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Retirar los carnes por acumulación de multas, considerado de "dudosa viabilidad jurídica"

Expertos juristas en Derecho administrativo consultados por este periódico manifestaron ayer que parece de "dudosa viabilidad jurídica" la medida cursada por la Dirección General de Tráfico a las jefaturas provinciales para que procedan, a petición de los ayuntamientos, a la retirada temporal del carné de los conductores que hayan acumulado más de seis multas en los últimos doce meses. Esta medida, cursada por exclusiva iniciativa del actual director general de Tráfico, José Luis Martín Palacín, está siendo duramente criticada por los responsables de los ayuntamientos, especialmente los de las grandes ciudades, que están inclinándose a no seguir o suavizar esta norma.

La retirada del carné de conducir puede ser decretada por los tribunales, basándose en los artículos 340 bis y 565 del Código Penal, y por la Administración, a través del artículo 289 y otros del Código de Circulación. Pero la polémica ha surgido al dictar esta medida la Dirección General de Tráfico, al parecer sin consultar con otros organismos directamente implicados en el asunto, y bajo la tesis del artículo 289 del actual Código de Circulación, cuyo segundo párrafo ha sido calificado por un miembro del Tribunal Constitucional como "muy subjetivo".El primer párrafo del artículo 289 establece que es posible la "suspensión del permiso de conducir por tiempo no superior a tres meses" en atención a las circunstancias de peligro concurrentes en determinadas infracciones, tales como el exceso de velocidad, la conducción temeraria, los estacionamientos obstaculizadores o peligrosos, etcétera. El segundo párrafo de este artículo extiende la suspensión del carné "a los conductores en los que el número de sanciones impuestas, en ningún caso inferior a seis durante los últimos doce meses, permita estimar una habitual desobediencia a las normas de circulación".

Este segundo párrafo es el que ha utilizado José Luis Martín Palacín para cursar esta medida que, según un juez madrileño, "es objeto de una interpretación muy subjetiva, que podría tergiversarse y concluir en un claro abuso de poder que podría. conculcar los principios más elementales de legalidad y seguridad jurídica de los ciudadanos".

El Consejo General del Poder Judicial declinó ayer realizar algún tipo de declaración en relación con esta medida tomada por la Dirección General de Tráfico bajo la alegación de que los órganos competentes para decidir sobre la legalidad o no de la medida serían los tribunales o el Tribunal Constitucional. En este sentido, los afectados por esta medida pueden recurrir contra la sanción por la vía judicial o a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, órganos que tienen la última palabra sobre este asunto.

Por su parte, el presidente del Real Automóvil Club de España (RACE), Fernando Falco, y el jefe de su asesoría jurídica, Antonio Albanés, han manifestado que "es de dudosa legalidad la retirada del permiso de conducir por la Administración y también se duda de la capacidad de la Administración para imponer una pena, que es como hay que considerar la retirada del permiso de conducir". Los representantes del RACE manifestarqp que no están en contra de que sea retirado el carné, con estricto respeto a las garantías procesales.

El recientemente nombrado defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, ha recibido numerosas reclamaciones en este sentido, y manifestó ayer a este periódico Que está estudiando intensamente el asunto para tomar las medidas que considere oportunas.

Propuesta inviable y autoritaria

Por su parte, el concejal responsable de Circulación del Ayuntamiento de Madrid, Francisco Herrera, manifestó a este periódico que la propuesta de José Luis Martín Palacín es "inviable, irresponsable, unilateral y autoritaria". Asimismo, añadió que no existen medios técnicos suficientes para poner en marcha este acuerdo, y denunció la marginación que han sufrido los organismos afectados por el asunto en la decisión de la Dirección General de Tráfico. En este sentido, Francisco Herrera manifestó que los miembros de la comisión formada antes de Navidad para el asunto de las multas se han enterado del erdo por los periódicos.La postura del Ayuntamiento de Madrid sobre el tenia de las multas ha sufrido en estas dos últimas semanas una sensible variación. La medida, que en un principio parecía ir dirigida contra todos aquellos conductores que tuvieran más de seis multas en los últimos doce meses -pagadas o no, y cualquiera que fuera el motivo de su imposición-, se va a aplicar, al final, a un sector no muy grande de personas que cometan numerosas infracciones graves en un corto período de tiempo y no hayan pagado las sanciones, lo que puede suponer que la tan anunciada medida se quede tan sólo en una acción ejemplarizadora.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de enero de 1983

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