Las nuevas Cortes

LA SESION constitutiva de las Cortes Generales, celebrada el pasado jueves, abrió formalmente la segunda legislatura ordinaria -la tercera legislatura democrática si se incluye en el cómputo a las Cortes Constituyentes elegidas en 1977- y pone en funcionamiento los mecanismos de la normalidad de nuestra vida pública. Tras la reunión solemne en que el Rey se dirigirá a diputados y senadores, el debate de investidura y la designación del nuevo presidente del Gobierno pondrán fin a un período de interinidad que se ha extendido demasiado.Tras su amago de retirada de la vida pública, el regreso de Gregorio Peces-Barba a la actividad política ha tenido la recompensa de su designación, casi por unanimidad, como Presidente del Congreso, "entras que José Federico de Carvajal, también militante socialista" ha sido elegido, esta vez con la significativa abstención de Alianza Popular, para la presidencia del Senado. La Mesa de ambas Cámaras reflejan, a la vez, la desahogada mayoría de los socialistas en las Cortes Generales, la fuerte presencia de Alianza Popular como principal partido de la oposición y el propósito de reconocer a los otros tres grupos parlamentarios homogéneos -UCD, CiU y PNV- el derecho a participar en el carácter representativo y decisorio de esos órganos colegiados. Abandonada por los comunistas, tras la pérdida del escaño valenciano, cualquier esperanza de conseguir una rectificación del Reglamento que les permitiera constituirse en grupo autónomo, y dejada en suspenso la pretensión de los socialistas vascos y catalanes de disponer de voz propia en el hemiciclo y en las comisiones, queda perfilada en el Congreso una distribución de fuerzas que permitirá agilizar los debates en los plenos. De confirmarse la casi segura negativa de los dos representantes electos de Herri Batasuna a prestar acatamiento a la Constitución, el grupo mixto quedará integrado por cuatro diputados del PCE, dos del CDS (uno de ellos Adolfo Suárez), uno de Euskadiko Ezkerra y otro de Esquerra Republicana. Solo el paso del tiempo permitirá saber si las filas de este grupo residual serán engrosadas en el futuro con los desertores de otros partidos.

La novedad principal del Congreso anteayer constituído es la existencia, por vez primera desde el restablecimiento de la democracia, de un grupo parlamentario ampliamente mayoritario -le sobran 36 diputados para la mayoría absoluta- que no necesitará de negociaciones y pactos para nombrar Presidente del Gobierno, aprobar las leyes ordinarias y orgánicas, derrotar mociones de censura y ganar mociones de confianza. Tan sólo las votaciones que requieran un quorum superior a la mayoría absoluta -por ejemplo, para designar al Defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los vocales del Consejo de Administración de RTVE- exigirán de los socialistas la búsqueda del apoyo de otros grupos. Nadie podrá negar legitimidad democrática a los 202 diputados del PSOE, respaldados por casi diez millones de votantes, para aprobar cualquier tipo de leyes, sin más limitaciones que el marco de la Constitución y el control ejercido por el Tribunal Constitucional cuando sea requerido a ello por los correspondientes recursos. Las reticencias de sectores simpatizantes con Alianza Popular a propósito de la falta de mayoría absoluta de¡ PSOE en relación con el censo o los sufragios emitidos es tanto, más sorprendente cuanto que Manuel Fraga siempre ha sido partidario de un sistema electoral mayoritario que acabara con la representación proporcional y permitiera al partido ganador multiplicar sus escaños respecto a los votos recibidos. Sin embargo, es probable que los socialistas, que tan enérgicamente protestaron en legislaturas pasadas contra las mayorías mecánicas o aritméticas que les dejaban en minoría en las votaciones de leyes orgánicas, apliquen criterios de autocontrol y de prudencia cuando se enfrenten con la oposición unánime de la Cámara o tengan que legislar sobre cuestiones de Estado. La anunciada decisión del PSOE de ceder algunas presidencias de comisiones a representantes de otros grupos indica la sensibilidad parlamentaria y la madurez política de los ganadores de las elecciones.

Queda la cuestión de la estabilidad interna de los grupos recién constituidos. No es probable que la nueva legislatura depare espectáculos tan insólitos como el desmoronamiento del centrismo, las fugas masivas de diputados hacia otros partidos o el desmesurado crecimiento del grupo mixto. La anunciada decisión de Fraga de poner precio a las eventuales deserciones de congresistas elegidos bajo las siglas de la coalición AP-PDP expresa tal vez el temor de este alguacil de la anterior legislatura a ser parlamentariamente alguacilado durante los próximos cuatro años. Los dirigentes centristas podrían quizá reclamarle, con efectos retroactivos, esa cuota de diez millones de pesetas por cada uno de los diputados de UCD que buscaron cobijo antaño en Alianza Popular. Por lo demás la medida carecería, a nuestro juicio, de fuerza legal vinculante. Dado que la Constitución establece con todas sus letras que "los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo", resulta difícil pensar que algún tribunal de la jurisdicción civil pudiera condenar al diputado tránsfuga, a pagar un precio de rescate por asfiarse en el Grupo Mixto.