El Consejo de Ministros enviará al Congreso la semana próxima un proyecto de despenalización limitada del aborto

El Consejo de Ministros de la próxima semana aprobará un proyecto de ley de modificación del Código Penal con el fin de despenalizar el aborto en casos muy limitados, según informó ayer el portavoz de la Moncioa, Eduardo Sotillos. El aborto será legal tan sólo cuando la vida de la madre corra peligro, existan riesgos de malformaciones en el feto o se haya producido el embarazo como consecuencia de una violación.

Aunque inicialmente la despenalización limitada del aborto debía haber sido aplazada hasta la presentación de un proyecto de nuevo código penal, que se realizará previsiblemente en junio, el Gobierno decidió, de manera inesperada, incluir el tema en la reforma urgente de algunos artículos de este código, reforma que será aprobada en el próximo Consejo, el día 1 de febrero.Esta decisión fue adoptada en consonancia con el programa electoral socialista, según recalcó Eduardo Sotillos. Medios informados comentaron a EL PAÍS que, desde algunos sectores sociales, se había detectado una oposición cerrada incluso a esta despenalización, limitada a casos extremos.

La reforma urgente del Código Penal trata de adecuar la legislación a los tiempos actuales, en espera de que los técnicos del Ministerio de Justicia den luz verde a un nuevo proyecto de Código Penal. Aunque no se especificó a cuántos artículos afectaría esta reforma urgente, se sabe que el principio general es suprimir la presunción de culpabilidad a priori; es decir, se elimina la apreciación de que toda omisión penal se reputa voluntaria.

Esta reforma urgente, que ayer se debatió por segunda vez consecutiva en el serio del consejo, supone también eliminar términos en desuso aún presentes en algunos artículos del Código Penal, como son referencias a instituciones del franquismo o a la pena de muerte, suprimida por la Constitución. También se modernizan las cuantías de las multas y se introducen expresamente nuevas figuras delictivas, como las calumnias o amenazas contra el Regente, contra el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, los gobiernos de las comunidades autónomas, etc. En esta primera fase de la reforma penal se contemplarán también delitos contra la libertad de conciencia, la salud pública o el medio ambiente.

Refuerzo de medidas de seguridad

Sin embargo, el Consejo de ayer no trató, según confirmó el portavoz, otros temas importantes aún pendientes y ya estudiados por la comisión de subsecretarios, como la Ley de Incompatibilidades (aunque el proyecto podría ser aprobado en el próximo Consejo) ni sobre la prevista remodelación de embajadores. Sotillos dijo que en la anterior reunión del Gabinete se había solicitado el placet para varios embajadores y que ayer se determinó hacer lo mismo para otros varios, pero la respuesta de los respectivos países podría demorarse aún un mes. Tampoco se habló, según el portavoz, sobre las subidas de precios ya estudiadas por la comisión delegada para Asuntos Económicos, entre ellas las del carbón térmico, gas natural y azúcar.

"El Ministerio del Interior no tiene constancia expresa de que exista un comando de ETA preparado para actuar en Madrid", dijo Sotillos cuando un periodista le preguntó acerca de los rumores que corren en este sentido y que, aparentemente, hicieron que la policía estableciese numerosos controles por la ciudad. Sin embargo, el ministro del Interior, José Barrionuevo, no negó la posible presencia en Madrid de un comando etarra, en un contacto informativo con periodistas en las Cortes, y reconoció que ha sido reforzada la vigilancia de edificios públicos y las escoltas de algunas personalidades.

El Gobierno informará en breve al Parlamento

Sotillos confirmó que el Gobierno mantiene la intención de informar en el más breve plazo posible al Congreso de los Diputados del estado de la economía heredado del anterior Gabinete de UCD. Se desconoce, por el momento, si esta comparecencia estará protagonizada por el propio Felipe González o por el ministro de Economía, Miguel Boyer, así como la fecha concreta, que podría ser incluso mañana mismo.

El Gabinete también discutió la situación planteada por la convocatoria de una huelga general en Gijón que "ha servido para mostrar la recta utilización de los derechos constitucionales", según Sotillos, quien afirmó que el Gobierno se solidariza con el sentido genérico de las reivindicaciones, aunque no se hace responsable de la situación creada.