Funcionarios de prisiones

El 21 de noviembre, el ministro de Justicia en funciones, Pío Cabanillas, envió una carta a esta sección a la que debo puntualizar lo siguiente:1. La citada carta da a entender que ha sido el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, el que se ha preocupado por el aumento del valor de la hora extraordinaria de los funcionarios penitenciarios, cuando realmente ha sido todo lo contrario: una petición realizada por los propios funcionarios, negociada con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y conquistada tras realizar unos encierros que aún recordará la opinión pública.

2. Aún no se ha dado ninguna explicación del retraso en la aprobación por parte de la Junta de Retribuciones de Justicia de dicha propuesta, que se demoró casi tres meses desde el acuerdo alcanzado entre los funcionarios y la Dirección General, lo que no se puede considerar precisamente como preocupación por el tema.

3. El acuerdo de la Junta Central de Retribuciones no comprende el período 1 de enero-31 de marzo, como se indica, a pesar que dicho trimestre también se había acordado que fuese retribuido; por tanto, el número de horas se reduce en un 25%, quedando una cantidad aproximada de 125 millones de pesetas.

Estas consíderaciones creo que son absolutamente necesarias para el total conocimiento del tema; por tanto, a cada uno, lo que le corresponde: para los funcionarios, el soliclitarlo y conseguirlo tras muchos esfuerzos, y para la Dirección General, el tramitarlo (reconocíendo la labor realizada

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en la Junta Central de Retribuciones por el entonces director general, señor Galavís).

No quiero acabar sin agradecer a EL PAÍS su preocupación en exigir del Gobierno una mayor atención a las instituciones penitenciarias. / Secretario general de la Unión Sindical de Instituciones Penitenciarias.