Si, por el contrario, la economía encalla en los arrecifes de la inflación y el desequilibrio de la balanza de pagos, no habrá más remedio que aceptar las realidades cotidianas y corregir la estrategia elegida. Por fortuna, el descenso de los precios del petróleo y los primeros indicios de una recuperación de la economía estadounidense traen algún rayo de esperanza al sombrío panorama internacional. Si estas mejoras se hacen palpables, debemos aprovecharlas a toda costa.

2. La negociación salarial

Finalmente, se confirma la salida del humo blanco. Entre la tesis del mantenimiento del poder adquisitivo y la antítesis del beneficio empresarial se ha alumbrado la síntesis de una banda salarial del 9,5%-12,5% para 1983. El punto central de la banda, 11%, es prácticamente el mismo que resulta de sumar las cuatro cifras de las propuestas iniciales (11%-13% por los sindicatos y 10%-12% por la CEOE) y dividirlas por cuatro. Este resultado confirma que la solución pactada satisface de modo casi proporcional a las dos partes. El incremento de los salarios no se traduce en una carga intolerable para las empresas y la demanda interior de bienes de consumo no se verá reducida por una drástica compresión del poder de compra de los trabajadores. Recuérdese, además, que, debido a una serie de factores -antigüedad, horas extraordinarias estructurales, promoción profesional, etcétera-, el salario de convenio, en términos de salario por persona ocupada, registra un deslizamiento hacia arriba de unos dos o tres puntos. Esta es, al menos, la experiencia histórica de los últimos años. En definitiva, los salarios pactados para el próximo año confirmarían las previsiones gubernamentales de un ligero incremento del consumo privado en 1983, si no se producen, por supuesto, imprevistos catastróficos.

El acuerdo recoge asimismo una cláusula sobre el número de horas trabajadas y también parece incluir el compromiso de que no habrá nuevas reducciones de la jornada laboral el próximo año. La semejanza con el caso francés no hace sino confirmar el realismo de este compromiso en una época de dificultades económicas, con la correspondiente necesidad de no perder competitividad frente a otros países.

El retraso en la fecha para la revisión si el índice del coste de la vida sube por encima del 12% previsto hasta el tercer trimestre (lo que equivaldría a un aumento de los precios al consumo del 9% hasta septiembre) es también más razonable que la indiciación de los salarios con el alza de los precios ocurrida en el primer semestre. Como recuerda un reciente informe del Banco de España sobre nuestra economía en 1982, el "tipo de cláusula de salvaguardia instrumentada en al ANE resulta influida por el perfil del índice del precio: el 7,8% de aumento registrado hasta junio implicaría un 16,22% de variación del IPC a lo largo del año". La corrección efectuada resulta así mucho más neutral. Sin embargo, en el caso español, a diferencia de lo ocurrido recientemente en Italia por las correcciones aplicadas al mecanismo de escala móvil, las alzas de precios superiores al 12%, de la inflación prevista por el Gobierno socialista repercuten de modo automático y en su totalidad en la revisión salarial. En Italia se ha aceptado que no repercuta en su totalidad, con el fin de preservar el beneficio de las empresas y también con el propósito de que la inflación se vaya aproximando a los niveles medios de los países industriales.

Ahora bien, después de la mayoría absoluta conseguida por el partido socialista, y a pesar de la gravedad de la situación económica, habría constituido una gran frustración comprimir las esperanzas de una población trabajadora que confiaba, por lo menos, mantener su capacidad adquisitiva y que de la noche a la mañana se había encontrado con una contundente subida de los precios de la gasolina y de otros productos esenciales.

En última instancia, los resultados de la negociación salarial confirman los deseos de entendimiento de empresarios y trabajadores de vivir pacíficamente dentro del orden político y económico marcado por la Constitución. También ahora, además de al Gobierno, corresponde el turno a los empresarios y a los inversionistas para tratar de sacar al país de este profundo surco al que ha sido empujado por la recesión y la crisis.