Episodios sangrientos

LA ESCISION del terrorismo en distintas ramas criminalmente competitivas -ETA Militar, ETA VIII Asamblea, Comandos Autónomos- es la manifestación organizativa de la crisis política que sacude al abertzalismo violento desde hace varios años.Tras el asesinato del general Lago, el secuestro de Saturnino Orbegozo y el ametrallamiento en Rentería -donde el PSOE ganó las elecciones del 28 de octubre- de tres trabajadores, de los que uno ha fallecido, son las páginas más recientes escritas a sangre y fuego por el terrorismo etarra. Las sospechas sobre la autoría del secuestro del industrial guipuzcoano recaen sobre los octavos, escisión de la autodisuelta ETA Político-militar, y también, aunque con menos fuerza, sobre los Comandos Autónomos. Los poli-milis se hicieron tristemente célebres por su enloquecida casuística para distinguir entre los asesinatos que eran "ejecuciones", realizados por ellos mismos, y los simples crímenes, atribuidos a sus sanguinarios competidores. La diferencia valorativa también se extiende a la contraposición entre las extorsiones mafiosas, negocio montado por los milis, y los secuestros, especialidad preferida por los octavos, como muestran los casos de Suñer, Abreu e Iglesias. La retórica autoexculpatoria de estos orates no tiene mejor crítica que la reproducción literal de sus textos. Según uno de sus recientes escritos, la clave de la situación política del País Vasco es "el principio mediante el cual decir que la práctica es más fuerte que la teoría no es sino constatación de la esencia de ese rasgo específico que, lejos de ingeniosidades paradójicas o de contradicciones flagrantes, se inscribe perfectamente en la lógica de la teoría marxista bajo la forma de sobredeterminación dialéctica ejercida por las condiciones especiales en que se mueve la dinámica revolucionaria vasca". El secuestro de Saturnino Orbegozo enseñaría, de confirmarse la autoría de los octavos, que esa mazorral literatura no es sino la tapadera para justificar la perpetración de un crimen orientado a conseguir fondos, destinados a su vez a financiar un nuevo secuestro que sirva luego para preparar el siguiente, y así hasta el infinito. Esa característica combinación de necedad ampulosa en las palabras y de delincuencia mafiosa en las conductas obliga necesariamente a incluir a los octavos como destacados sospechosos, pese a sus ambiguos desmentidos, de esta nueva operación criminal, planeada probablemente para conseguir el dinero que los terroristas necesitan para seguir viviendo en la marginalidad social.

Las elucubraciones ideológicas de ETA VIII Asamblea parecerían una broma si no fuera por el siniestro papel que desempeñan como justificadoras de la delincuencia. Pero el comunicado con que ETA Militar ha tratado de "explicar" el atentado de Rentería, y cuya reproducción por Egin ha dado lugar a un secuestro judicial, es simplemente un monumento a la infamia. Siguiendo la vieja costumbre de escupir sobre la tumba de las víctimas, el abyecto documento acumula los argumentos para justificar ante el "pueblo trabajador vasco" que el asesinato de Carlos Patiño era una cuestión de puro trámite. Cualquier persona con un mínimo discernimiento moral tiene que sentirse sobrecogida al comprobar cómo estos anónimos mamporreros de la muerte, incapaces de reconocerse en la imagen de criminales despiadados que les devuelve el espejo al que se asoman, pueden escribir que "es ridículo y demencial el hecho de aplicar el calificativo de trabajadores a unos elementos mercenarios que actúan sobre el pueblo trabajador vasco", para añadir a continuación, tal vez adivinando la inanidad de sus palabras, que "hoy la imagen del confidente desempleado, con dinero llegado no se sabe de dónde y conocido por todos, ha casi desaparecido, siendo sustituidos por el elemento amparado en un entorno de actividad o por el grupo organizado que observa una disciplina y unos métodos de información profesionalizados".

Para ETA Militar todos son, todos somos, culpables, en Rentería o en cualquier otro lugar del País Vasco y de España: tanto el niño de diez años Alberto Muñagorri, culpable de dar un puntapié a una bomba-trampa, como Carlos Patiño, Esteban Fariñas y Francisco Rosco, culpables de ir a trabajar montados en un Seat 127 "amparados en un entorno de actividad", o el policía nacional rematado a sangre fría en un camino forestal, culpable de no haber fallecido tras los primeros impactos. Los medios de comunicación también son ominosamente acusados por el documento de utilizar "tretas y maniobras" al calificar el ametrallamiento del pasado jueves como "equivocación o trágico error". Los matarifes de ETA, a la vez legisladores, jueces y verdugos, están, de añadidura, absueltos de antemano por la historia en función de la "credibilidad adquirida a lo largo de muchos años de justa y honrada lucha en pro de los derechos y libertades de Euskadi". La degradación política, la corrupción moral y el delirio razonante forman un círculo cerrado que se extiende, por lo demás, a las argumentaciones de los ideólogos de Herri Batasuna encaminadas a desautorizar el veredicto de las urnas el pasado 28 de octubre.

Y sin embargo hay que proseguir la estrategia de lucha contra el terrorismo iniciada con el restablecimiento del régimen democrático y el Estatuto de Guernica. La puesta en funcionamiento de las instituciones vascas de autogobierno, la plena incorporación de los nacionalistas del PNV y Euskadiko Ezkerra a la legalidad constitucional, la elevada participación ciudadana del 28 de octubre, el estancamiento electoral de Herri Batasuna y la autodisolución de ETA VII Asamblea son algunos rasgos sobresalientes, pese a que la desolación y la muerte sigan asolando el País Vasco y al resto de España, de ese proceso largo y doloroso, pero sin alternativa posible. La vía oscuramente insinuada -y posteriormente rectificada- por Luis Olarra de sustituir la legalidad constitucional por la guerra sucia sería, a la vez, un crimen y un error. La salida de tono de este locuaz empresario, de haber sido luego confirmada, hubiera podido ser interpretada como el primer desafío del sector duro de la organización empresarial vasca al Gobierno socialista y a las instituciones democráticas. La pacificación del País Vasco exige que las fuerzas sociales, incluidas las centrales patronales, rechacen actitudes inútilmente provocadoras que sólo servirían para abonar el terreno de los crímenes de ETA y que contrastan con las inteligentes posiciones, no por pacíficas menos enérgicas, adoptadas por empresarios como Juan Alcorta, que fue el primero en denunciar públicamente las extorsiones mafiosas, sin caer por ello en la simétrica equivocación de pedir procedimientos también mafiosos para erradicar el terrorismo.