El derecho a la intimidad

Desde el pasado 15 de noviembre, fecha de inscripción en el Registro Civil de Buenavista de mi segundo hijo, he venido recibiendo cartas y visitas domiciliarias que, bajo el pretexto de felicitar por tan feliz acontecimiento o realizar una encuesta de neonatología, intentaban captar ventas de enciclopedias o canalizar ahorros hacia instituciones financieras bajo la promesa de regalos.Anteriormente, y sin solicitarlos, ya había recibido, entre otros, envíos de tarjetas de crédito de grandes almacenes, catálogos de productos varios o felicitaciones del Parque de Atracciones por el cumpleaños de mi hijo mayor, invitando a celebrar allí el día; ofrecimientos todos que venían con etiquetas de dirección del mismo formato y contenido que las que traen las cartas que, periódicamente, me manda el banco (uno de los siete grandes) o la mutua de seguros de automóviles.

Todo ello, pues, viene a reforzar, si no a confirmar, mi fundada sospecha de que existe un comercio de información confidencial de direcciones, una auténtica trata de datos, entre los depositarios de los mismos y empresas que se dedican a la difusión o venta domiciliaria por correo.

En estos días de merecida y gozosa celebración de nuestra Constitución y entrada en la esperanzadora era del cambio ¿no sería hora de plantear el cumplimiento de su artículo 18, que, además de garantizar el derecho a la intimidad personal, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, prevé que una "ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos"?