Damnificados por las riadas denuncian a Calvo Sotelo y a Rosón

Cincuenta personas afectadas por las inundaciones ocasionadas por la rotura de la presa de Tous han presentado una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia de Sueca (Valencia) contra el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo; el ministro del Interior, Juan José Rosón, y el gobernador civil de Valencia, José María Fernández del Río, como presuntos responsables de los daños causados.

Según manifestó a este periódico una fuente del juzgado de Sueca, la denuncia será devuelta a los firmantes, ya que deberán tramitarla ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser cargos públicos los demandados.Por otra parte, otro grupo de damnificados de la comarca de la Ribera Baja, encabezado por el diputado provincial socialista Gregorio Naval, ha anunciado su intención de presentar una denuncia similar ante el juzgado de Alcira, donde ayer informaron que no tenían noticias al respecto, si bien es previsible que, de ser presentada, corra la misma suerte que la anterior.

Este tipo de actuaciones judiciales emprendidas por particulares persiguen el mismo fin que las iniciadas por la Diputación Provincial de Valencia: determinar las responsabilidades de la Administración por la rotura del pantano de Tous y el mantenimiento de barreras artificiales, como vías férreas, carreteras y autopista, que probablemente agravaron la situación. Igualmente, podría haber responsabilidad en no haber dado orden de evacuación la tarde del día 20 en Carcagente y Alcira o en haber negado públicamente, como hicieron la noche del 20 y la madrugada del 21 los representantes del Gobierno, que la presa se había roto.

A la iniciativa de la Diputación se sumó el Ayuntamiento de Alcira, en función de un acuerdo unánime en este sentido.

Por otra parte, los ministros de Obras Públicas y Urbanismo y de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Luis García Ferrero visitaron ayer la ciudad de Fraga, una de las poblaciones aragonesas más perjudicadas por las pasadas inundaciones. Acompañados de varios miembros de sus respectivos departamentos ministeriales, realizaron un rápido recorrido por algunas de las instalaciones dañadas, informa Antonio Ángulo. La última y definitiva valoración de zona catastrófica abarca a 69 poblaciones altoaragonesas.