El Consejo de Ministros hará hoy un balance de sus primeros treinta días de Gobierno

El Consejo de Ministros de hoy, miércoles, realizará un balance de la gestión del Gobierno durante sus treinta primeros días y estudiará la fecha de la convocatoria de las elecciones municipales, a celebrar en la segunda quincena de mayo. Alfonso Guerra afirmó ayer en Sevilla, durante la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, que la fecha más idónea, en su opinión, para las municipales es el 23 de mayo. Las cuestiones debatidas en la última reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y en la de ayer de la Comisión de Subsecretarios se estudiarán en el Consejo de Ministros del miércoles próximo. Entre los nombramientos previstos para hoy destacan los de Helga Soto, Angel Viñas y Francisco José Mayans como asesores del titular de Asuntos Exteriores, Fernando Morán.

Entre las cuestiones políticas que el Gabinete debatirá en su reunión de hoy, dentro del balance general de los primeros treinta días, están incluidos los temas de la repercusiones de la apertura de la verja de Gibraltar, la congelación de la integración española en la estructura militar de la Alianza Atlántica, las negociaciones para el ingreso de nuestro país en la Comunidad Económica Europea (CEE) y el desarrollo de la negociación colectiva, entre los empresarios y los representantes de las centrales sindicales.Los nombramientos afectarán al ministerio de Agricultura, en el cargo de un director general, y al de Asuntos Exteriores, con los ya citados del catedrático e historiador Angel Viñas, experto en las cuestiones relacionadas con los tratados bilaterales España-Estados Unidos, Helga Soto, la anterior responsable de Prensa del PSOE, y el consejero de" Prensa de la embajada española en París, Francisco Mayans.

Respecto a los temas que han quedado aparcados hasta el Consejo de Ministros de la próxima, semana, destacan, entre otros, el anteproyecto de ley orgánica por el que se regula el derecho de reunión; una propuesta de acuerdo, presentada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, para legislar el voto de los españoles en el extranjero, con el fin de facilitarles el ejercicio de este derecho; y la reestructuración del Ministerio de Sanidad y Consumo. Asimismo, figuran dos anteproyectos de ley por los que se concede un crédito extraordinario de 6.276 millones de pesetas al Ministerio del Interior, y otro de 1.470 millones para cubrir el déficit de la compañía Transmediterránea.

Finalmente, se realizarán transferencias de créditos por valor de más de mil millones de pesetas a las comunidades autónomas de Canarias, Murcia y Andalucía. Concretamente, 170 millones a la primera, 81 a la segunda y 830 millones a la tercera, para costear gastos derivados del funcionamiento de sus respectivos parlamentos autónomos.

El ministro de Justicia, por su parte, presentará al Consejo del próximo día 12, los proyectos de ley de asistencia letrada al detenido; de prisión y libertad provisionales y de reforma parcial del Código Penal, que ya han sido vistos por el Consejo General del Poder Judicial.

Asistencia letrada al detenido

En el proyecto de asistencia letrada al detenido elaborado por Justicia se dice que este es un derecho que debe respetarse en todos los casos, incluídos aquellos para los que la ley antiterorista prevé una incomunicación del detenido. El Consejo del Poder Judicial matiza este aspecto alegando, textualmente: "Se sugiere que al detenido o preso incomunicado le sea aplicado lo establecido en el nuevo artículo 520", (donde se habla de sus derechos), "excepto el derecho a poner en conocimiento de sus familiares u otras personas el hecho o lugar de la detención, la comunicación con otras personas y la entrevista con el abogado después de las diligencias en las que hubiera intervenido".

En el proyecto del Gobierno por el que se regulan los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, referentes a la prisión y libertad provisionales, se establecen unos máximos que son, en el caso de prisión menor, de seis meses. Y si se trata de prisión mayor, de un año y medio. Para casos de especial complejidad, hasta dos años. A partir de esos topes el detenido saldría en libertad provisional.

Respecto a esto, el Consejo se muestra de acuerdo en los dos primeros supuestos, pero en el último caso, en el que afecta a los procesos de especial complejidad -que sería aplicable a sumarios como el de la colza-, opina que el trámite de dos años puede resultar insuficiente y que, si el juez estima que se da esta circunstancia, debe poder alargar la prisión provisional hasta la mitad de la pena solicitada por el fiscal.

La mayoría de las sugerencias o críticas hechas por el Consejo General del Poder Judicial se refieren a este proyecto, dada su extensión y complejidad.

Otro de los puntos sobre los que se pronuncia el Consejo es sobrela "suspensión del fallo" que, según el proyecto del Gobierno, se prevé para aquellos casos en que el sujeto no tenga antecedentes y se trate de delitos de poca importancia. En estos casos, la sentencia quedaría en suspenso durante un tiempo. Si en este periodo el condenado volviera a delinquir se aplicaría, inmediatamente, la sentencia. Si, por el contrario, mantuviera buena conducta, ésta quedaría sin efecto.