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El freno en el coste del pasivo de los bancos exige pactar con el Gobierno las emisiones de deuda

Al menos tres de los siete grandes bancos españoles han puesto en marcha ya, sin esperar al posible pacto de reducir la retribución de los depósitos, una política de captación de pasivo más barata que la llevada a cabo en los últimos ejercicios. El Banco Hispano fue el primero a mediados del verano, mientras que el Santander lo ha hecho en las últimas semanas y en el Vizcaya se ha planificado ya para el ejercicio próximo. La comida de Miguel Boyer con los presidentes de los ocho mayores bancos del país fue el detonante de esta última decisión. Mientras, los consejeros delegados de estos bancos discutirán la semana próxima las posibilidades de llegar a un acuerdo persiguiendo como objetivo un compromiso del Gobierno para que éste rebaje sustancialmente los intereses de la deuda a corto y medio plazo. El estrechamiento del margen financiero experimentado en el conjunto de la banca a lo largo del ejercicio actual, lo que repercute directamente sobre el volumen de resultados obtenidos, ha llevado a los responsables de los principales bancos españoles a plantearse la necesidad de buscar fórmulas que les permitan frenar esta tendencia e incluso cambiarla de sentido. Hay tres caminos para ello; el primero consistiría en aumentar el precio del dinero que los bancos prestan, el segundo pasa por reducir de forma drástica los costes de transformación -en especial los de personal- y el tercero consiste en pagar menos por el dinero que los impositores colocan en las instituciones de crédito.En estos momentos de las tres alternativas sólo parece posible, y con ciertas limitaciones, la última de ellas. Aumentar el precio de los créditos sería justo ir en contra de los intereses bancarios, como reconoce el documento presentado por un banco corno base de discusión para el pacto entre caballeros en el que se afirma que "es patente la necesidad de moderar los precios de activo con el fin de coadyuvar al relanzamiento de la actividad empresarial que, por otra parte, está produciendo una demanda escasa y de calidad más bien deficiente como media". Para el banco proponente del acuerdo entre los grandes, defender los precios actuales del crédito de cara a la sanidad de la inversión no sólo no resuelve nada sino que posiblemente será contraproducente y esta defensa sólo se está justificando como contrapartida de unos costos de pasivo altos tanto por efecto de precio como de estructura.

La posibilidad de que se llegue a este pacto pasa necesariamente por un compromiso del Gobierno en lo que se refiere a las actuaciones del sector público en el mercado abierto que inciden crecientemente en la estructura y precio del pasivo de las entidades privadas. Según el documento a discutir "la Administración habría de establecer una separación a efectos de fijación de precios entre los instrumentos de regulación monetaria (CRM) y los de cobertura de déficit público". Los primeros tendrían unas condiciones acordes con la esencia de su función, manteniendo un acceso muy restrictivo en lo que se refiere a los posibles adquirentes, instituciones financieras, mientras que los segundos -pagarés del Tesoro y deuda a medio y largo plazo- "habrían de adaptarse a precios relacionados con el mercado de imposiciones con el que se comparan".

Según ello, la deuda a corto plazo del Tesoro debería ofrecer un tipo de interés del 12% para las emisiones a seis meses de amortización, y del 13% para las de un año. La deuda pública a medio y largo, en la que salga sin desgravación fiscal, no debería sobrepasar el 14% de retribución anual, lo que significaría proceder por parte del Estado a una reducción de dos puntos sobre lo hecho durante 1982. Hay que recordar que en este año sólo se ha puesto -en circulación una emisión a dos años sin desgravación fiscal, con un tipo de interés del 16%, lo que, provocó fuertes críticas por parte de la banca -argumentando que ese precio elevaba el coste de su pasivo- y el reconocimiento de este hecho por parte de los socialistas. Fuentes de la Administración y del Banco de España han indicado que un acuerdo de los bancos para limitar el coste del pasivo sería bueno pero que en cualquier caso es cuestión de la propia banca priva da y que la Administración no tiene porqué participar en ello. Lo cierto es que se tenderá a que el tipo de interés de cualquier modalidad de la deuda sea más barato que en 1982 y ayudará a la materialización de ese pacto explícito o implícito de los siete grandes.

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