La Generalitat espera que el Gobierno no recorte la valoración de transferencias ya pactadas

La Generalitat de Cataluña espera llegar a un acuerdo satisfactorio con el nuevo Gobierno central en el tema de la valoración de las transferencias ya realizadas de servicios estatales, que conlleve prácticamente el mantenimiento de la cantidad pactada en su día -unos 126.000 millones de pesetas-, entre el representante catalán, Ramón Trias Fargas, y el entonces ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros. Esta cifra representa el coste de todo lo traspasado hasta julio del año pasado.Esta postura es la que fundamentalmente se puso de manifiesto en medios de la institución autonómica, al pulsar este diario las reacciones suscitadas por las declaraciones públicas hechas ayer por la secretaria de Estado para las Autonomías, María Izquierdo, en el sentido de que el Ministerio de Administración Territorial está revisando cuidadosamente las valoraciones de los servicios traspasados a Cataluña.

Consideran los responsables del autogobierno catalán que la voluntad política del Gobierno socialista en esta cuestión es la de alcanzar un entendimiento, "apaciguar el conflicto", y esperan que el resultado final de las revisiones de los documentos que determinan el montante de 126.000 millones, lleve a una solución política que tan sólo suponga "un recorte de algún centenar de millones, por errores técnicos sin más trascendencia".

Las enmiendas presentadas en mayo pasado por el PSOE al proyecto de Ley de Valoraciones que finalmente no se discutió en el Congreso se basaban, en el caso de Cataluña, en la existencia de una sobrevaloración del orden de 21.000 millones de pesetas.

La decisión anunciada por María Izquierdo de repasar minuciosamente las valoraciones no ha producido reacciones en contra en la Generalitat. Los medios consultados fueron casi lacónicos: "Admitimos políticamente que se revise la cantidad que negociamos con el Gobierno de UCD, porque lo hemos hecho bien", dijeron, para remarcar lo que, desde la óptica del partido nacionalista que está en el Gobierno autonómico, es la razón fundamental del aparente contencioso: qué voluntad política anima al Gobierno del PSOE, si la de encontrar errores, "que siempre se pueden hallar en un tema tan complejo como el de las valoraciones", o la de buscar una solución "sensata y satisfactoria".

Esta reacción de guante blanco detectada ayer en la Generalitat quedó patente con la respuesta pública dada por el presidente de la parte catalana de la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat, Ramón Trias, a las palabras e intenciones de María Izquierdo. Aunque niega enérgicamente que haya habido "falta de transparencia", como afirma la se cretaria de Estado, reconoce en ésta "un positivo propósito de llegar a situaciones ecuánimes que permitan a las autonomías sobre vivir correctamente, de acuerdo con la Constitución y los Estatutos". "Me place reconocerlo así", dijo Trias a EL PAIS, "y recordar que el realismo del Gobierno haga que el PSOE sea en estas cuestiones un partido constructivo".

El negociador catalán afirma que ha existido toda la transparencia necesaria en los dos años de negociación con García Añoveros, al haberse reflejado en un sinfín de actas y manejado toda la información presupuestaria de que dispone el Ministerio de Hacienda, "habiéndose incorporado posteriormente gran parte de sus análisis", dijo, "a los acuerdos autonómicos en materia económica y financiera suscritos por UCD y PSOE".

Sobre la existencia de posibles desajustes en el cálculo de las valoraciones de los traspasos, Trias especificó que a partir del acuerdo que fija los 126.000 millones, se han producido ciertas modificaciones en algunas materias, que inciden de forma importante en los recursos financieros de que debe disponer la Generalitat de Cataluña en 1982.