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La Comisión Constitucional inicia hoy el debate de los cuatro estatutos de autonomía pendientes

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados debate, esta tarde, los proyectos de estatutos de autonomía de Baleares, Extremadura y Madrid. Estos estatutos y el de Castilla-León, cuyo dictamen se producirá también esta misma semana, serán los puntos fundamentales de la próxima sesión plenaria, convocada para el martes, día 25. Para el periodo ordinario de sesiones, que comienza en febrero, destaca, entre otros proyectos de ley, el de reforma de la ley de Elecciones Locales.

El mes de enero es de vacaciones, a efectos parlamentarios. La Constitución prevé que, sin embargo, puedan celebrarse sesiones extraordinarias "sobre un orden del día determinado". Así ocurrió con el pleno del pasado día 11, en el que se rechazó una enmienda a la totalidad del estatuto de Baleares, y con el del próximo día 25, que ha sido habilitado para tratar sobre los cuatro estatutos de autonomía pendientes y para la elección o ratificación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde renovar. Por el momento, no existe acuerdo en torno a este asunto, por lo que podría ser aplazado. Asimismo, el pleno citado decidirá sobre la convalidación o derogación de cuatro decretos-leyes dictados por el Gobierno.Los cuatro estatutos de autonomía, una vez rechazada la enmienda aliancista al estatuto balear, serán aprobados en principio de acuerdo con la tesis socialista de favorecer una representación proporcional. -de las provincias o islas que integren la comunidad autónoma-, en lugar de una representación paritaria, como defiende el Grupo Parlamentario Popular.

Las enmiendas parciales de este grupo, tanto al estatuto balear como a los de Extremadura y Castilla-León, serán derrotadas en la comisión y en el pleno, ya que en este punto el PSOE impondrá su mayoría parlamentaria. La Comisión Constitucional iniciará esta tarde el estudio de los informes elaborados por las ponencias designadas a finales del pasado año.

En cuanto a los trabajos parlamentarios del periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero, el tema más importante, dada su incidencia política y la proximidad de las elecciones municipales, será el debate sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley de Elecciones Locales. El plazo de presentación de enmiendas concluye el próximo día 20 de enero.

Consejo de RTVE

El Grupo Parlamentario Popular presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley y, según Europa Press, destacará a Oscar Alzaga, líder del Partido Demócrata Popular (PDP), como portavoz del grupo en este debate, tras un periodo de ostracismo parlamentario del máximo dirigente del PDP, dedicado al fortalecimiento y articulación de su partido.

Entre los asuntos pendientes destaca la elección de los doce vocales del consejo de administración de RTVE, que corresponde designar al Parlamento entre personas de relevantes méritos profesionales", por mayoría de dos tercios de cada Cámara. En principio, el grupo de Fraga desea repartir con los socialistas los doce consejeros, a razón de ocho y cuatro, mientras el PSOE prefiere la incorporación de un vocal de UCD, a deducir de los cuatro populares, y el grupo de AP-PDP estima que, en ese caso, debe ser el PSOE el que reduzca a siete sus vocales.

Entre los temas legislativos inminentes figura la reforma del Código Civil en materia de Tutela, la incorporación de Segovia a la comunidad autónoma de Castilla-León y el paquete de leyes elaborado por el Ministerio de Justicia a nivel de anteproyecto sobre reforma parcial del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre derecho de reunión, pendientes de remisión a las Cortes por el Gobierno.

Otros textos legislativos ya elaborados, sobre los que no se ha pronunciado definitivamente el Gabinete González son los de incompatibilidades para los parlamentarios, al que seguirá otro similar relativo a los altos cargos, que regulará las incompatibilidades de los directores generales, secretarios generales técnicos, subsecretarios, ministros, embajadores y presidentes de empresas públicas, entre otros. También afectará a los miembros de altas instituciones tales como el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor. del Pueblo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de enero de 1983

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