Horario y reforma administrativa

Sería un grave quebranto para las esperanzas de este país que la proyectada reforma de la Administración y de la función pública, abanderada por el PSOE, empezara a desviarse por adquirir un sentido negativo y tomar una orientación meramente restrictiva y fiscalizadora.No queremos caer en el vicio tan español de la impaciencia y adoptar la postura de los que desde ya empiezan a disparar contra el Gobierno con críticas oportunistas, acusaciones superficiales o diatribas interesadas, sin esperar un período razonable de tiempo para ver cómo marchan las cosas y cómo se comportan los socialistas desde la cima del poder democráticamente conquistado. Sin embargo, la renuncia a todo lo que suene a impaciencia momentánea y descontrolada no impide que valoremos los acontecimientos tal como se van desarrollando y que intentemos interpretarlos a través de las realidades que poco a poco van emergiendo.

Desde esta perspectiva de objetividad interesa hacer algunas consideraciones sobre los primeros propósitos del PSOE en el ámbito de la llamada reforma administrativa, en especial los que afectan a la función pública. Y creemos y pensamos que se divisan en el horizonte determinados signos que no invitan precisamente al optimismo y que, por el contrario, anuncian la generación de situaciones que hay que estimar arriesgadas y peligrosas.

El colectivo funcionarial

Tenemos, por lo pronto, la sensación, compartida por muchos españoles, de que la reforma de la función pública está montada como una especie de operación de castigo contra los funcionarios, a los que se intenta enderezar para que cambien de conducta y mejoren sus niveles de rendimiento. No seremos nosotros quienes neguemos la gran necesidad de actualizar nuestra burocracia, ni quienes obstaculicemos la tarea del Gobierno en esta línea reformadora. Pero en cualquier caso nos interesa dejar bien sentado que, aceptando la urgencia de dicho empeño, consideramos que éste no irá bien encaminado si sólo se le reviste de un tono de desconfianza y represalia contra los servidores públicos. No es esta la mejor estrategia, porque, como se ha repetido hasta la saciedad, la doble transformación de la Administración y la función pública no se podrá hacer sin los funcionarios, pero tampoco contra los funcionarios.

Sin ánimo de erigirnos en abogados defensores, nos parece oportuno subrayar que para nosotros el colectivo funcionarial es uno de tantos de los que existen en el país y que arrastra los vicios y virtudes, la miserias y grandezas que poseen, en su debe y en su haber, los demás. Es utópico, por ello, exigir el funcionamiento de una Administración modélica y el comportamiento ejemplar de un funcionariado, inmersos dentro de una sociedad en la que las cotas de moralidad cívica y ética profesional son muy exiguas. Y sería una especie de milagro cotidiano, que muchos españoles desearían aun sin merecerlo, el que nuestros organismos públicos trabajaran a la perfección y el que todos los servidores estatales fueran arquetipos de santidad burocrática, en medio de una convivencia tan injusta, tan desequilibrada en el orden moral y tan abierta a la irresponsabilidad personal y social como la nuestra.

En definitiva, creemos que este país tiene, ni más ni menos, el aparato administrativo y funcionarial que se merece, y que actúa en similares niveles de eficacia que, por ejemplo, los talleres de automóviles, las industrias alimentarias o las tiendas de electrodomésticos. El profesor Alejandro Nieto ya lo advirtió en un excelente artículo publicado en 1974 y del que es oportuno recordar afirmaciones como la siguiente: "En una sociedad corrompida e ineficaz es inimaginable una Administración eficiente y honesta, puesto que, como resulta bien sabido desde antaño, no se pueden pedir peras al olmo".

Con lo anterior quiere manifestarse que, a nuestro juicio, no tiene sentido el clima creado en los últimos tiempos contra el funcionariado, que, repetimos, es un estamento profesional como los demás y que, por añadidura, como se ha puntualizado por los propios hombres del PSOE, no es responsable de los males que se le achacan y en los que, sin embargo, de alguna manera se siente involucrado. Valga por todas la opinión de un hombre tan significativo en el área administrativa del PSOE como Joan Prats, el cual ha llegado a afirmar que hasta ahora los funcionarios "han sido más víctimas que causa del mal funcionamiento administrativo".

Soluciones a la contra

Por lo demás, no deja de ser paradójico que un país como el nuestro, que durante años ha ignorado olímpicamente los problemas del personal público, de pronto haya dado un giro copernicano y de la noche a la mañana haya empezado a obsesionarse con los temas funcionariales, pero desde una óptica negativa, deformada y parcial. Parece como si el país buscara un chivo expiatorio de sus males e infortunios y lo hubiera descubierto en la burocracia, algo así como la encarnación de todos los males sin mezcla de bien alguno.

Estimamos, pues, injusta y desenfocada la visión sobre el funcionariado que hoy circula y de la que son artífices quienes, de una manera o de otra, se apoyan con exclusividad en el tema del horario y las incompatibilidades para presentar una imagen de aquél que no se corresponde con la realidad. En concreto, la polémica sobre los horarios se ha convertido en el arma arrojadiza deseada, siendo así que, pese a su interés dentro del marco de cambios que se esperan, no es uno de esos objetivos predominantes de los que destacan por sí mismos sobre los demás. Al contrario, se trata de una meta subordinada y complementaria de otras más importantes y sin las cuales nada significa el horario como no sea su relativo valor testimonial y ejemplarizador cara a la ciudadanía.

El haber identificado, al menos en sus inicios, la reforma funcionarial con el cumplimiento machacón y pertinaz del horario ha tenido el grave inconveniente de que la sociedad española se ha acostumbrado a contemplar a sus funcionarios desde una óptica crítica y adversa, identificándoles como individuos incumplidores y transgresores de sus obligaciones. Si a esté tema le adicionamos, como está sucediendo en la realidad, el de las incompatibilidades, la resultante no puede ser otra que la de un gran acoso social contra los funcionarios y en el que no se hace la elemental distinción entre la gran mayoría que cumple debidamente y grupos minoritarios que, como en todos los estamentos y profesiones, actúan de modo irresponsable.

No menos inquietante es que, además de los aspectos citados, el problema de los horarios se conecte con una concepción de la reforma administrativa que no dudamos en calificar de imperfecta y alicorta. Hay en los creadores y gestores de ésta un excesivo afán de inspeccionar, sancionar, controlar, vigilar, junto a otros verbos indicativos de un espíritu exageradamente coercitivo y fiscalizador. A nuestro entender, poner demasiado énfasis, como está ocurriendo, sobre estos aspectos más impositivos que incentivadores supone tanto como desvirtuar la reforma emprendida, desviarla de su correcta trayectoria e incluso ponerla en la recta de su propio fracaso en plazo más o menos inmediato. Aparte de que la buena disposición de los funcionarios, ahora existente, podría irse disipando hasta tornarse, primero, indiferencia, y luego, hostilidad.

El horario, como las incompatibilidades, son cuestiones que no pueden afrontarse aisladamente, sino que más bien deben ser inscritas dentro del contexto general de otras medidas que entre sí se conexionan y relacionan. Por eso no deja de ser preocupante que los funcionarios en la actualidad, cuando más falta hace, apenas oigamos verbos como estimular, mejorar, incentivar y otros de similar talante optimista y prometedor. Al no apelarse, con la intensidad debida, a resaltar las vertientes más auténticas de la reforma, resulta que tanto el país como los propios funcionarios creen que estamos ante una experiencia unidireccional para meter en cintura y dar un escarmiento a millón y medio de españoles que, por lo visto, se lo tienen bien merecido. Entre tanto, con estos planteamientos defectuosos se está logrando desfigurar el verdadero rostro de la reforma administrativa, que queda mutilada en lo que concierne a sus más profundas metas para pasar a ser una lista de propuestas más o menos demagógicas y más o menos publicitarias.

Esta forma de actuar, de seguir hasta el final, no puede desembocar más que en el fracaso de la línea asumida por los hombres del PSOE que tienen en sus manos estas difíciles responsabilidades. Desgraciadamente, este país suele acometer sus grandes transformaciones políticas y administrativas cuando atraviesa una crisis económica o se resienten sus cimientos sociales, que es lo que ahora está aconteciendo. De ahí que entonces las dificultades sean mayores, y los obstáculos a superar, más fuertes y complicados. Decimos esto porque es lo único que a nuestro juicio justifica que se hable tanto de horarios e incompatibilidades en la función pública sin hablar, como sería lo lógico, de contrapartidas, y entre las cuales las económicas no son las únicas y exclusivas. Pensar a estas alturas que se puede implantar un severo régimen de horas de oficinas o un sistema estricto de incompatibilidades, apoyándose tan sólo en meras motivaciones de solidaridad o en simples llamadas a la austeridad, sin ofertar además unas mejoras elementales en el campo profesional y laboral, es un sueño que lentamente se irá desmoronando y se volverá contra los que lo patrocinaron incluso con buena fe.

Nuestro punto de vista es bien claro. Si no se apela a la colaboración de los funcionarios; si no se les brinda un proyecto reformador atractivo e ilusionante; si no se les promete un repertorio de expectativas aceptables, poco o nada se conseguirá. Durante un período de tiempo más o menos largo, mientras dure la fuerza de la inercia inicial, se cubrirán las apariencias, y los relojes y las inspecciones servirán de freno; pero poco a poco nadie será capaz de detener el proceso de deterioro que se desencadene, y al final, con toda seguridad, volveremos a las andadas. Y es que, hoy como ayer y como mañana, la disciplina y la moral de un colectivo, cualquiera que sea, no pueden sostenerse a base de medidas de corte exclusivamente impositivo, dado que junto a éstas han de colocarse otras que presenten un perfil incitativo y alentador.