"Defenderemos una Prensa pública de las comunidades autónomas"

"El aplazamiento de la venta, cuya convocatoria legal en principio sigue en pie, nos dará oportunidad de negociar con el nuevo Gobierno una salida airosa", afirma José Manuel Ponte, coruñés de 39 años, abogado, redactor jefe de La Nueva España, de Oviedo, y presidente del comité intercentros que representa a los trabajadores de los veintisiete periódicos de la cadena Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE).Ponte parece extremar la cautela verbal, como el boxeador que no quiere ensañarse con el enemigo tendido sobre la lona.

Sostiene que "los trabajadores somos los primeros interesados en que estos periódicos no sigan como están, y lo venimos reclamando desde hace siete años; pero las cosas no se pueden hacer de la forma brutal, y a lo que se ve ilícita, que quiso emplear el moribundo Gobierno de UCD".

"El PSOE ha ofrecido públicamente tres opciones", explica el portavoz de los trabajadores: "formación de sociedades anónimas laborales capitalizadas con fondos del sector público, adquisición de los medios por parte de las comunidades autónomas u otros entes públicos y, finalmente, si ninguna de la anteriores posibilidades llegara a materializarse, venta en subasta. Nosotros deseamos combinar las dos primeras alternativas, llegar a una Prensa pública de las comunidades autónomas con participación y responsabilidad de los trabajadores y un estatuto de redacción similar, por lo menos, al que disfrutan los periodistas de Le Monde".

Para Ponte, antes de que el nuevo Gobierno adopte cualquier decisión hay que aguardar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la demanda interpuesta por más de medio centenar de senadores socialistas, a la que quieren añadir sus alegaciones como coadyuvantes los propios trabajadores de la cadena MCSE, los sindicatos CC OO, UGT y USO y el PCE. "Esperamos esa decisión en una semana. Hay dos cuestiones decisivas por resolver. Si la ley de privatización de los periódicos debe ser orgánica, por afectar al ejercicio de derechos fundamentales, como establece la Constitución, y si está justificada la prohibición que UCD impuso a las comunidades autónomas y entes públicos en general para impedirles licitar en la subasta".

"La existencia de una Prensa pública de las comunidades autónomas es plenamente constitucional", asegura el portavoz de los trabajadores. "Está contemplada en los estatutos de Cataluña y Euskadi, que tienen rango de ley orgánica, y por extensión es posible en todas las demás. Esto es un hecho y hay que aceptarlo. En muchos casos, las comunidades podrían participar ,en el capital de sociedades anónimas laborales, junto a los propios trabajadores del periódico; en otros, el medio puede ser de titularidad específicamente pública, porque a una provincia o a una comunidad autónoma le interesa mantener un periódico, en ocasiones el único de su ámbito. Puede haber variantes".

Sobre las razones legales de la suspensión de la subasta, José Manuel Ponte cree que "el factor decisivo ha sido un requerimiento de la Magistratura de Trabajo de Castellón, que ordenaba la paralización de la venta de Mediterráneo a causa de la reclamación de la plantilla sobre una parte de su patrimonio y como esa reivindicación es común, la decisión judicial valía para todos los casos; la subasta podría haber supuesto una estafa colosal, al enajenar el Estado bienes que en parte pudieran no pertenecerle; el Gobierno decidió pasar la patata caliente al Consejo de Estado y buscar en su dictamen una cobertura legal que le permitiera volver sobre su decisión anterior".

"Nuestra fórmula ha servido también para garantizar y tutelar los derechos de los propietarios históricos de bienes incautados", añade Ponte. "El Estado debe indemnizar a esos propietarios. El hecho de que la transición no implicara ruptura formal hace al Gobierno actual heredero de la legislación anterior, y por ello podría pensarse que legalmente los plazos de reclamación legal han prescrito, pero existen evidentes razones éticas y políticas para apoyar el resarcimiento a quienes fueron expoliados por la dictadura".

En cuanto a las intenciones inmediatas de los trabajadores, Ponte asegura que "vamos a denunciar con pelos y señales toda la corrupción que subsiste en la cadena, y mantendremos todas las acciones legales, algunas por la vía penal, que hemos emprendido para depurar responsabilidades; y por último, creemos que la nueva Administración estará dispuesta a incluir en la negociación del nuevo convenio colectivo un estatuto de las redacciones, que venimos reivindicando hace años".