El Gobierno estudia la subida de la gasolina

07 dic 1982 - 00:00CET

Miguel Boyer, ministro de Economía, Hacienda y Comercio, reunió a las 22.30 horas de ayer a la Junta Superior de Precios, que ha de emitir el informe preceptivo sobre la subida de carburantes. La subida será previsiblemente aprobada hoy en el primer Consejo de Ministros que convoca el presidente del Gobierno, Felipe González.Las estimaciones realizadas por la delegación del Gobierno en Campsa, antes de la devaluación anunciada el pasado sábado, preveían una subida en torno al 16%, si se quería terminar el año 1983 con unos ingresos fiscales similares, en términos reales, a los previstos en los Presupuestos del Estado para 1982. Esto colocaría el precio de la gasolina súper en torno a las 82 pesetas por litro, frente a las 71 pesetas actuales.

Fuentes del sector han señalado que "todo está preparado", en el aspecto técnico, para que se proceda a la subida. Los números, de hecho, fueron preparados por el anterior Gobierno y recibieron la autorización correspondiente de la Junta Superior de Precios.

Según las fuentes consultadas, la razón última que dificultó la autorización del incremento de las tarifas de los carburantes fue la divergencia que entre el Gabinete saliente y el equipo socialista encargado de la transmisión de las tareas gubernamentales.

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El Gobierno de Calvo Sotelo aplazó la subida de los carburantes

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El Gobierno centrista se negó, al parecer, a autorizar la subida en los porcentajes precisos que requería la fuerte pérdida de ingresos por fiscalidad y renta que ha supuesto para Hacienda el mantenimiento artificial del precio de los carburantes durante más de año y medio.

Consideraciones de tipo político y la necesidad de contener el aumento final del Indice de Precios al Consumo (IPC), correspondiente al año en curso, fueron, al parecer, los argumentos esgrimidos por los defensores del mantenimiento del precio antiguo, pese a que la caída de la peseta con relación al dólar (moneda de pago de los crudos) aconsejaba lo contrario. La consecuencia de esta negativa, segunda en el año, ha sido una pérdida en los ingresos por fiscalidad que ronda los 70.000 millones de pesetas, sólo en lo referente a 1982. A estos habría que añadir otros 20.000 millones heredados del año anterior.

Ante esta eventualidad, el Gobierno tiene dos opciones, según opinan los autores de los estudios previos. La primera sería repercutir el máximo posible de la fiscalidad en el nuevo precio y la segunda, escalonar el impacto a lo largo de los próximos años. La segunda opción, sin embargo, parece descarta a priori ya que, según las, fuentes citadas, el equipo de transición ya se opuso a esta alternativa cuando el Gobierno anterior lo consideró una vez celebradas las elecciones generales.

Todo indica, a este respecto, que el nuevo Gabinete se decidirá, dentro de la política de precios reales para la energía enunciada por el presidente González en su discurso de investidura, por una fuerte subida, que fije el nivel de precios en unas cotas realistas. Asimismo es previsible que las gasolinas suban menos, en porcentajes, que los gasóleos y productos pesados, dentro de esa misma política de adecuar costos nominales a reales.

Aparte de los carburantes, el nuevo Gobierno tiene ante sí los dossiers de varias subidas que, una vez estudiadas por la Junta Superior de Precios, esperan el dictamen final del Consejo de Ministros. Es poco probable que el Gobierno estudie de forma inmediata estas subidas, con excepción quizá de la del gas butano. En medios económicos se hacen cálculos sobre el impacto que las retrasadas subidas tendrán en el IPC.