El nuevo Gobierno y el discurso de la Corona

La urgente iniciación de las consultas reales previas a la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno remarca la voluntad de la Corona de acortar al máximo el periodo de interinidad política en el que nos encontramos. Ese alto ejemplo no ha sido suficientemente acompañado por quienes más obligados deberían estar en abreviar la transición hacia el cambio. Por lo demás, el empecinamiento socialista en situar la investidura de Felipe González después de la apertura solemne de la legislatura impide que el mensaje de don Juan Carlos a las Cortes corone naturalmente el proceso de transmisión de poderes y apunta hacia un modelo de monarquía parlamentaria en el que el contacto del rey con los representantes de la soberanía popular se reduce a la mera salutación.Gregorio Peces-Barba va a ser sin duda sensible a la celeridad impresa por el Monarca a los trámites previos y convocará para fecha próxima -probablemente para el día 30- la sesión de investidura. Lo que, en cambio, ya no podrá hacer Peces-Barba es favorecer que el mensaje de la Corona culmine la etapa de transición iniciada por los españoles el 28 de octubre, al elegir con abrumadora holgura una mayoría parlamentaria de signo socialista. Con ello se habrá perdido una oportunidad de impulsar la institucionalización del mensaje del Rey al Parlamento, en línea con la mejor tradición de las monarquías democráticas, en las que el discurso del Monarca traza, en términos generales, la orientación política de la nueva etapa legislativa, en lógica coincidencia con el programa gubernamental.

Nada impide en nuestro sistema constitucional que la Corona española se oriente hacia ese modelo. Sin embargo el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Leopoldo Torres, actuando como portavoz de la Mesa de la Cámara, marcó ayer, en respuesta a la Prensa, las distancias del discurso de la Corona en el Reino Unido con el de nuestro país, en donde se trata, dijo, de "un discurso institucional, no sometido al partido ganador de las elecciones".

En todo caso, sea cual fuere el alcance político que se quiera dar al discurso del Rey a las Cortes Generales, un elemental sentido del orden político exigía que, tras el pronunciamiento del pueblo, la constitución de las Cámaras, la consulta del Rey a los grupos políticos y la designación del candidato a la Presidencia del Gobierno, se procediera con la mayor rapidez posible a su investidura parlamentaria, y sólo después de estos pasos previos el Rey se dirigiera a los representantes populares para abrir solemnemente la nueva legislatura.

Si el motivo de la inversión de los trámites cronológicos fuera la dificultad para formar Gobierno, existiría al menos una explicación. Pero desde el día siguiente a las elecciones el líder. socialista ha asegurado que no tenía problemas de este tipo. En las últimas jornadas, Felipe González afirmó que tenía designado el 95% de su Gabinete. ¿Por qué, entonces, no acelerar al máximo la investidura, en lugar de anticipar la apertura solemne de las Cámaras?

Felipe González justifica la decisión adoptada en el "respeto constitucional". Pero este argumento no parece apoyarse en ningún precepto de la Constitución, en la que para hada se habla de la solemne apertura de la legislatura. Además, ya en 1979, la investidura de Adolfo Suárez, la primera realizada con arreglo a la Constitución, precedió a la apertura solemne de las Cortes. La única referencia a esta sesión figura en el artículo 5 del nuevo Reglamento del Congreso. Pero es la sesión constitutiva, convocada por real decreto, la que inicia la andadura parlamentaria.

Por lo demás, la Constitución es diáfana cuando dice en su artículo 99 que "después de cada renovación del Congreso de los Diputados ( ... ) el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno". Para que se produzca este primer paso hacia la investidura basta con que exista una Cámara baja renovada y unos líderes políticos parlamentarios aptos para ser consultados.

Lo anómalo es que en medio de estos trámites se haya colocado la apertura solemne de la legislatura, que necesariamente va a realizarse con un Gobierno en funciones en el banco azul, los grupos políticos a medio consultar y la investidura en el horizonte de más adelante. Que esté UCD o el PSOE en el Gobierno efectivo de la Nación cuando el Rey se dirija a las Cortes no es cuestión baladí y, desde luego, no puede despacharse, como ha hecho el líder socialista, afirmando que "el Rey está por encima de eso".

El Rey está donde constitucionalmente tiene que estar, pero no por encima ni por debajo de nada y, sobre todo, no al margen del entramado constitucional ni de la realidad política. Y un elemental sentido de la realidad parece exigir que una presencia institucional del Rey en el Parlamento para abrir solemnemente la legislatura se acompañe por la consumación de las principales novedades de la legislatura a inaugurar, es decir, la nueva mayoría parlamentaria y el nuevo Gobierno, debidamente designado, en posesión de sus responsabilidades y sentado, con su presidente al frente, en el lugar que le corresponde.

No se trata de meros formalismos, por otra parte importantes en una democracia. Se trata de la necesidad de no desaprovechar la oportunidad de institucionalizar el discurso de la Corona a las Cortes Generales, el acto de máximo alcance político para una Monarquía parlamentaria como la que diseña nuestra Constitución. Si cada vez que se produzca la renovación política del Parlamento el Rey conecta, a través de su mensaje a los representantes de la soberanía popular, con la opción elegida por el pueblo, se habrá avanzado un paso de gigante en la consagración de la alternancia en el poder, esencial a toda democracia, y en el arraigo de la Corona al sistema constitucional al que se debe.

Porque en la enunciación de las líneas políticas generales de la legislatura que se abre el Rey no puede ser autónomo. El artículo 97 de la Constitución deja bien claro que es al Gobierno al que corresponde dirigir "la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado", entre otras funciones y competencias. Con un nuevo Gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades, el mensaje real podría tener un norte y una orientación ciertos. Con el Gabinete Calvo-Sotelo sentado en el banco azul, ¿qué margen para la enunciación política concreta queda al mensaje de la Corona?