El nuevo presupuesto mexicano asciende a 12,8 billones de pesetas

Una cierta liberalización del mercado cambiario, subidas de precios generalizadas y nuevos impuestos anuncia el presidente de México, Miguel de la Madrid, en el proyecto de presupuesto enviado a la Cámara de Diputados una semana después de su toma de posesión. El volumen de gastos se fija en siete billones de pesos (unos 12,8 billones de pesetas), lo que supone un aumento del 55% sobre el actual ejercicio, aunque, en términos reales, equivale a una reducción del 30%.

En consonancia con la carta de intención enviada por el anterior Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), se propone una disminución del déficit fiscal hasta el 8% del producto interior bruto (PIB), frente al 16,5% alcanzado en 1982. Se duplica así la partida destinada al pago de la deuda, que, con 2,8 billones, se convierte en la más abultada del presupuesto.Le sigue el mantenimiento de la voluminosa Administración federal, con 2,3 billones, en tanto que las empresas públicas, en su mayoría deficitarias, absorberán 1,9 billones. Como corresponde a un presupuesto, que el presidente califica de austero y realista, estos dos capítulos experimentan una importante contracción en moneda real.

Mayor interés que la relación de ingresos y gastos tiene esta vez la justificación del proyecto, que contiene las líneas maestras de toda la política económica que Miguel de la Madrid pretende llevar a cabo durante los próximos seis años. Tras el populismo financiero de López Portillo, el nuevo presidente está decidido a someter a su país a una dieta de realismo, como única vía para evitar males mayores. En su diagnóstico de la situación expone que México se encuentra ante su más grave crisis económica desde la gran depresión de los años treinta. Apunta los siguientes datos: Se ha duplicado el desempleo abierto, lo que agrava la lucha por un puesto de trabajo de los 800.000 mexicanos que cada año se incorporan al mercado laboral; la escasa producción agropecuaria obligará a importar siete millones de toneladas de alimentos en 1983, la inflación se sitúa en torno al 100%, con riesgo de aceleración; la mayoría de las empresas públicas presentan situaciones fiscales exiguas y el gasto es excesivo.

No caben más soluciones que frenar el gasto, aumentar el ingreso y administrarlo mejor. A la hora de definir los gastos se otorga prioridad a la salud, al campo y a la infraestructura de comunicaciones, en detrimento de los sectores energético y la burocaracia.

La atención preferente al campesino trata de acortar peligrosas desigualdades internas y evita la sangría de divisas que supone la importación masiva de alimentos.

Para aumentar los ingresos se pone en marcha una reforma fiscal que afectará a todos, aunque en mayor medida a los que más ganan. El aumento del IVA, que grava ya con un 10%, y su extensión a algunos productos que estaban exentos, afectará a las economías más débiles.

Fraude fiscal

Como contrapartida, Miguel de la Madrid anuncia una reducción en el impuesto sobre la renta para los contribuyentes de menores ingresos, al mismo tiempo que se fija una tarifa adicional más progresiva para el escalón social más alto. Se aumentarán las tasas poir automóviles, los gravámenes de artículos de lujo y el impuesto de sociedades.Para reducir el fraude fiscal se eliminará el anonimato en las acciones, empleado no sólo para evadir el pago de tributos, sino para introducir capitales extranjeros en sectores vedados por la ley. Esta ha sido una exigencia unánime de sindicatos y partidos de izquierda. Por fin podrá saberse a quién pertenece cada empresa.

Para administrar mejor los fondos públicos ya envió al Congreso un paquete de leyes, que incluye reformas a la Constitución y al Código Penal, y del que ya se hizo eco este periódico. Para instrumentar este plan económico de emergencia, Miguel de la Madrid ha hecho un llamamiento a un nuevo pacto social.

Junto a estas medidas de aplicación inmediata, el presidente expone tres reformas estructurales, que piensa abordar durante su mandato: la primera pretende delimitar con precisión las áreas economicas que el Estado se reserva para sí.

Reformas agraria e industrial

Una segunda reforma atañe al campo, la cenicienta del sistema mexicano, pese a que fue la punta de lanza de la revolución. El Gobierno quiere definir de una vez la tenencia de tierras, sin que su propiedad esté sometida a continuos sobresaltos. Otros objetivos son los de rentabilizar los minifundios con fórmulas de cooperación y canalizar ayudas a zonas deprimidas de alto potencial productivo.La tercera reforma pretende modificar los esquemas de industrialización. El mercado interno se erige en base a su desarrollo, pero sin recibir aranceles exorbitantes que sirvan para proteger la falta de rentabilidad. El Estado marcará las prioridades bajo criterios económicos. No habrá más ayudas a industrias deficitarias.

Bajo estas premisas, el nuevo Gobierno espera reducir la inflación a la mitad y sentar unas bases auténticas para el desarrollo. Si se cumplen sus previsiones, México tendría en 1985 un crecimiento nuevamente superior al 5%, con una deuda exterior soportable.