El fiscal solicita prisión incondicional para los implicados en el fraude a la Seguridad Social

El fiscal de la Audiencia de Barcelona, Eduardo Peña de Benito, encargado de las diligencias que se instruyen sobre el fraude a la Seguridad Social, detectado a primeros de otoño en Barcelona, ha solicitado que se decrete la prisión incondicional para cinco personas implicadas en los hechos, por los presuntos delitos de cohecho, falsedad y estafa.La querella del ministerio fiscal va dirigida contra tres letrados del antiguo sindicato vertical que habían estado destinados en la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT) durante la época en que se efectuaron los requerimientos fraudulentos.

Los tres letrados fueron detenidos por orden judicial en la tarde del martes por la Guardia Civil, tras prestar declaración en el cuartel de San Pablo, donde habían sido citados. Los primeros interrogatorios se prolongaron hasta la 1.30. Otras doce personas han sido citadas judicialmente para prestar declaración.

En la tarde de ayer, los tres detenidos continuaban en las dependencias de la Comandancia de San Pablo de la Guardia Civil, donde acudieron diversos familiares y abogados para entrevistarse con ellos. Se espera, de un momento a otro, su traslado al Juzgado de Guardia de Barcelona. En medios judiciales se da como seguro su próximo ingreso en la Prisión Modelo.

La querella elaborada por el fiscal, Eduardo Peña, quien ha sido nombrado fiscal especial para este procedimiento, fue redactada el pasado lunes y entregada ayer a reparto, mediante un escrito compuesto de diez folios. Las diligencias se instruyen, mediante un sumario que ya ha sido abierto al efecto, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, cuyo titular es el magistrado Javier de Béjar. A la querella del fiscal han sido adjuntados varios documentos. Eduardo Peña señaló ayer que la acusación fiscal va en principio dirigida contra cinco personas, aunque se deja la puerta abierta para que el juez investigue y decida, en su caso, el procesamiento de otros posibles implicados, entre ellos las empresas a las que se extendió los documentos presuntamente falsificados.

Eduardo Peña manifestó asimismo que entregó la querella en la mañana del martes al juzgado de guardia e intentó evitar cualquier indiscreción para que el juez dispusiera del tiempo suficiente para estudiar la causa con tranquilidad y no se frustraran las decisiones que pudiera tomar el titular del juzgado que hubiera de tramitar las diligencias.

La Abogacía del Estado, que obligatoriamente debe tener conocimiento de las actuaciones, ya que la Administración es parte interesada, no tenía ayer conocimiento oficial de la querella, ni de las actuaciones judiciales. En medios próximos a la Abogacía del Estado, sin embargo, se supone que la cuantía defraudada mediante actas de requerimiento falsificadas podría ser inferior a los 1.600 millones calculados inicialmente por la Subsecretaría de la Seguridad Social.