Sólo uno de cada ocho parados cobra seguro de desempleo según un estudio de CC OO
De los dos millones de parados, apenas 250.000 o 300.000 cobran seguro de desempleo. Es decir, sólo uno de cada ocho parados se encuentra protegido, según estimaciones de la central sindical Comisiones Obreras (CC OO). Los cálculos se han hecho sobre la base de descontar como beneficiarios del seguro de paro a aquellos trabajadores afectados por expedientes de regulaciones de empleo.
De acuerdo con el citado informe, los trabajadores sujetos a expedientes de regulación de empleo sumarían entre 250.000 y 300.000. Estas cifras no se incluyen en las de paro registrado, aunque sí constan como beneficiarios del seguro de paro, al pasar durante el período de regulación a cobrar las prestaciones.El estudio señala que, si en septiembre de 1982, de los dos millones de parados registrados apenas cobraban la cobertura básica medio millón de desempleados, al descontar de esta cifra los trabajadores sujetos a regulación de empleo -unos 250.000-, quedarían como beneficiarios del seguro de paro otros 250.000 desempleados. Ello supone, a juicio de CC OO, que únicamente entre un 12% y un 15% de los parados están protegidos.
En el citado informe se indica que hasta la aparición de la ley básica de Empleo (LBE), el fuerte incremento del paro ha ido acompañado de un aumento mayor de los beneficiarios del desempleo. En 1974, según datos del citado sindicato, con apenas 350.000 parados, cobraban seguro uno de cada cinco. Y en junio de 1980, cuando las cifras de paro habían superado ya el millón y medio, cobraba desempleo uno de cada dos. La aparición de la LBE supone una caída espectacular de los beneficiarios, que se sitúan en septiembre de 1982 en el medio millón, de los que hay que descontar los trabajadores sujetos a regulación de empleo.
Irregularidades en el desempleo
El coste del desempleo está, estimado por CC OO en más de 500.000 millones de pesetas, cifra que difícilmente puede ser cubierta con la aportación de las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, los autores del informe señalan que, en contra de la política del anterior de Gobierno de subrayar la importancia del fraude individual, existen unos problemas estructurales que inciden en la financiación y el gasto del desempleo. En este sentido, se señala la gestión de las prestaciones que, con una inadecuada estructura y carencia de medios de la jefatura de prestaciones, provoca errores, arbitrariedad, atrasos y lesión de derechos individuales. En este aspecto se menciona el caso de los pagos indebidos, "cuyo dato no se ha querido hacer público y que estimamos, extrapolando datos parciales, en magnitudes del orden de los 3.000 millones de pesetas".El documento calcula que, aplicando la LBE, que establece que la financiación de las prestaciones debe hacerse en un 60% por las cuotas a la Seguridad Social, los empresarios han dejado de pagar unos 60.000 millones de pesetas.
De otra parte, el informe destaca el nulo control que se lleva sobre el reintegro por las empresas de las prestaciones delegadas. Evaluaciones sobre la envergadura del drenaje de fondos vía bonificaciones, bonificaciones ilegales y fraude en las autoliquidaciones apuntan a los 100.000 millones de pesetas.
Todas estas consideraciones llevan a CC OO a plantear la necesidad de proceder a una mejora y racionalización de la gestión de las prestaciones.
Medidas urgentes
El informe propone la coordinación entre los organismos que actúan sobre el empleo, en particular el Instituto Nacional de Empleo (Inem), Inspección de Trabajo y Tesorería de la Seguridad Social. Ello, acompañado del reforzamiento del rango orgánico y estructura directiva de la gestión de desempleo y la formación del funcionariado.Al mismo tiempo, el sindicato propone una serie de medidas urgentes mientras se procede a la reforma de la actual LBE, sobre todo en lo relativo a prestaciones al parado. En este sentido se menciona la prórroga del real decreto sobre prestaciones complementarias de desempleo para los parados que agoten las prestaciones reguladas por la ley de la Seguridad Social. En total, CC OO plantea la necesidad de elaborar y publicar cerca de veinte disposiciones, entre órdenes ministeriales y reales decretos.
