Libertades públicas y orden público

EL FUTURO Gobierno de Felipe González abre la doble expectativa de una vigorización de las libertades públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos, por un lado, y de una adecuada réplica a las amenazas violentas contra el orden institucional, por otro. En teoría, ambas metas son complementarias, puesto que sólo el fortalecimiento de la vida democrática privará definitivamente de viabilidad política al terrorismo y al golpismo y sólo la desarticulación de las tramas conspirativas de uno y otro signo permitirá el pleno desarrollo de las potencialidades del régimen pluralista.Es evidente que los derechos fundamentales y las libertades públicas necesitan la protección de los aparatos estatales, tanto gubernativos como judiciales, frente a los enemigos del régimen democrático. Sin embargo, la tendencia a la autonomía incontrolada de los servicios de seguridad, las inercias irrefrenadas del pasado que se manifiestan en hábitos de prepotencia institucionales y el nucleamiento de algunas estructuras públicas por grupos desestabilizadores obligan, en paralelo, a plantear el viejo problema de saber quién vigila a los vigilantes. En esa dialéctica entre la necesidad de amparo de las libertades por los poderes públicos y la posibilidad de que esa protección termine por desnaturalizar su caracter y axfisiar al objeto de su custodia descansa el dificil equilibrio de todos los sistemas pluralistas.

La utilización propagandística que los ideólogos de la violencia hacen de los sufrimientos producidos por la espiral "acción-represión-pretexto para una nueva acción", la suerte de los presos o los malos tratos a los detenidos es algo mas que la transformación en categoría política de oscuras pulsiones sadomasoquistas. Aun rechazando la técnica maniquea de blanquear un mal con otro, hay que recordar la triste obviedad de que los terroristas conculcan los derechos humanos de sus víctimas con una ferocidad y una frialdad que no guarda paralelo con ninguna otra manifestación de fuerza abusiva. Mientras la Monarquía parlamentaria ha abolido la pena capital y reconoce el derecho constitucional de todos "a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes", los terroristas, que asumen por su cuenta el triple papel de legisladores, jueces y verdugos, continúan matando a personas inocentes y sometiendo a refinadas torturas psíquicas y físicas a las víctimas de sus secuestros -como ahora el industrial Orbegozo- y de sus extorsiones. Frente a la criminal ofensiva de los terroristas, el futuro Gobierno socialista posee la legitimidad democrática y el apoyo social necesarios para hacer guardar la legalidad constitucional a estos sanguinarios desestabilizadores. El respaldo de todas las fuerzas democráticas, la corresponsabilización de las instituciones de autogobierno del País Vasco y la colaboración del gobierno francés deben potenciar la eficacia de los servicios policiales para poner fin a esa pesadilla.

Ahora bien, el caracter sagrado de los derechos humanos es una cuestión de principio que no admite excepciones ni tolera cegueras o sorderas temporales con el argumento de que las víctimas han sido antes verdugos. El garantismo constituye el núcleo esencial del legado de la izquierda democrática y una de sus señas de identidad frente a los regírnenes policiales de la Europa del Este y a la insensibilidad adormecida de los conservadores que prefieren la injusticia al desorden. De añadidura, las bandas terroristas, para conservar sus bases sociales, reabren continuamente las heridas de represiones pasadas e instrumentalizan las infracciones de la legalidad constitucional cometidas por los propios aparatos del Estado. Mientras haya detenidos que sufran "tratos inhumanos o degradantes" en los centros de interrogatorio, los terroristas conservarán la posibilidad de transformar hipócritamente en pretextos para su violencia esas violaciones, intrínsecamente condenables, de la dignidad de las personas. El desarrollo de los mandatos constitucionales del habeas corpus y la asistencia letrada al detenido, que figura en el programa electoral socialista, podría significar en la práctica la revisión de ese preocupante espacio de sombra que la legislación excepcional ha creado al permitir la completa incomunicación durante nueve días de los sospechosos. La designación de Defensor del Pueblo también puede contribuir a cerrar cualquier resquicio para el incumplimiento por el Estado de las garantías constitucionales. En cualquier caso, quienes administran, por mandato de la soberanía popular, el monopolio legal de la fuerza son los primeros obligados a guardar esas de libertades y derechos reconocidos en el Titulo I de la Constitución que tienen que hacer guardar luego al resto de los ciudadanos.

Señalemos, finalmente, que la articulación entre el desarrollo de las libertades de los españoles y el funcionamiento de las instituciones encargadas de asegurar el orden público puede producir roces no sólo en los casos límite del terrorismo y el golpismo sino también en otros campos de la participación ciudadana. El insólito espectáculo que brindó en su día el entonces teniente de alcalde Barrionuevo al ordenar que la policía municipal madrileña cargase contra una manifestación de feministas puede servir de ilustración sobre las tentaciones inherentes al ejercicio del poder. Los socialistas se comprometieron en su campaña a desarrollar los mandatos constitucionales referentes a los derechos de petición individual y colectiva y a promulgar una nueva normativa para regular los derechos de reunión y manifestación. También el derecho de huelga necesita una normativa ajustada al régimen democrático y al ordenamiento constitucional. La libertad de expresión consiste en la capacidad para informar y opinar al margen de los deseos del poder y en la renuncia del Gobierno a monopolizar los medios de comunicación estatales. La participación democrática implica movilización política y ésta, a su vez, puede suscitar el recelo y la desconfianza de quienes sean proclives a criticar las arrogancias del poder únicamente cuando no lo ostentan. El gobierno socialista no debe olvidar que los rótulos no bastan para calificar a las conductas, que el poder tiende a reproducirse con independencia de quienes sean sus titulares y que el compromiso de proteger los derechos fundamentales de los españoles tiene la doble cara de erradicar las amenazas del terrorismo y del golpismo y de garantizar el ejercicio de las libertades públicas.