Indicios de irregularidades en los contratos y expedientes de obras del Estado

Se han detectado diversos indicios de que las irregularidades en los contratos y expedientes de obras del Estado ha crecido en los últimos meses, coincidiendo con el fuerte aumento de la licitación pública. El fenómeno ha sido advertido en fuentes del PSOE, entre cuyos responsables se ha comentado la intención de investigar los proyectos adjudicados durante el último año y volver a dar prioridad a los concursos-subasta, frente a otras modalidades.

El PSOE ha tenido noticias, procedentes de medios de la Administración, en el sentido de que las irregularidades han crecido de forma preocupante por una doble vía. En primer lugar, la influencia de las empresas en algunos funcionarios y cargos, mediante la entrega de dinero o regalos, para conseguir acelerar expedientes. De otra parte, la influencia económica y política para conseguir la adjudicación de determinados contratos, en estos casos de gran dimensión.Ambas maneras habrían sido alentadas, durante el presente plan trienal de inversiones públicas, por el incremento de la licitación pública, que en los nueve primeros meses del año ha ascendido a 286.285 millones de pesetas, con aumento del 46,5% sobre igual período del año pasado, según datos de SEOPAN. La mayor parte de estas licitaciones procede del Ministerio de Obras Públicas, criticado por la oposición durante los últimos años por no agotar sus presupuestos, y que ahora se encamina por primera vez a cubrirlos todos. A 30 de septiembre, según fuentes oficiales, las obligaciones contraídas por el MOPU suponían el 93% de sus 250.000 millones de presupuesto, los créditos adjudicados el 80% (el año pasado llevaba el 78%), y el dinero pagado el 50% (en 1981 llevaba el 52%.).

Los indicios sobre la existencia y pujanza del primer mecanismo han sido confirmados por medios del sector de la construcción. Según éstos, algunas empresas que se ven empujadas a realizar desembolsos extras o que creen haber sufrido retrasos en el cobro de deudas, han sentido últimamente la necesidad de protestar, aunque al final han terminado por reprimir sus deseos. Como el cobro de las deudas públicas realizado a partir de las certificaciones de obra requiere pasar por distintos trámites administrativos, se ha extendido en el sector la convicción de que es necesario hacer regalos o entregar dinero para acelerar el asunto. Al parecer, en diversas empresas, el presupuesto ha llegado a ser importante, pues tal práctica también se registra en la banca oficial.

Concursos y favoritismo

La alarma de determinados empresarios afectados se reflejó recientemente en indicaciones para que el fenómeno fuera denunciado en un editorial del semanario El Monitor de Obras Públicas, que edita la Agrupación Nacional de Constructores de Obras Públicas. Fuentes próximas a dicha publicación han confirmado que sus órganos debatieron la posibilidad de dicho editorial, pero que la decisión fue aplazarlo al menos, para que su coincidencia con las elecciones legislativas no provocara malentendidos. Hasta el momento, sólo ha aparecido en el último número de la revista un comentario sobre el anuncio de que la Administración socialista contará con un organismo para tramitar las quejas de los administrados. "Y entendemos, igualmente", dice El Monitor, "que al señor Guerra (le citan como autor del anuncio) no se le escapa la ingente labor que va a recaer de golpe sobre el organismo o sistema en cuestión. Los pagos que: no se efectúan o que se retrasan injustificadamente..."

Sin embargo, se desconoce, y se considera improbable, que algún empresario haya presentado denuncia administrativa o judicial por sentirse empujado a tales prácticas.

En cuanto a la posible irregularidad en la adjudicación de obras, especialistas del PSOE han indicado que el Gobierno todavía en funciones ha puesto en lugar secundario, especialmente en los últimos Consejos de Ministros, la contratación por concurso-subasta, en favor de la adjudicación directa o el concurso. Esta práctica puede prestarse más que ninguna otra, según medios administrativos, a favoritismos y plena corrupción.

Otras fuentes socialistas han sugerido la posibilidad de que el concurso haya sido utilizado muy recientemente para favorecer a empresas relacionadas con entidades o personas que financiaron la campaña electoral de UCD. Como se sabe, las principales empresas constructuras dependen de los grandes grupos bancarios, y la banca ya ha recibido en los últimos años faciliidades para deducir, de su base fiscal del Impuesto de Sociedades, los créditos morosos.

Seguimiento de datos

Resultaron ayer inútiles los intentos por conocer las estadísticas oficiales más recientes sobre la importancia de las distintas modalidades de contritación y las empresas que han conseguido los principales proyectos. El subsecretario del principal organismo inversor del Estado, el Ministerio de Obras Públicas, Juan Antonio Guitar, remitió al Gabinete de Prensa, cuyo responsable estaba de viaje. Otra media docena de jefes de sección y altos cargos no facilitaron dato alguno. Varios de ellos dijeron que el mejor seguimiento de datos, los cuales deben aparecer en el Boletín Oficial del Estado, lo lleva SEOPAN (Servicio de Empresas de Obras Públicas de Ambito Nacional). Otros remitieron a servicios cuyos responsables dijeron que sólo se facilitan anualmente a la Secretaría General Técnica. Asi mismo, la última memoria del MOPU, donde se destacan lujosamente las grandes inversiones del plan trienal, no incluye tal estadística.

Un repaso al BOE de los últimos días confirma que han salido a concurso, obviando la fórmula de concurso-subasta, numerosas obras por más de cien millones de pesetas, pero se carece de datos para compararlas con otros períodos y puede haber licitaciones aprobadas y que esperan publicación. Las licitaciones por concurso corresponden tanto al MOPU (concurso restringido de 9 de septiembre por 1.721 millones de pesetas para construir el embalse de San Clemente en el río Guardal, Granada, y otros aprovechamientos; concurso de 16 de octubre para el subtramo Bezaña-Oruña de la autopista Bilbao- Santander), a Sanidad y Consumo (concurso de 27 de octubre para construir por 449 millones de pesetas el Centro de Parapléjicos de la Seguridad Social en Oliana, Toledo), o al Ministerio de Agricultura (concurso de 29 de septiembre por 276 millones para las obras regables de La Molineta). También hay algunos superiores a cien millones convocados por ayuntamientos y entes autonómicos.

Asimismo, existe constancia de que, entre las últimas aperturas de pliegos de licitación, hay concursos para obras con presupuestos próximos a los quinientos millones, aunque varias de ellas corresponden a ampliaciones de aeropuertos a cargo del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (698 millones el de Valencia y 438 millones el de Menorca).

Pero donde se centran las mayores sospechas de irregularidades es en el MOPU. Fuentes de este ministerio han afirmado que la mayor afluencia de concursos radica en el sector de la vivienda, aunque acaban de promoverse otros cinco para presas hidráulicas y varios más de grandes obras de infraestructura. Medios gubernamentales de alto nivel han declarado que los mencionados indicios sobre decisiones del Consejo de Ministros carecen de fundamento. Añadieron que los controles intemo y extemo del gasto impiden la corrupción.