Comunitarios y portugueses estrechan el cerco a nuestra flota pesquera

IGNACIO ALONSO, La situación actual del sector pesquero la definen dos flotas amarradas -las que pescan en aguas. comunitarias y portuguesas-, una prórroga del acuerdo con Marruecos -que finaliza dentro de medio año-, un proyecto de reordenación de la pesca en aguas jurisdiccionales españolas complejo por la necesidad de que participen en su redacción final todos los entes autonómicos y ciertas tensiones financieras para las grandes empresas que faenan en aguas lejanas.

La esperanza de que el futuro sea favorable a nuestra flota la basan las autoridades en la innegable interdependencia de Portugal y España, en los derechos que España adquirirá tras el presumible ingreso en la Comunidad Económica y en la potencia real de la propia flota, una de las más importantes del mundo.

En el plano técnico, la Administración española no oculta que un arreglo a los problemas pasará por una impopular y necesaria reordenación de la flota, lo que en algún caso podría ser traumático.

En el aspecto comercial, nadie ignora -la competencia, tampoco- que España es un mercado ávido de pescado, en especial, de pescado fresco, y cerrar la espita a ese tráfico supondría un amargo trago para muchas empresas extranjeras.

La buena disposición de Marruecos

Son tres los frentes abiertos para la pesca española en la actualidad: Marruecos, Portugal y Comunidad Económica Europea (CEE). Las relaciones con Marruecos en la historia reciente pasan por las primeras páginas de los periódicos. Apresamientos, multas, ametrallamientos, rnediaciones consulares y protestas incesantes constituyen hasta ahora el sumario del libro de las pesquerías españolas en los bancos marroquís.

Los pesqueros españoles que faenan en aquellas aguas están amparados en un acuerdo que finaliza,el próximo mes de junio. Es una segunda prórroga del Acuerdo Transitorio de 1 de abril de 1981 al que sólo se modifica el canon por la pesquería, que se incrementa en función de la evolución del índice de precios,

La presente prórroga permite que faenen más de mil barcos de la península y Canarias, que incluyen alrededor de 200 congeladores, 360 arrastreros de fresco, cerqueros, sardinales y otros barcos artesanales. La pesca en aquellas aguas se cierne en torno al pulpo del banco sahariano, la merluza y crustáceos.

La intención manifestada por Marruecos y España es negociar antes de junio un acuerdo preferencial y globalizado que ponga fin a la incertidumbre de las sucesivas prórrogas.

En la negociación, que comenzará a finales del presente mes, se verán afectados varios ministerios -Economía, Transportes, Agricultura y Cultura, entre ellos- porque se prevé un acuerdo que contemple colaboraciones en investigación, construcciones portuarias, redes de frío y creaciones de mercado. El objetivo inmediato de las autoridades españolas es estabilizar la presencia en aquellas aguas en función de las posibilidades de las pesquerías.

La crispación portuguesa y el 'suspense'

Las relaciones pesqueras con Portugal atravesaron momentos tan crispados como los que ahora sufren. El resultado es una flota, la que faena en las aguas vecinas, amarrada y cierto suspense sobre una propuesta oficial de acuerdo pesquero del Gobierno portugués que no acaba de remitirse al Gobierno español.

La pesca en aguas portuguesas está, en principio, regulada por un acuerdo de 1969 que ofrece a la flota española la posibilidad de pescar en la franja de las seis a las doce millas. A principio de los años setenta, Portugal decidió la ampliación de sus aguas jurisdiccionales a doscientas millas y desde entonces se negocia la posibilidad de pescar entre las doce y las doscientas millas.

El Gobierno portugués pretende transformar el sistema instaurado por el Protocolo Adicional de 1981, que estableció un Plan de Pesca hasta la adhesión de los dos países a la CEE, y desea volver al sistema de los planes de pesca de validez anual.

En los últimos quince meses, un total de 477 barcos han estado facuitados para operar en aguas portuguesas. La composición de esta flota es casi totalmente artesanal. Salvo 49 arrastreros de altura que se dedican a la pesca de cigala y merluza, el resto de la flota lo componen pequeñas embarcaciones que se dedican a los artes de cerco, trasmallo, palangre de superficie, volanta y rastro remolcado para la presa de moluscos. Bacalao y jurel son las capturas más importantes de la zona.

Las autoridades portuguesas argumentan que existen ciertos desequilibrios en las relaciones pesqueras con España. Para el secretario general de Pesca Marítima, Miguel Oliver, España hace concesiones que podrían compensar esos pretendidos desequilibrios; concesiones como la permisión de entrada de almeja por el Sur y la pervivencia de un importante flujo comercial por el Norte.

La Administración española, en todo caso, espera conseguir una prórroga de tres meses, "que es el tiempo necesario para elaborar sin crispaciones un plan de pesca que se extienda en el tiempo hasta la incorporación de ambos países a la CEE. Nosotros estamos dispuestos a realizar adaptaciones en función de las condiciones de las pesquerías. Creemos que se necesita voluntad por ambas partes y que nos llegue la propuesta portuguesa".

La lucha con la Comunidad Económica Europea

La flota española que pesca en aguas comunitarias también está parada. Un año más sufre las consecuencias de la falta, de acuerdo entre los miembros de la CEE acerca de la ya tópica "Europa azul".

El Consejo de Ministros de la Comunidad concedió en diciembre una prórroga de dos meses para las licencias de pesca españolas en aquellas aguas, prórroga que iba a comenzar el primero de enero del presente año sin más limitación que una cierta reducción en el número de palangreros que podrán operar simultáneamente en la zona VIII (aguas francesas).

Dos meses entendieron las autoridades españolas que sería un tiempo válido para negociar el Plan de Pesca de 1983, pero unos días más tarde Irlanda hizo uso de su posibilidad de veto y la Comunidad dio marcha atrás en su prórroga para limitarla a un mes, lo cual provocó el amarre de la flota española.

El Parlamento Europeo, no obstante, urgió el pasado viernes al Consejo de Ministros Europeo y a la Comisión la reanudación de las negociaciones pesqueras con terceros países, entre ellos España. Para aquel órgano comunitario es imprescindible definir una política común de pesca con objeto de acabar con las actuales medidas provisionales que están perjudicando sobremanera a los diez países miembros y a los países candidatos a la adhesión.

En aguas de la CEE pescan alrededor de mil buques, de los cuales, 320 son arrastreros y palangreros de altura y el resto palangreros, cerqueros y cañeros de bajura y palangreros de superficie que, además de dedicarse a las pesquerías de especies como la merluza, entran en aguas comunitarias para las costeras del bonito y de la anchoa.

Las zonas de pesca comunitarias fundamentales son tres: el Gran Sol (Irlanda y Reino Unido), la franja que se extiende frente a la costa francesa y la superficie que bordea por el occidente a Irlanda. La pesca en aguas comunitarias se compone especialmente de merluza, gallo, cigala, rape, bonito, anchoa y sardina.

La CEE considera que los palangreros españoles han tenido un enorme desarrollo y es tiempo de recortar su número. En las negociaciones, además, se argumenta que la reducción de licencias es necesaria porque las pesquerías han sufrido demasiado. Las autoridades españolas, por su párte, ofrecen a la Comunidad una reglamentación del palangre y una ordenación de los buques y pesquerías que permita la holgada subsistencia de las mismas.

Las familiares aguas propias

El Gobierno tiene la intención de llevar a cabo en un breve plazo de tiempo la ordenación de los caladeros nacionales. Para ello se propone una política de reglamen-

tación de los artes de pesca que favorezca la extracción racional de los recursos y permita la recuperación y regeneración de las existencias, hoy sobreexplotadas.

Los estudios previos a la ordenación de los caladeros están en ,manos de biólogos, que esperan disponer de una información exacta en el plazo de un año y medio. La Administración, por otra parte, pretende completar el estudio, en su faceta social, con la colaboración de empresas, cofradías y sindicatos.

Las especies a conservar son la merluza, lirios, sardina, besugo, jurel, caballa y cigala. Los instrumentos para preservar los caladeros pasan por regular los artes de litoral (arrastre, palangre, volanta, cerco y cebo vivo) y las vedas (de tiempo, espacio y arte). En la actualidad, se encuentra en veda el arte de arrastre frente a las costas de Ribeira y la volanta en Asturias.

La ordenación evitaría, por otra parte, los conflictos interregionales que se produjeron el verano pasado (gallegos frente a asturianos, vizcaínos frente a catalanes o el arte de pesca del palangre frente a la volanta).

La complejidad del proyecto reside en la falta real de un censo de pescadores (por el carácter familiar de las empresas y la movilidad de la mano de obra es difícil cuantificar cuantos trabajadores hay en el sector) y medios de pesca (en la actualidad hay censados 14.000 barcos, incluidas las chalanas de marisqueo) y en la necesidad de ajustar un acuerdo por consenso con los entes autonómicos.

La ordenación del caladero nacional y una nueva legislación sobre cultivos marinos van de la mano. Actualmente, la Ley de Cultivos Marinos data de 1969 y se refiere casi en exclusiva al marisqueo. La intención del nuevo Gobierno es redactar una nueva ley para fomentar la potenciación de peces, moluscos, crustáceos e instalaciones de cultivos.

La Administración dispone de 2.558 millones de pesetas, que se destinarán a un programa de investigación de cultivos marinos. Los estudios sobre puesta inducida de peces y moluscos, tecnologías aplicadas, formación de personal y rentabilidad de las industrias estarán completamente perfilados el año 1985.

Financiar las aguas lejanas

La flota que faena en aguas lejanas es, hoy, la que menos problemas plantea a la Administración. Los acuerdos de pesca se realizan mediante negociaciones de Estado a Estado, se establece el permiso para faenar y el canon que las empresas tienen que abonar por desarrollar su actividad en aquellas aguas. El Estado español suele ofrecer, cuando el interlocutor es un país subdesarrollado, contraprestaciones en los campos de la investigación, la formación profesional o instalaciones.

Las faenas en aguas lejanas las realizan empresas sólidas, que encuentran sus mayores dificultades en la financiación de los barcos que utilizan y, con cierta frecuencia, en las adversidades con los abastecimientos, pertrechos, combustibles y envío de los productos pesqueros hacia España.

Para esta flota, que agrupa alrededor de 12.000 trabajadores, la Administración tiene previsto realizar prospecciones en nuevas pesquerías con posibilidades. Actualmente hay en marcha hay un plan de conversaciones con varios países entre los que se encuentran Colombia, Guayana, Brasil, Ecuador, El Salvador, Perú, Gabón, Seychelles y la India.