La Xunta de Galicia reclama mayor rigor en el proceso de transferencias

La conclusión del proceso de traspaso de competencias desde la Administración central a la comunidad autónoma gallega sufrirá un retraso no evaluado aún respecto a la fecha del 1 de enero de 1983, fijada en su reunión inicial por la comisión mixta de transferencias, según estiman responsables de la Xunta de Galicia, que han decidido mantener, pese a ello, el actual calendario como base para la negociación con el nuevo Gobierno."Esperamos", aseguró a EL PAÍS el consejero de la Presidencia, José Luis Barreiro, "que los contactos con el Gobierno socialista se desarrollen con mayor rigor del que ha informado hasta ahora las gestiones para el traspaso de competencias. En la anterior tanda de negociaciones hubo que lamentar dificultades de procedimiento, que esperamos sean subsanadas en lo sucesivo. Estamos convencidos de que puede producirse una importante mejora".

Aunque oficialmente el Gobierno autónomo gallego, que controla Alianza Popular, no ha comentado en ningún momento el proceso de negociación con la anterior Administración centrista, varios consejeros expresaron en distintas ocasiones sus quejas ante una actitud, muchas veces próximas al regateo por parte de sus interlocutores del Gobierno central. De hecho, la publicación de los decretos de transferencias negociados dentro de una primera fase, que tenía como fecha de referencia el 1 de julio de 1982, se ha venido retrasando, en algunos casos, hasta este mismo mes de diciembre, lo que ha servido de aval a la Xunta para argumentar su imposibilidad legal de actuar sobre determinados problemas.

Acumulación de experiencia

Pese a todo, la Xunta considera satisfactorio el nivel de competencias alcanzado al cabo de diez de meses de gestión. "En realidad", explica el consejero de la Presidencia, "las transferencias están prácticamente ultimadas en áreas tan importantes como Educación, Cultura o Trabajo, y puede decirse que, en términos generales, el volumen de competencias recibido es superior al que consiguieran, al cabo del mismo período, las comunidades autónomas catalana y vasca". "Esto no significa, naturalmente", matiza José Luis Barreiro, "que nosotros seamos más listos ni más diligentes que los gobiernos del País Vasco y Cataluña. Ocurre tan sólo que se ha ido acumulando una cierta experiencia durante la negociación que ellos desarrollaron, de modo que determinados aspectos se resuelven de forma automática en nuestro caso".Los responsables de la Xunta, que aseguran no haber mantenido, por el momento, ningún contacto con miembros de la nueva Administración central, deberán negociar en la segunda fase del proceso de traspasos las últimas competencias estatutarias en materia de sanidad, seguridad social, obras públicas, agricultura, pesca, justicia y hacienda.

Una eventual utilización de la Xunta como valor político de cambio en las relaciones entre Gobierno y oposición es descartada por el consejero de la Presidencia. "Si no la utilizamos como tal cuando más falta nos hacía", dice Barreiro, "no hay razones para creer que vayamos a hacerlo ahora".