La devaluación de la peseta ha incrementado en 7.000 millones de pesetas las deudas de Explosivos Río Tinto

La reciente devaluación de la peseta ha generado un incremento en las deudas de Unión Explosivos Río Tinto (ERT) del orden de 7.000 millones de pesetas. Esta cifra viene a incrementar la ya abultada deuda de esta compañía, que sólo en el capítulo de acreedores bancarios, actualmente en proceso de estudio para su reestructuración, alcanzaba la cifra de 119.241 millones de pesetas. Para esta misma mañana está prevista la firma de una línea de financiación adicional a ERT por importe de 10.000 millones de pesetas, en la que participarán la totalidad de los bancos acreedores nacionales, con la excepción del Central, junto con la mayor parte de las entidades extranjeras que completan su lista de prestamistas.

De estos 10.000 millones de pesetas, destinados a hacer posible la supervivencia de ERT hasta que en el próximo mes de marzo sea presentado un plan de refinanciación, a los distintos agentes económicos interesados en su futuro, 3.000 fueron adelantados hace dos semanas para hacer posible el pago de una importación de crudo, que de otra forma hubiese sido retenido en origen.Estos 10.000 millones de pesetas aparecen divididos en dos tramos de 5.000 millones cada uno. El primero de ellos debería ser cubierto por las distintas entidades de crédito en función del volumen de sus riesgos en descuento de papel comercial a 31 de octubre de 1982, lo que prácticamente limitaba estas aportaciones a la banca nacional, ya que los banqueros extranjeros prácticamente no realizan operaciones de este tipo. El otro tramo debería ser cubierto en función de los riesgos totales (suma de descuento y préstamos puros) de cada una de las entidades acreedoras.

Esta decisión del comité de acreedores fue justificada en su día como una demostración del interés y la confianza que tenían los acreedores bancarios nacionales en el futuro de la compañía.

Sin embargo, los primeros problemas surgieron pronto. El Banco Central, entre las entidades españolas, y la Banca Worms del paquete de acreedores extranjeros, se mostraron desde un principio poco proclives a ser incluidos en la masa genérica de, acreedores, y se negaron rotundamente a facilitar más financiación a ERT. La Worms ha llegado incluso a ordenar la detención de buques de la flota de ERT tan pronto como tocaban puertos de países adheridos al tratado de La Haya. Dos retenciones de este tipo se han producido desde que ERT anunció su decisión unilateral de suspender la amortización de sus préstamos y atender sólo al pago de los intereses devengados hasta que se estableciese un programa integral de refinanciación de sus obligaciones de pago.

Los 3.000 millones que hubieron de ser facilitados a toda prisa, correspondían al primer tramo; es decir, al que debían cubrir las entidades nacionales. En aquella negociación ya quedaron bastante claras las cuatro posturas en las que a lo largo de la negociación han acabado cristalizando los planteamientos de las distintas entidades.

El primer lugar aparecen los bancos aparentemente más interesados en conseguir que todo el proceso negociador llegue a buen término. Entre este grupo de entidades podría destacarse al Aresbank y al Urquijo.

Un segundo grupo sería el constituido por los bancos que no quieren iii oir hablar de los problemas de ERT. Ni aceptar en principio eI aplazamiento unilateral del pago de las deudas, ni aportar ninguna ayuda adicional a través de nuevas líneas de descuento. Las dos entidades más caracterizadas de las que mantienen esta postura posiblemente son los citados Central y Worms.

A continuación se ha extendido una tercera postura, en la que se integran Banesto, Vizcaya y Herrero, que básicamente consiste en aportar la ayuda adicional que actualmente se les demanda, aceptar la moratoria en la amortización de las deudas de ERT, pero no firmar el compromiso genérico de refinanciación. Esta postura podría intentar preservar a las entidades que la mantienen del riesgo de tener que realizar nuevas aportaciones adicionales a las actualmente prevístas.

Por último aparece la postura conciliadora y de aceptación de los acuerdos que se están negociando en la comisión de acreedores.

Un cambio en las garantías

Pero los problemas que han venido dilatando la firma del acuerdo de financiación han tenido más causas, y sobre todo de más peso que la propia falta de entendimiento entre las entidades acreedoras. Los 3.000 millones primeros, ya aportados, contaban como garantía con 1.259 millones de pesetas materializadas en unas letras de cambio con que contaba ERT de los compradores de los pisos de la urbanización que está promocionando en los alrededores de Madrid, y que se conoce como Ciudad 2.000. La propia empresa prometió aportar garantías adicionales hasta cubrir por completo los 15.000 millones de pesetas iniciales, y que corresponden al llamado tramo A.Una vez facilitados los 3.000 millones de pesetas iniciales, ERT, o mejor dicho sus representantes ante la comisión de acreedores, la firma norteamericana de asesoramiento empresarial Lemhan Brothers, replanteó la cuestión de las garantías y manifestó la decisión de desplazarlas hacia el tramo B de las nuevas aportaciones.

Esta posibilidad puso en tensión a los acreedores españoles con mayor participación en las líneas de descuento de papel comercial, que veían como sus nuevas aportaciones quedaban sin ningún tipo de cobertura. Tras una serie de reuniones bastante tensas que culminaron el pasado martes, los acreedores nacionales consiguieron de ERT un compromiso por el que se afectan los futuros pagos de Campsa por pago de crudos a la cobertura de este primer tramo de nueva financiación.

En cuanto al tramo B se ofrecieron los 1.259 millones de letras más 2.000 millones de pesetas adicionales en garantías hipotecarias.